El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró a The New York Times que su administración está examinando si las autoridades de la ciudad tienen facultades para arrestar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una posible visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para septiembre.
Zohran Mamdani analiza si se puede arrestar a Netanyahu en su visita a la ONU
El alcalde neoyorquino afirmó que considera al primer ministro israelí “un criminal de guerra” acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) y señaló que, en su opinión, debería enfrentar un juicio en la Corte Internacional de La Haya
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Mamdani afirmó que considera a Netanyahu “un criminal de guerra” acusado por la Corte Penal Internacional ( CPI) y señaló que, en su opinión, el primer ministro israelí debería enfrentar un juicio en La Haya, donde se encuentran tribunales internacionales.
Sin embargo, el alcalde reconoció que existen dudas sobre su autoridad legal para ordenar una detención de este tipo. Por ello, indicó que mantiene conversaciones activas con el Departamento de Policía de Nueva York para determinar qué acciones podrían tomar las autoridades locales.
Mamdani aseguró que su administración actuará dentro del marco de la ley y aclaró que no buscará modificar las normas de la ciudad para permitir un eventual arresto del líder israelí.
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¿Puede el alcalde de Nueva York arrestar a Netanyahu?
La posibilidad de una detención enfrenta importantes obstáculos legales. Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma, el tratado internacional que estableció la Corte Penal Internacional, por lo que Washington no reconoce la autoridad de ese tribunal sobre ciudadanos o funcionarios de países que no aceptan su jurisdicción.
Además, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha señalado que el alcalde no cuenta con la autorización para emitir una orden de arresto contra Netanyahu.
El caso refleja las tensiones entre las decisiones de gobiernos locales, la política internacional y los límites legales que tienen las autoridades estadounidenses frente a solicitudes de tribunales internacionales.