Asesor del presidente electo de Colombia fue investigado por pagos del cartel de Cali

A mediados de noviembre de 1995 una comisión de la fiscalía general de Colombia interrogó en Charlotte, Carolina del Norte, al extesorero de la organización del narcotráfico más poderosa del mundo en ese momento: el Cartel de Cali.

El contador, Guillermo Pallomari González, quien se había salvado de ser asesinado por los cabecillas de la organización criminal entregándose a la DEA, venía cooperando con autoridades de Estados Unidos.

Uno de los fiscales colombianos que dirigía la indagatoria le pidió al extesorero identificar a numerosos beneficiarios de cheques, extractos bancarios y documentos contables que habían sido incautados en allanamientos a las oficinas del cartel en la ciudad de Cali, al occidente del país.

Según una transcripción del testimonio bajo juramento en poder de N+Univision Investiga, Pallomari mencionó a Carlos Alonso Lucio como uno de los beneficiarios de los pagos.

Lucio era entonces un activo congresista del desmovilizado grupo guerrillero M-19.

Hoy es uno de los principales asesores del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, responsable del equipo de empalme con el presidente saliente Gustavo Petro.

De la Espriella enfatizó en la plataforma electoral de su Movimiento Firmes por la Patria el compromiso de combatir el narcotráfico y la corrupción.

“Soy capaz de montar un bloque de búsqueda contra los corruptos y aplicar un proceso exprés de extinción de dominio a funcionarios, familiares y testaferros”, escribió en su cuenta de X.

Avanzada la declaración en Carolina del Norte, y en presencia de una abogada del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el fiscal colombiano le preguntó a Pallomari si se ratificaba bajo la gravedad del juramento en las declaraciones que comprometían a 21 personas de haber recibido dineros de Miguel Rodríguez Orejuela, el jefe del Cartel de Cali.

“Sí, me ratifico”, respondió el contador. “Esos dineros salieron de la cuenta Export Café y fueron asentados en la contabilidad que se llevaba para esa cuenta corriente la cual la manejaba Miguel Rodríguez”.

Además de Lucio, entre los 21 implicados se encontraban congresistas y altos funcionarios del gobierno colombiano. Por su fuero especial, los congresistas fueron procesados por la Corte Suprema de Justicia.

Pallomari, quien se convertiría en el informante más importante del gobierno de Estados Unidos para el encausamiento de los principales cabecillas del Cartel de Cali, dijo en la indagatoria que no recordaba los montos totales de dinero recibidos por los beneficiarios, pero aclaró que todos se reunieron con Rodríguez Orejuela.

N+Univision localizó a uno de los fiscales que realizó el interrogatorio y que pidió no ser identificado por razones de seguridad. El fiscal explicó que en el caso de Lucio no se le dio trámite a la corte porque creía recordar que no fue posible verificar el pago.

Sin embargo, en el documento de la indagatoria, el fiscal afirma que tenía en su poder fotocopias de los cheques, uno de los cuales Pallomari reconoció como el pago a Lucio.

Ante esta discrepancia, el fiscal respondió a N+Univision:

“Lamento mucho que en este momento no pueda despejar todas sus dudas, hasta las que le puedan surgir sobre nuestra actuación en el asunto”.

En una entrevista con la revista Semana en 2011, Lucio reconoció que había sido investigado por la Corte Suprema de Justicia, pero en relación con otro caso que involucraba un cheque de uno de los cabecillas del cartel y cuyos detalles presentamos en este reportaje.

El excongresista explicó que la Corte Suprema de Justicia lo investigó por enriquecimiento ilícito durante 10 años, pero se abstuvo de abrir una pesquisa formal.

El periodista que lo interpelaba le aclaró que esa no fue una decisión que lo eximió de cargos, sino que fue resultado de la prescripción de la acción penal. Lucio no lo objetó.

Meses después de la declaración de Pallomari, el congresista informó a los medios que la Embajada de Estados Unidos le había revocado su visa para ingresar a este país.

Lucio no respondió dos cuestionarios enviados por N+Univision Investiga ni llamadas a su teléfono personal. Tampoco lo hizo De la Espriella.

En julio de 1997, en declaraciones a la agencia de noticias AP, Lucio demeritó los primeros señalamientos que hizo Pallomari de los pagos de los líderes del narcotráfico a la clase política colombiana durante un juicio a miembros de una célula del Cartel de Cali en Miami.

El testimonio de Pallomari, “importa muy poco en Colombia”, dijo, y agregó que no era un testigo creíble, sino un criminal tratando de ganar beneficios del sistema judicial de Estados Unidos.

En diciembre de 1998, Pallomari, cuya esposa fue asesinada por órdenes del Cartel de Cali cuando el contador trataba de escapar de Colombia, fue condenado a siete años de prisión en Estados Unidos por crimen organizado y lavado de dinero.

El señalamiento de Pallomari es solo un capítulo de un turbulento historial del excongresista y exguerrillero Carlos Alonso Lucio que hoy actúa como la fuerza moralizadora del entrante gobierno de Abelardo de la Espriella. En ese papel, Lucio ha acusado públicamente al actual presidente Gustavo Petro, excompañero de armas en el M-19, de supuestos vínculos con el narcotráfico.

La importancia de Lucio en el círculo más cercano a De la Espriella va más allá del proceso de empalme.

“Lucio fue el arquitecto intelectual del programa de gobierno que llevó a De la Espriella hasta la Casa de Nariño (palacio de Gobierno)”, escribió recientemente el periodista Armando Neira en la revista Cambio de Colombia. Todo esto, agregó, como “resultado de una amistad de casi un cuarto de siglo, alimentada por largas conversaciones sobre política, historia y filosofía”.

De la Espriella nombró ministra de Educación a Viviane Morales, esposa de Lucio.

La conexión cubana

Tres años después del testimonio del contador del cartel, el nombre de Lucio llegó a los recintos del Congreso de Estados Unidos. En una sesión pública de la Cámara de Representantes, Jorge Masetti, un exagente de los servicios de inteligencia de Cuba, declaró que Lucio estuvo explorando negocios de narcotráfico en la isla.

Su testimonio el 3 de enero de 2000 quedó registrado en los anales del Congreso.

Masetti había roto con el régimen de Fidel Castro. Alrededor de 1988, según su declaración, Lucio propuso al gobierno de La Habana que Cuba hiciera una compra falsa de pintura para justificar las importaciones de éter que necesitaba una empresa de una pariente del congresista para el procesamiento de cocaína.

Tiempo después Masetti se reunió de nuevo con Lucio, pero esta vez en Colombia, según contó en la misma audiencia sobre “Cuba y el narcotráfico” convocada por la Comisión de Reformas del Gobierno de la Cámara de Representantes.

“Me preguntó [Lucio] que si conocía alguna organización latinoamericana que estuviera dispuesta a suministrar pilotos para que él transportara pasta de cocaína”, declaró Masetti.

Hijo de un guerrillero argentino desaparecido, Masetti se casó con Ileana de la Guardia, la hija de Tony De la Guardia, el coronel cubano ejecutado por fusilamiento en 1989 por el régimen de Castro. De la Guardia fue condenado por haber conspirado para el tráfico de drogas.

Hace dos semanas, Masetti confirmó a este periodista el testimonio que rindió ante el Congreso estadounidense.

“Al principio teníamos una buena relación con Lucio, pero al poco tiempo lo sentía como un tanto oportunista”, explicó Masetti al recordar sus encuentros con el combatiente cuando este era el representante del M-19 en Cuba en la década de los ochenta.

El movimiento guerrillero estaba aún en la clandestinidad. Empezó a desmovilizarse en 1990.

Antes de proponer el negocio de las importaciones de pintura, según Masetti, Lucio le había consultado si podría tener una autorización del gobierno para pasar droga a través de Cuba.

“Yo le dije que yo estaba casi seguro que no, y luego lo que planteó fue si se podían presentar falsas facturas de pintura para justificar la importación de éter, que era para fabricar la cocaína”, dijo Masetti. Él trataba de mostrarse como si estuviera buscando dinero para el Eme” (M-19), agregó.

Según el exagente, Lucio ni el M-19 desmintieron su testimonio ni interpusieron acciones judiciales.

Encuentro en Cali

Lucio era un político conocido de los máximos líderes del Cartel de Cali, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, según una fuente enterada de la relación. El congresista, que nació en Cali, vivió en una casa en la misma zona de la mansión de Miguel en esa ciudad. Cuando los hermanos cayeron presos en Colombia, los visitaba en la prisión, según reportajes de la época.

Alrededor de marzo de 1995, ocho meses antes de la declaración de Pallomari, Lucio había sostenido una polémica reunión con los cabecillas del Cartel de Cali que entonces estaban prófugos.

Las versiones de lo que ocurrió en ese encuentro son disímiles.

En su momento, Lucio sostuvo que había sido parte de una gira de congresistas para escuchar las opiniones de diferentes actores violentos en Colombia -guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes— de cara a una reforma legal al sistema de sometimiento a la justicia.

Jorge Salcedo, un célebre informante del gobierno federal de Estados Unidos, sostiene que en esa versión faltó un detalle: el generoso gesto de uno de los jefes del cartel con el visitante.

Salcedo afirma que fue testigo de cómo Lucio recibió un cheque millonario de José “Chepe” Santa Cruz, uno de los capos del cartel para promover en el Congreso una legislación favorable a la organización criminal.

La versión del presunto pago la reveló por primera vez en 2011 el periodista estadounidense William C. Rempel en una biografía de Salcedo publicada en inglés y español y titulada En la boca del lobo: la historia jamás contada del hombre que hizo caer al Cartel de Cali.

Al año siguiente de publicado el libro, Salcedo ofreció detalles del encuentro al equipo de investigación de Univision durante una entrevista en cámara .

El exinformante colombiano recordó que estuvo presente en un paraje a las afueras de Cali donde Santacruz Londoño le entregó a Lucio un cheque de 50 millones de pesos, (unos 50,000 dólares), y le dijo en tono jocoso: “Lucio, esto no es solo para usted, tiene que compartirlo con los demás”.

Hace tres semanas, desde un lugar en Estados Unidos, Salcedo ratificó esa versión y expresó su desconcierto ante la relevancia política que ha cobrado Lucio luego de que De la Espriella lo designara como coordinador de la transición presidencial.

“Para mí, Lucio no es de fiar y se le metió a De la Espriella”, dijo Salcedo a N+Univision Investiga.

Lucio dijo a Univision en 2012 que la versión del pago del cheque de Salcedo era falsa y “solo sirve para el guion de una película”, pero no ha disputado en cortes ni rectificado la declaración de Salcedo.

“En cuanto al cheque de Santacruz, soy consciente de que no todo el mundo me va a creer, pero ese cheque no existió”, le dijo Lucio a Semana en 2011.

El excongresista dijo que había sido investigado junto con Ingrid Betancourt, también representante a la Cámara.

“No bajo mi presencia”

De acuerdo con Salcedo, en la visita a los cabecillas del cartel, Lucio iba acompañado por la también representante a la Cámara Ingrid Betancourt, entonces su pareja sentimental, y un tercer parlamentario cuyo nombre no recuerda, pero que integraba lo que en la época se conocía como el equipo legislativo de Los Tres Mosqueteros.

Betancourt, quien era parte de ese grupo, reconoció que la reunión con los narcotraficantes se realizó y contó con la autorización del Congreso, pero puso en duda la versión de la entrega del cheque.

“Eso no sucedió. No bajo mi presencia definitivamente”, dijo Betancourt a N+Univision Investiga este mes en un mensaje verbal enviado por WhatsApp. “Eso hubiera sido un problema muy, muy grave. Y además yo lo hubiera denunciado”, agregó.

En su entrevista con Semana, Lucio afirmó que Betancourt también había sido vinculada a la investigación de la Corte Suprema de Justicia.

La excandidata presidencial, quien estuvo secuestrada durante seis años por las FARC, explicó que el tercer asistente a la reunión fue Giovanny Lamboglia Mazzilli, que no era integrante de Los Tres Mosqueteros. Lamboglia murió en febrero de 1998.

De acuerdo con cables de la época, el 15 de marzo de 1995 los representantes a la Cámara informaron a los medios del encuentro con los cabecillas del cartel, aunque no precisaron en qué fecha se realizó ni las circunstancias.

Un cable del 16 de marzo parafraseó a los parlamentarios diciendo que “se reunieron con los mafiosos para escuchar sus opiniones sobre una propuesta legislativa que se proponen presentar para reformar la política de sometimiento a la justicia de los narcotraficantes”.

Ese sometimiento era considerado entonces por los narcotraficantes como una opción para evitar la extradición a Estados Unidos.

Según el diario El Tiempo y Semana a finales del año anterior, Los Mosqueteros se habían reunido no solo con narcotraficantes, sino con paramilitares y guerrilleros, lo cual desató críticas de quienes sospechaban que los narcos estaban usando a los congresistas como mensajeros.

El contexto en el que se realizaron estas reuniones no era el más conveniente.

A mediados de 1994, el entonces candidato presidencial del partido conservador, Andrés Pastrana, había revelado unas grabaciones que indicaban que su contrincante, el candidato liberal Ernesto Samper, había recibido dinero del Cartel de Cali para su campaña presidencial. Luego el propio Pallomari daría detalles de cómo se tramitaron esos pagos.

Tras asumir la presidencia en agosto, Samper debió afrontar una avalancha de cuestionamientos judiciales y periodísticos por el ingreso de unos seis millones de dólares a su campaña, cortesía de la organización de Cali. Samper ha sostenido desde entonces que no estaba al tanto del ingreso de esos dineros.

En los debates del Congreso, Betancourt se destacó por sus enconadas críticas a Samper y en 1996 publicó un libro en el que aseguraba que el presidente estaba enterado del ingreso de los pagos de Cali. Sí sabía: viaje a través del expediente de Ernesto Samper, se tituló el libro .

En una carta enviada a Univision en 2012 a propósito de las declaraciones del exjefe de seguridad del cartel, la excongresista escribió que “a cualquiera le hubiera parecido suicidario (sic) recibir un cheque del Cartel de Cali cuando el escándalo de los casetes sobre la campaña de Samper, eran (sic) públicos”.

En su reciente respuesta, el pasado 20 de julio Betancourt sostuvo que no conocía el libro del reportero Rempel con las declaraciones originales de Salcedo.

Lucio vs. EEUU

Después de la reunión de Los Mosqueteros en Cali, Lucio tomó un camino diferente al de Betancourt: se convirtió en uno de los más ardientes defensores de Samper, abanderó la lucha contra la extradición de colombianos y lideró los ataques contra la injerencia de Estados Unidos en Colombia.

Cuando Lucio informó que Estados Unidos le había revocado su visa, algunos medios colombianos interpretaron la medida como una reacción de Washington a su respaldo incondicional a Samper. El expresidente, quien fue absuelto por el Congreso de Colombia, también perdió su visa estadounidense.

Al final del debate del Congreso sobre el ingreso de los fondos del cartel a la campaña de Samper, un triunfante Lucio propuso la legalización del comercio de las drogas.

“El único negocio en el que la gente entra pobre y se vuelve rica en forma extraordinaria es el del narcotráfico”, dijo el congresista según un reportaje de Tim Johnson corresponsal en Colombia de The Miami Herald.

Cintas explosivas

Otro incidente protagonizado por Lucio en esa misma época enfureció al gobierno de Bill Clinton: el cuatro de octubre de 1995, el representante reveló en el Congreso de Colombia conversaciones telefónicas privadas entre el agregado de la DEA en la embajada estadounidense en Bogotá Tony Seneca, un asistente suyo y una funcionaria del Departamento de Justicia.

Los funcionarios discutían cómo lograr una mayor autonomía en la intervención de la DEA en el seguimiento y captura de narcos en Colombia, país al que se referían en términos peyorativos. También criticaban al entonces embajador estadounidense Myles Frechette.

“Esos idiotas (los colombianos) se sienten marionetas cuando gastamos nuestra plata ayudando a estos imbéciles. Es la puta situación”, se escucha decir a Seneca en la grabación.

Las conversaciones demostraban, según Lucio, que la DEA estaba conspirando contra el gobierno de Samper.

“Pienso que sentimos una mezcla de indignación y de dolor”, concluyó Lucio al final de la sesión del Congreso. “Quisiera saber si las compañías petroleras americanas cuando vienen a pedirnos que los metamos en los pozos petroleros nos hablan así… es la doble moral de los Estados Unidos”, agregó.

Lucio se refirió a los comentarios de los agentes de la DEA como “basura despreciable”, según la transcripción de la audiencia congresional.

En una entrevista en 2015 de este periodista con Frechette para un libro biográfico del polémico exembajador, este relató que antes de revelar los casetes Lucio se había tomado el trabajo de viajar a Cartagena de Indias y repartirlos entre embajadores de varias partes del mundo que estaban reunidos en el balneario del Caribe colombiano. Uno de ellos se lo entregó a Frechette que no había asistido a la cumbre. Frechette falleció en 2017.

El escándalo de las grabaciones desató una crisis en la embajada estadounidense. Frechette, que estaba molesto con Seneca por algunos de los comentarios que escuchó en la conversación interceptada, dijo en su entrevista que le dio un plazo de tres días al agregado de la DEA para que regresara a Estados Unidos. Lo consideraba una persona non grata en la sede diplomática, señaló.

Lucio no parecía intimidado por la fuerte intromisión de Estados Unidos en la crisis de Samper.

Meses después anunció que tenía preparada una legislación para nacionalizar empresas estadounidenses en Colombia si Washington imponía sanciones económicas al país por su mal desempeño en la guerra contra las drogas.

En junio de 1997 el congresista se refirió a Frechette como el Enemigo Número Uno de Colombia.

“Él detesta a Colombia”, dijo.

Lucio acompañó solidariamente a Samper durante los meses de incertidumbre que siguieron a su absolución, marcados por los crecientes rumores de que el presidente sería extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

En Washington quedaban pocas dudas del ingreso de los fondos del cartel a su campaña.

“El futuro de Samper es sumamente incierto”, le dijo apesadumbrado entonces Lucio al corresponsal de The Miami Herald. “No me sorprendería que Estados Unidos encausara a Samper, y que durante el proceso, ese país pidiera su extradición. Creo que las cosas van por ese camino”, agregó en mayo de 1997.

A principios de julio pasado, casi treinta años después, el mismo Lucio que se vio involucrado en estos escándalos de narcotráfico, que arremetía contra la extradición y la doble moral de Washington, declaró a la revista Cambio que el gobierno de De la Espriella contemplaba la posibilidad de extraditar a Estados Unidos al actual presidente, Gustavo Petro, para que respondiera por supuestos nexos con el tráfico de drogas.

“Hay otra realidad y es que Gustavo Petro ha delinquido”, sentenció Lucio. “El presidente [De la Espriella] lo ha dicho con claridad. Y la respuesta es que él sí extraditaría a Gustavo Petro", agregó.

Petro no ha sido acusado en Estados Unidos. El gobierno de Trump revocó su visa y lo incluyó en la lista de sancionados de la OFAC alegando vínculos y negligencia frente al narcotráfico y el aumento de la producción de cocaína. El mandatario denunció a Lucio por injuria y calumnia agravada a raíz de sus declaraciones.

Estafa

En el año 2000 un tribunal colombiano condenó a Lucio a 30 meses de prisión por haber presentado una denuncia falsa para eludir una acusación por estafa, lo que lo dejó inhabilitado para desempeñar cargos públicos.

Huyendo de la acusación, se había refugiado en Cuba entre 1998 y 1999. La Corte Suprema de Justicia de Colombia pidió su extradición calificándolo de prófugo.

En circunstancias confusas, Lucio apareció en Colombia. Sus familiares lo dieron por muerto. Dijeron que había sido secuestrado y asesinado por órdenes de Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización armada que combatía la guerrilla. Sin embargo, Lucio no había muerto. Castaño lo entregó con la condición de que fuera procesado por el delito del que huía. Lucio cumplió la condena en una prisión donde empezó su redención religiosa a través de lecturas bíblicas. Hoy es un predicador destacado de la iglesia protestante Casa sobre la Roca.

Experiencia religiosa

Carlos Alonso Lucio se unió a la guerrilla a los 15 años siguiendo los pasos de su tío Ramiro Lucio, un dirigente del M-19 que fue acusado de recibir cheques del Cartel de Cali en 1998. Carlos Alonso había sido expulsado del Liceo Francés de Bogotá en donde era compañero de clase de Betancourt.

En un principio Ramiro lo vinculó al movimiento como estafeta de miembros del movimiento presos en diferentes cárceles de Colombia.

En abril de 1983, viajó a París para estudiar Ciencias Políticas “pero esta idea se frustró, entre otras cosas porque Lucio aprovechó su vida en la Cité Universitaire no tanto para estudiar como para hacer contactos internacionales para el M-19, con movimientos rebeldes árabes y africanos”, señala la revista Semana.

“Es un hombre extremadamente inteligente, muy inquieto, con una cultura, digamos, diferente. Es una cultura, yo diría, sesgada en términos ideológicos”, opinó Betancourt.

El proceso de transformación espiritual de Lucio lo marcó una experiencia por la que pasó en el año 2000, según se lo relató a Betancourt.

Ocurrió mientras era torturado por órdenes de Castaño, quien estaba dispuesto a matarlo porque alegaba que había encontrado pruebas de que el excongresista hacía parte activa de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Lucio se había refugiado en un campamento del grupo guerrillero huyendo de la acción penal por denuncia falsa, según lo comentó alias Ernesto Báez, excabecilla de las AUC, al periódico Un Pasquín.

“Yo estaba ahí […] Entonces (Castaño) le ordenó a una patrulla: 'Llévense a este señor'. Lo secuestró 15 días. Creo que lo torturó”, recordó Báez quien aseguró haber intercedido para que Castaño no matara al excongresista.

En ese momento, según Betancourt, Lucio se hizo una promesa a sí mismo de que, si salía con vida, se dedicaría a Dios.

“Él, que no creía ni en el rejo de las campanas, le hace un llamado, un grito de desespero a nuestro Señor Jesús que no lo maten”, recordó Betancourt. “Y él queda con esa sensación de que hubo una presencia intervención divina para salvarlo”.

Menos de una década después de salvarse de Castaño, Lucio se convirtió en activo asesor de los líderes de la AUC que se habían entregado al gobierno para un proceso de desmovilización. Y en esa posición propuso que los cerca de 20,000 miembros de la organización se incorporaran al ejército bajo el control de la oficialidad militar.

La propuesta no prosperó.

En esos años el joven abogado Abelardo de la Espriella dirigía la Fundación Iniciativas por la Paz que combatía la extradición a Estados Unidos de los cabecillas de las AUC acusados de narcotráfico. Algunas fuentes sostienen que desde entonces se cruzaron los caminos de Lucio y el hoy presidente electo.

Según Luis Orcasitas, profesor de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, De la Espriella fue el principal organizador de un foro que se efectuó en noviembre de 2004 en la población de Santa Fe de Ralito, en el departamento de Córdoba.

Orcasitas, quien asistió al foro como invitado, pero rechazaba el ideario de las AUC, dijo que entre los asistentes estaban Lucio y su esposa Viviane.

El profesor señaló que, durante los dos días de reuniones y discursos, los líderes de las AUC, encabezados por Salvatore Mancuso, se turnaron para glorificar los logros del paramilitarismo.

“Los discursos eran justificando la actuación paramilitar”, explicó Orcasitas a N+Univision.

Para la época del foro, las AUC habían realizado numerosas matanzas de civiles inocentes. Entre ellas la Masacre del Aro (1997), Mapiripán (1997) y El Tigre (1999).

Los cabecillas de las AUC fueron extraditados a Estados Unidos donde habían sido acusados de cargos de narcotráfico.

En 2007 el entonces comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, denunció a Lucio ante la fiscalía por nexos ilegales con los paramilitares y narcotraficantes. Morales, la esposa de Lucio que había sido nombrada fiscal general, ordenó abrir una investigación contra su marido. La pesquisa fue archivada por un subalterno suyo.

Morales debió renunciar a su cargo al hallarse fallas de procedimiento en su elección.

El cheque

Jorge Salcedo, ingeniero civil con grado de reservista militar, se convirtió en un informante estrella del gobierno de Estados Unidos en las operaciones que llevaron al desmantelamiento del Cartel de Cali.

Mientras mantenía su posición de jefe de seguridad, entregó a autoridades de Colombia y agentes de la DEA información que condujo a la captura de Miguel Rodríguez Orejuela.

El capo fue arrestado en agosto de 1995. Salcedo se unió al programa de testigos protegidos de Estados Unidos y sostiene que describió la entrega del cheque a Lucio en sus entrevistas con agentes y fiscales de este país.

Los siguientes son los detalles de la reunión de los congresistas colombianos con los narcotraficantes de Cali, según las declaraciones de Salcedo a los reporteros de N+Univision y al periodista Rempel.

Salcedo recibió la orden de Gilberto Rodríguez Orejuela de dirigirse al restaurante Cali Viejo en la zona oeste de la ciudad y recoger unos congresistas a quienes debía llevar a una propiedad de Santacruz situada en un desvío de la carretera conocida como salida al mar.

Salcedo recogió a Lucio, Betancourt y al tercer congresista cuyo nombre no recuerda en su Mazda 626 de color gris. Anteriormente le había dado instrucciones a su equipo de escoltas motorizados que siguieran el vehículo a distancia para no incomodar a los visitantes.

Durante el recorrido, no hubo mayor comunicación. Salcedo no sentía ninguna motivación para conversar con Lucio. Como reservista del ejército conocía -y despreciaba- sus antecedentes en la guerrilla.

Los congresistas fueron recibidos por Gilberto Rodríguez Orejuela y Santacruz en el refugio montañoso de los narcos. Se instalaron en un kiosco de paja en la parte externa de la casa. La reunión no tardó más de una hora y media. Salcedo entre tanto estaba atento a la seguridad del perímetro y se presentaba continuamente en el kiosco.

Cuando la reunión estaba terminando, Santacruz les dijo a los congresistas que “no podían irse con las manos vacías”, recuerda Salcedo.

“Entonces, Chepe Santacruz interrumpió lo que ya parecían unas despedidas cordiales con otro gesto amistoso”, escribió en su libro Rempel. “Espera —dijo— no queremos que te vayas con las manos vacías. Abrió una chequera y garabateó apresuradamente un nombre y una cifra con muchos ceros: 50 millones de pesos, o unos 50,000 dólares. Le entregó el papel a Lucio con una advertencia en tono de broma. 'No todo es para usted, Carlos Alonso', dijo Chepe. 'Es para los tres', agregó".

Salcedo llevó a los congresistas de regreso a Cali. En la parte de atrás se sentaron Lucio y Betancourt. Por los retozos que vio en el espejo retrovisor entendió que eran más que colegas.

“Me sentí como un chofer de taxi que le toca ver de todo”, comentó Salcedo.

Salcedo no recuerda con precisión la legislación a la que aspiraban los narcos de Cali en ese momento. Solo le suena que el Congreso colombiano se estaba preparando un proyecto de perdón y olvido inspirado en una ley argentina que limitó los plazos para interponer nuevas acusaciones penales contra los responsables de delitos de lesa humanidad.

Un cable de la época informaba que “los representantes no revelaron las fechas ni circunstancias en las que se produjo el encuentro con los narcotraficantes, pero admitieron que conversaron, entre otros, con dos jefes del cartel de la cocaína en Cali, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, buscados intensamente por las autoridades colombianas”, decía uno de los cables.

A la inquietud de cómo los congresistas se pudieron entrevistar con los hermanos Rodríguez Orejuela si las autoridades colombianas no lograban encontrarlos, Betancourt se limitó a responder entonces que “esa es una buena pregunta”.

Samper fue absuelto por el pleno de la Cámara de Representantes en junio de 1996. Betancourt votó en contra del presidente. Lucio lo hizo a favor.

“Yo soy muy prevenido en ese tipo de cosas”, dijo Salcedo a N+Univision. “Eso que dicen: 'Pasemos la página', no; esa página no se pasa así de simple”, agregó.

El lunes pasado, la revista Semana reveló que De la Espriella no invitará a su posesión el seis de agosto a los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. Semana reportó que De la Espriella vetó a Samper por el ingreso de dineros de los narcos del Cartel de Cali a su campaña presidencial, precisamente la acusación que Lucio califico reiteradamente como falsa en sus acalorados debates en defensa de Samper.