Se pronuncian Sprague's Sports and Ammo AZ, dos de los negocios de armas de Arizona demandados por México

TUCSON, Arizona. - La demanda de México contra cinco negocios de armas en Arizona, presentada el lunes 10 de octubre en un tribunal federal de Tucson, incluye a Diamondback, SNG Tactical, The Hub, Ammo AZ y Sprague's Sports.

Dos de estos negocios mencionados en la demanda ya reaccionaron al hecho de que Marcelo Ebrard, secretario de relaciones de México, los señale como partícipes del tráfico de armas que terminan en poder de los cárteles de la droga.

"Es completamente estúpido que el gobierno mexicano me acuse de traficar armas de fuego por la frontera y de ponerlas en las manos de los cárteles. Si yo estuviera haciendo eso, existen leyes en Estados Unidos que lo castigan, no estaría operando mi negocio y estaría en la cárcel ahora mismo”, dijo a Univision Arizona Veerachart Murphy, propietario de Ammo AZ, en Phoenix.

El empresario agregó que la única explicación que encuentra de por qué el secretario Marcelo Ebrard quiere perseguir a pequeños negocios de armas es por razones políticas.

"Él no tiene que hacer eso. Nosotros tenemos leyes en Estados Unidos que evitan que pudiéramos hacer algo así (participar en tráfico de armas)", dijo.

Agregó que su negocio fue establecido legalmente desde hace 10 años y que todo esto de la demanda no es más que una posición política del secretario Marcelo Ebrard porque "él acaba de perder su batalla contra los fabricantes la semana pasada".

“(Creo que) él tiene su ego en la cara y dijo: ah tengo que irme detrás de los pequeños negocios de armas solo para que cierren sus puertas y eso lo contaría como un triunfo”, enfatizó.

Murphy considera que si Ebrard en verdad quisiera hacer algo para enfrentar el problema del tráfico de armas hacia México, "iría él mismo tras los carteles y pondría dinero y esfuerzo en hacer su propia frontera más segura”.

Por su parte, Sprague's Sports envió un mensaje a Univision en el que dicen estar seguros de que prevalecerán en esta demanda, porque son una empresa familiar, atendida por sus dueños, que está al servicio de la industria de los deportes de tiro desde 1956.

"Somos respetuosos de la ley, operamos bajo una Licencia Federal de Armas de Fuego y tenemos una larga historia de cooperación total con las autoridades en todos los ámbitos, incluida la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATF), para mantener las armas fuera de las manos de personas que tienen prohibido poseerlas", se lee en el mensaje de la compañía.

La segunda jugada legal de México para hacer frente al tráfico de armas

La demanda presentada en Tucson el pasado 10 de octubre contra cinco negocios de armas en Arizona es el segundo intento del gobierno mexicano por encontrar respaldo judicial para responsabilizar a alguien en Estados Unidos por el tráfico de armamento que termina en manos criminales.

Una primera demanda se presentó en contra de los fabricantes en 2021,pero fue desestimada por un juez a comienzos de octubre, quien dictaminó que las acusaciones de México no estaban por encima de lo que establece la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, aprobada en 2005.

Tras ese revés judicial, Marcelo Ebrard, secretario de relaciones de México, dijo que no se darían por vencidos y anunció que esta vez sus esfuerzos legales se enfocarían en los vendedores de armas.

“Los estamos demandando porque claramente hay un patrón; nosotros sostenemos que es obvio que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van para nuestro país”, aseguró Ebrard.

Alrededor del 60% de las armas incautadas en México en los últimos años se vendieron en 10 condados de EEUU, sobre todo fronterizos, según Ebrard. La demanda menciona que el corredor de Tucson, Arizona, a Nogales, Sonora, es considerado una de las tres rutas más transitadas para el contrabando de armas.

"Los negocios mencionados en esta demanda civil son distribuidores de armas de Arizona que de forma sistemática participan en el tráfico de armas y municiones de estilo militar a los cárteles de la droga en México mediante el suministro a traficantes. Los demandados saben, o deberían saber, que sus prácticas comerciales imprudentes e ilegales, incluidas las ventas falsas (straw sales) y las ventas repetidas y al por mayor de armas de estilo militar, abastece a delincuentes peligrosos en México y los EEUU", sostiene uno de los puntos de la demanda compartida con Univision Arizona.

La demanda de México es poco viable

"La probabilidad de que esta demanda proceda y que le dé la probabilidad de llegar a un juicio con jurado es muy difícil. Van a haber apelaciones, aún si se le permite en nivel de distrito proceder, o en la Suprema Corte de Justicia la demanda se va a descartar", dijo a Univision Arizona Luis Parra, abogado criminalista en Arizona.

Parra dice que entiende la intención del gobierno de México, que pretende detener el flujo de armas debido a la cantidad de homicidios dolosos en el país vecino que ha crecido y se ha convertido en un desafío para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no tiene como contrarrestar la cantidad de armas que están entrando al país.

"No es muy viable dada la firmeza de la garantía individual constitucional que hay detrás de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos".

Por su parte, la analista política en Arizona, Carmen Cornejo, expresó que la demanda deja claro una posición muy importante del gobierno mexicano, una acción concreta y tangible en las cortes de Arizona.

"El tráfico de armas desgraciadamente está fuera de control, nosotros sabemos que las armas de alto poder, metralletas y AR-15 son de muy fácil acceso para la gente en Estados Unidos, pero estamos dentro de otro contexto judicial, en México no se tiene un sistema judicial tan robusto y el tráfico de armas se convierte en un completo abuso", indicó Cornejo.

Agregó que los grupos delictivos y las organizaciones criminales utilizan esa debilidad en el sistema para intimidar a la población para causar caos "para caer en una especie de casi terrorismo". Ella considera que la demanda no procederá.

La posición del gobierno de México con la demanda

Alejandro Celorio Alcántara, asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo a AP que México había elegido “dentro de las diez peores tiendas” para señalarlas en la demanda, incluyendo tres armerías en Tucson, una en Phoenix y una en Yuma, Arizona.

“Lo que ellos hacen es no ser cuidadosos en la forma como venden sus productos. Entonces permiten que prestanombres... pues compren armas”, declaró Celorio, y agregó que esas tiendas vendieron muchas armas, muchas veces, a algunos clientes. “Nosotros señalamos que las empresas son negligentes y facilitan, al grado de ser cómplices, la venta a prestanombres”.

Alegó que investigaciones penales estadounidenses habían rastreado compras de armas hasta las tiendas, y dijo que había evidencia de que las armerías no habían llenado la información requerida en algunas adquisiciones.

“El argumento central de nuestra demanda es que estas empresas están organizadas y forman parte de una empresa, de una maquinaria, de un sistema criminal que está facilitando que criminales y cárteles en México puedan utilizar sus armas”, añadió Celorio.

La primera audiencia en esta demanda podría ser a principios del 2023.

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