Ciertos indocumentados que buscan asilo tendrán acceso a un abogado: quiénes se benefician y qué significa
Un memorando firmado por el presidente Joe Biden el martes, permitiría que en el corto plazo ciertos inmigrantes indocumentados que buscan asilo en Estados Unidos tengan acceso a representación legal, un recurso hasta ahora no accesible.
El mandatario firmó el documento con el objetivo, dijo, de “ampliar el acceso a la representación legal y a los tribunales de justicia” a la población vulnerable y/o de bajos recursos, entre los que incluyó a los Menores No Acompañados (UAC) detenidos en la frontera y que buscan asilo.
Hasta ahora los inmigrantes de cualquier edad deben costear o buscar asistencia legal entre organizaciones que ofrecen servicios pro-bono para defender sus casos de deportación en los tribunales.
En el memorando, Biden precisa que el acceso oportuno y asequible al sistema legal “puede marcar la diferencia en la vida de una persona” y asegurar que el acusado “pueda montar una defensa sólida y recibir un juicio justo”, como en el caso de los niños no acompañados detenidos en la frontera o las víctimas de estafas, entre otros.
Lo venían pidiendo
“Esto es algo que se viene contemplando desde hace varios años”, dice Velásquez. “Se le ha pedido al gobierno que de asistencia gratuita a los UAC, porque ellos ni tienen los recursos ni comprenden la importancia de estar representados en sus juicios de deportación”.
Velásquez agrega que “las agencias sin fines de lucro no se dan a vasto para atender a tantos menores que siguen llegando a la frontera en busca de asilo”, y que la decisión tomada “la recibimos con los brazos abiertos”.
En 2018, cuando el entonces gobierno e Donald Trump ejecutó la política de separaciones forzadas de familias en la frontera con México, las autoridades de inmigración habían comenzado a emitir Notificaciones de Comparecencia (NTA, citatorios) para que los infantes, algunos incluso de tres años o menos, se presentaran a las cortes de inmigración donde un juez decidiría sus futuros en Estados Unidos.
“Creo que es un buen primer paso”, dice Bárbara Hines, exprofesora de de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas en Austin. “Por lo menos estamos viendo el reconocimiento de que los inmigrantes tienen problemas en acceder a representación legal, lo cual es muy importante en el sistema de tribunales de inmigración”.
“Lo que no veo es cómo lo harán. Pero es un primer paso importante, un reconocimiento de la falta de recursos legales y servicio pro-bono para inmigrantes menores de edad solos que enfrentan un proceso de deportación”, precisó.
“Un buen primer paso”
“El gobierno federal tiene un papel fundamental que desempeñar para ampliar el acceso al sistema legal de la nación y apoyar el trabajo de los proveedores de asistencia legal civil y los defensores públicos”, se lee en el memorando.
Para el profesor Stephen Yale-Loher, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York, “el memorando del presidente es un buen primer paso, pero es necesario hacer más. El memorando simplemente restablece un grupo de trabajo interinstitucional para priorizar la asistencia legal y ampliar el acceso a los programas federales”.
La orden emitida por Biden el martes estipula que el Fiscal General, en in plazo de 120 días, “presentará un plan para ampliar el trabajo del Departamento de Justicia sobre el acceso a la justicia”.
Agrega que el gobierno restablecerá la denominada ‘Mesa Redonda Interagencial de Ayuda Legal de la Casa Blanca’ para priorizar la ayuda legal civil y ampliar el acceso a programas federales.
“Además, incluso si lo hicieran, el Congreso necesitaría asignar dinero para contratar a esos abogados”, precisó.
Por qué es importante
Para Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami (Florida), la orden de Biden es importante porque, “aunque la ley federal garantiza el derecho a un inmigrante de ser representado por un abogado, no garantiza que el gobierno le pague a un abogado si la persona no puede o no tiene recursos para costearse uno”.
“Tener asesoramiento legal es uno de los factores más importantes en inmigración para determinar el éxito que pueda tener el inmigrante en obtener un beneficio migratorio; esto es particularmente importante en los procesos ante el tribunal de inmigración”, indicó.
Sánchez-Roig agregó que “según un estudio de 2016 del Consejo Americano de Inmigración, las personas tenían cinco veces más probabilidades de obtener alivio legal si estaban representadas por abogados. Y que las personas que fueron detenidas tenían diez veces y media más probabilidades de tener éxito”.
“Entre el grupo de inmigrantes no detenidos más del 40% de los inmigrantes no tienen representación”, indicó.
“La representación legal, además de hacer los procedimientos más justos, promueve el interés del gobierno en garantizar el debido proceso y eficiencia en el sistema legal, rebaja o impide la detención de inmigrantes, reduce los atrasos en el tribunal o también puede acelerar el proceso judicial en casos donde el inmigrante tiene derecho a beneficios de inmigración que les permitirá permanecer en Estados Unidos”, detalló.
Faltan datos
Los abogados consultados por Univision Noticias coincidieron en que el memorando de Biden no menciona todas las necesidades y todos los grupos de inmigrantes que navegan dentro del debido proceso.
“La hoja informativa (emitida por la Casa Blanca) no menciona la necesidad de que los abogados representen a los adultos en la corte de inmigración. La necesidad de un abogado es tan grande como la de un niño para evitar la persecución (en los países de los cuales huyen para salvar sus vidas”, dice el profesor.
“Como ha dicho un juez de inmigración, los casos de asilo son como juzgar casos de pena de muerte en un tribunal de tráfico. Por esa razón, los abogados son particularmente importantes para todos los inmigrantes que enfrentan la deportación”, apuntó.
Menos del 2 por ciento
En julio del 2019 Univision Noticias reportó que el programa que había impuesto el gobierno en enero de ese año, que obligó a los migrantes que pedían asilo a esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano, no funcionó. Y que en lugar de solucionar la crisis humanitaria en la frontera, esta se agravó.
Así se desprendió de un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad Syracuse, en Nueva York. El reporte reveló que, hasta ese momento, “muy pocos solicitantes de asilo obligados a permanecer en México bajo los Protocolos de Protección Migratoria (MPP) habían podido obtener representación para sus procedimientos ante las cortes de inmigración”.
El estudio mostró que, de acuerdo con los registros judiciales disponibles en ese momento, “a fines de junio de ese año (cinco meses después de haber sido implementado el MPP) “ya se habían resuelto un total de 1,155 casos” y “solo 14 de estos (1.2%) contaron con representación legal”.
En los meses siguientes el panorama no cambió. Otros miles fueron desestimados porque las Notificaciones de Comparecencia (NTA) fueron emitidas sin fecha o fueron despachadas a domicilios que no existían. En esos casos los jueces cerraron los casos y emitieron órdenes de deportación en ausencia.