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Una persona enmascarada en una manifestación por Ayotzinapa

México debe reconocer la “gravedad de su crisis” en derechos humanos, pide la CIDH

México debe reconocer la “gravedad de su crisis” en derechos humanos, pide la CIDH

México atraviesa una “grave crisis de derechos humanos”, que se profundiza por el alto grado de impunidad en el país.

Una persona enmascarada en una manifestación por Ayotzinapa
Una persona enmascarada en una manifestación por Ayotzinapa


Por Sandra E. Mendoza Ortiz, @smendoza_news

México atraviesa una “grave crisis de derechos humanos”, que se vuelve más profunda por el alto grado de impunidad en el país, alerta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haciendo especial énfasis en “ desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, y el acceso a la justicia”.

De acuerdo al informe “Situación de derechos humanos en México”, realizado por el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), “la violencia se da en gran parte del país, pero afecta de manera diferenciada a ciertas zonas. Asimismo, la violencia está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares en las áreas del país de mayor presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad”.

Desapariciones generalizadas

“Las desapariciones son generalizadas en México”, subraya el organismo, que asegura que “pudo constatar que la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos”, pues hasta el 30 de septiembre de 2015 hay 26,798 personas “no localizadas” en el país, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. En contraste, en agosto de 2014, las cifras de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) señalaban que en esa misma condición había 22,322 personas.

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Con base en la observación realizada en el país del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, el informe apunta a que las desapariciones forzadas, aquellas que se realizan “a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas” son también una práctica frecuente y “la respuesta estatal a esta situación presenta graves deficiencias”.

James Callavaro, presidente de la CIDH y Relator para México, afirmó que “ la gente tiene miedo de denunciar por las represalias a las que son sometidas las personas que buscan a sus seres queridos (…) Y cuando se animan a denunciar, las investigaciones adolecen de tantos obstáculos que prácticamente ninguna logra esclarecer lo ocurrido. Incluso recibimos testimonios de familiares a quienes funcionarios de las procuradurías estatales les han pedido dinero para adelantar diligencias”, aseveró.

En cuanto a las investigaciones por estas desapariciones, el organismo señala “graves irregularidades”, y subrayó la “ negligencia de las autoridades estatales y locales” para comenzar la búsqueda en las primeras horas de la desaparición de una persona, que son “clave a fin de encontrarla con vida”.

La situación ha causado “ profundos niveles de desconfianza en las autoridades estatales y locales” por parte de la población. “En repetidas ocasiones, la CIDH escuchó de las víctimas que la justicia en México es una ‘simulación’, ya sea porque se fabrican culpables o porque las autoridades no aplican la debida diligencia y las actuaciones no producen resultados. La mayoría de los casos de desapariciones están en la impunidad”.

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El caso Ayotzinapa

Sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, que derivaron en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su respaldo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al trabajo que este realiza para la “búsqueda, investigación y no repetición de los hechos”, pero también instó al gobierno de México a que le brinde acceso a entrevistar a todos los testigos, “incluyendo los integrantes del 27 Batallón de Infantería.

El caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa “constituye una grave tragedia en México, así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en México, y en particular en el estado de Guerrero”, destaca la CIDH.

En el informe también fueron contemplados casos de “incidentes trágicos de violencia con participación de agentes del estado”, tales como los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014; Apatzingán, estado de Michoacán, el 6 de enero de 2015; y Tanhuato, estado de Michoacán, el 22 de mayo de 2015”.

Homicidios y tortura

La tasa de homicidios en México, además, corresponde a niveles epidémicos de violencia según las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ello aunado a que la impunidad en los casos de homicidio en el país es “sistemática y endémica”, cita el informe al Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales.

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Sobre la tortura, el informe asegura que se trata de una práctica “alarmante en México (…) La Comisión coincide con otros organismos internacionales al señalar que en México la tortura es generalizada, y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención –que suele ser arbitraria—y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez. Específicamente sobre el caso Ayotzinapa, la CIDH destaca que el 77% de los detenidos “mostraban lesiones corporales, un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y posibles torturas”.

Y aunque “la Comisión valora las importantes reformas constitucionales en materia de derechos humanos que se han introducido en México a partir de 2011”, analiza también los hechos que han contribuido a que México se encuentre entre los países más peligrosos de todo el mundo para ejercer el periodismo, hechos que van desde amenazas hasta violencia e incluso asesinato.

El informe también pone énfasis en la situación de algunos “grupos poblacionales especialmente afectados por la violencia”, como defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, miembros de pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, además de migrantes, personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

“La espiral de violencia e impunidad trae consigo graves consecuencias para el Estado de Derecho en el país. El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”, señaló Cavallaro.

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La defensa del gobierno de México

El gobierno de México respondió que el informe de la CIDH “no refleja la situación general del país”, además de que subrayó su “apertura y cooperación” con el organismo.

En un comunicado emitido de forma conjunta por la Secretaría de Gobernación (Segob, ministerio de Interior), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, cancillería) y la PGR, la administración del presidente Enrique Peña Nieto se defiende asegurando que el informe “parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.

“El Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH –que hoy se retoman en el informe—se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años”, asevera el comunicado.

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