La nueva ofensiva migratoria pone en la mira a las familias de estatus mixto, donde padres en situación irregular conviven con hijos nacidos en Estados Unidos. El "Zar de la Frontera" Tom Homan, planea endurecer las acciones de control, mientras organizaciones civiles advierten sobre el impacto de separar hogares con ciudadanos estadounidenses. El uso de almacenes y fábricas como centros de detención temporales refuerza la intención del gobierno de ejecutar deportaciones masivas.

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Todd Blanche, secretario de Justicia interino, indicó que revisará los casos en que los jueces estén retrasando de forma "indebida" los juicios de inmigración.

El Departamento de Justicia notificó al fiscal de Fairfax, Steve Descano, sobre una investigación relacionada con el manejo de casos de inmigrantes indocumentados. El documento no detalló casos específicos ni acusaciones formales, pero abrió un nuevo frente en el debate migratorio en Virginia.

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USCIS reactivó parcialmente algunos trámites migratorios para ciudadanos de 39 países, entre ellos Venezuela y Cuba, luego de meses de pausa por revisiones de seguridad. Autoridades aclararon que el proceso sigue bajo estrictos controles y no representaba una reapertura total.

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La junta escolar de Wake aprobó un presupuesto con más de 10 millones de dólares en recortes. Aunque el condado destinó 25 millones adicionales al sistema escolar, padres y organizaciones educativas advirtieron que las medidas podrían afectar directamente a estudiantes y salones de clase.

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Una familia argentina en Florida enfrenta incertidumbre tras recibir una orden de deportación que podría afectar a una niña con necesidades especiales. Su madre asegura que regresar a Argentina pondría en riesgo los tratamientos y cuidados médicos que la menor necesita diariamente. Mientras buscan opciones legales para permanecer en el país, la familia denuncia el impacto emocional y económico que vive ante el proceso migratorio.

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