Funcionarios de la administración Shapiro enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtiendo que las instalaciones podrían sobrecargar los sistemas de agua y alcantarillado.

El Partido por el Socialismo y la Liberación, conocido también como PSL, reacciona a la posible apertura de centros de ICE en Carolina del Norte. PSL asegura que esta posible expansión no fortalece a las comunidades, y que la organización continuará teniendo presencia en cualquier parte del estado con el fin de frenar las detenciones migratorias.

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Georgia ocupa el cuarto lugar en detenciones realizadas por ICE durante los primeros meses de la actual administración, y la población mexicana encabeza la lista. Ante este panorama, el Consulado de México en Atlanta ha creado un plan de acción familiar en caso de separación por detención, con el objetivo de brindar protección a las familias.

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Aunque una persona ya no esté en territorio estadounidense porque fue deportada por agentes de ICE a su país de origen, no queda exenta de pagar impuestos, ya que todo lo que ganó en 2025 debe declararlo. Hay dos formas de cumplir con sus obligaciones fiscales: hacerlo electrónicamente o mediante un poder otorgado a un preparador certificado. Si se ignoran estas responsabilidades y la persona desea regresar a Estados Unidos, migración lo tomará como un factor negativo.

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Inmigrantes detenidos en los centros de ICE denunciaron la falta de acceso a atención médica completa. Un ejemplo es una madre cubana, detenida a inicios de febrero al norte de Texas, sufrió maltrato y alzó la voz por las condiciones inadecuadas en que la mantienen. Su familia teme por su salud.

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Un exinstructor de ICE testificó ante el Congreso sobre un sistema de entrenamiento "roto" y "deficiente" para nuevos oficiales de deportación. La denuncia señala recortes dramáticos en temas esenciales como el uso de la fuerza y límites legales, permitiendo que cadetes sin preparación adecuada patrullen las calles. Activistas reportan que esta falta de control se traduce en tácticas abusivas y violentas durante operativos de detención.

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