Extrabajadores agrícolas que viven en el sótano de una iglesia en Montreal están en riesgo de deportación. La abogada que lleva el caso, Susan Ramírez, manifiesta que tuvieron que pagar unos 4,500 dólares por servicios que no se llevaron a cabo. Una familia de siete miembros también alega que una traductora cobró 70,000 dólares para supuestamente ayudar.