La publicación dice que, según cifras oficiales, entre enero y mayo de 2021, el gobierno llamó a 14,600 personas a quienes les entregó niños no acompañados, pero no pudo contactar a 4,890. Según el abogado de inmigración Nicolás Aguado, si el guardián legal del menor no contesta los llamados podría perjudicar el caso del pequeño y ponerlo en peligro de deportación.
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