La política del gobierno de Trump de retener a los inmigrantes sin posibilidad de ser liberados bajo fianza es ilegal y "rememora algunos de los momentos más oscuros de la historia de nuestro país", incluyendo la detención masiva de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, dictaminó el jueves un tribunal federal de apelaciones dividido.
Tribunal cita la detención de estadounidenses de origen japonés al cuestionar política migratoria de Trump
El fallo del Cuarto Circuito calificó de ilegal la detención de inmigrantes sin posibilidad de fianza y comparó la política con algunos de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos.
El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos se convirtió en el noveno tribunal federal de apelaciones en rechazar la política de detención obligatoria del gobierno, una pieza clave de su campaña de deportación masiva. Otros dos tribunales de apelaciones la han ratificado, lo que genera una división que aumenta considerablemente las probabilidades de que la Corte Suprema de Estados Unidos aborde el tema.
Esta división también significa que los inmigrantes en algunas partes del país están obteniendo audiencias para la fijación de fianzas, mientras que aquellos en otros lugares, incluidos Texas y Luisiana, enfrentan obstáculos adicionales para obtener la libertad.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró en un comunicado que confiaba en su posición legal con respecto a la detención obligatoria, y señaló que recientemente había solicitado a la Corte Suprema que se pronunciara sobre el tema.
Durante administraciones anteriores, a la mayoría de los extranjeros sin antecedentes penales arrestados dentro de Estados Unidos se les permitía solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos de inmigración estaban pendientes. La detención obligatoria generalmente se reservaba para las personas arrestadas en la frontera.
En julio pasado, las autoridades de inmigración emitieron directrices que ampliaban la detención obligatoria a los inmigrantes en el interior de Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump ha argumentado que el Congreso modificó la ley de inmigración en 1996 para permitir la detención obligatoria más allá de la frontera, pero las administraciones anteriores no hicieron cumplir esa disposición.
“El presidente Trump y el secretario Mullin están aplicando la ley tal como fue escrita para mantener a Estados Unidos seguro”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional, refiriéndose al secretario Markwayne Mullin.
El Cuarto Circuito y la mayoría de los demás tribunales federales de apelación han rechazado esa interpretación.
“A estas alturas, el historial del gobierno habla por sí solo”, dijo Michael KT Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en la demanda presentada ante el Cuarto Circuito.
En una decisión de 2 a 1, las juezas del Cuarto Circuito, Barbara Keenan y Nicole Berner, afirmaron que el Congreso, en 1996, habría brindado mayor claridad si su intención era permitir la detención obligatoria de millones de personas. Keenan fue nominada por el presidente Barack Obama; Berner, por el presidente Joe Biden. La jueza Allison Rushing, nominada por el presidente Donald Trump, emitió un voto disidente.
En su escrito en nombre de la mayoría, Berner afirmó que la política del gobierno "afectaría los derechos constitucionales al debido proceso de millones de personas no ciudadanas en nuestro país, muchas de las cuales han vivido, trabajado y se han convertido en parte integral de sus comunidades durante años".
“La detención masiva de personas marginadas sin el debido proceso nos remonta a algunos de los momentos más oscuros de la historia de nuestro país”, escribió.
Citó el internamiento de japoneses y la detención masiva de inmigrantes chinos a finales del siglo XIX, y afirmó que la política de la administración Trump era incluso más amplia que "aquellas vergonzosas y abominables detenciones del pasado".









