Los aranceles más amplios del presidente Donald Trump esperan su hora en la Corte Suprema. Mientras tanto, su gobierno dice tener un "plan B" por si se quedara sin la herramienta preferida del mandatario para tratar de obtener lo que desea de socios y aliados de Estados Unidos.
Trump arriesga perder su mayor arma de negociación comercial, pero su gobierno dice tener un "plan B"
Son sus aranceles más amplios, cuyo futuro será decidido por la Corte Suprema. El gobierno defiende su legalidad y, al mismo tiempo, dice que tiene un plan para replicar la estructura arancelaria que construyó usando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
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Y se apresura a colocar en las cuentas del Departamento del Tesoro el dinero recaudado por las tarifas, lo que complicaría devolverlo a las empresas que los pagaron si el máximo tribunal ratifica dos fallos de cortes inferiores para las que Trump excedió con ellas su autoridad presidencial.
Las tarifas concentraron buena parte de los titulares de noticias económicas y políticas desde que, en febrero de 2025, Trump declaró supuestas emergencias para imponerlas. Sobre ellas se ha evaluado cuánto incidirán en los bolsillos de los hogares, en la inflación y, por ende, en las decisiones de la Reserva Federal. Han llevado a múltiples negociaciones al mismo tiempo con otros países y usadas por el gobierno, sobre todo por Trump, para amenazar por distintos frentes a socios comerciales importantes para Estados Unidos.
Representan también una de las pruebas clave de esta administración pendiente en la Corte Suprema. En juego está el futuro de dos decretos arancelarios: el que fijó un arancel universal a todas las importaciones para reducir los déficits comerciales, y el que impuso tarifas a México, Canadá y China por no frenar el flujo de migrantes y fentanilo a Estados Unidos.
El máximo tribunal escuchó en noviembre la defensa del gobierno respecto a que Trump tiene "amplios poderes" para declarar emergencias bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por su sigla en inglés) y que, con ella, puede imponer aranceles porque se trata de un asunto de política exterior. También afirmó que el lenguaje de "regular importaciones" que contiene esa ley no deja lugar a dudas que permite fijar tarifas.
Al otro lado, el abogado de empresas que demandaron al gobierno refutó que la ley permite medidas comerciales, pero no fijar aranceles.
La Corte Suprema, cuyos fallos han respaldado ampliamente las medidas de este segundo mandato de Trump, lució escéptica durante la audiencia. Tres de los magistrados más conservadores, incluyendo el juez presidente, John Roberts, cuestionaron con dureza los argumentos del procurador del gobierno, John Sauer.
Sobre todo cuando Sauer rechazó que en estos dos casos sobre los aranceles entre en juego el principio de la 'doctrina de cuestiones importantes' con el que la Corte Suprema bloqueó algunas iniciativas del anterior gobierno de Joe Biden por considerar que tenían "vasta relevancia económica y política" y que el Congreso se debió haber expresado claramente antes de su puesta en marcha.
"Parece que puede ser aplicable de forma directa (en estos casos). El magistrado le planteó que la Ley IEEPA nunca se había utilizado para fijar aranceles y que en este caso se ha usado para ponerlos a cualquier producto, de cualquier país, en cualquier cantidad y en cualquier duración.
El gobierno acelera el depósito del dinero de los aranceles en el Tesoro
El máximo tribunal tiene hasta fines del próximo verano para revelar su decisión. Algunos expertos en Derecho creen que podría hacerlo mucho antes, dado que un fallo adverso significaría la complicada devolución del dinero pagado por las empresas demandantes. Como "un enredo" lo vio la jueza conservadora de esa Corte Amy Coney Barrett.
A pesar de que no se conoce todavía la decisión de la Corte Suprema, reportes y demandas afirman que el gobierno ha acelerado el depósito del dinero recaudado por los aranceles en el Departamento del Tesoro. Ello complicaría su devolución si el máximo tribunal considera ilegales los decretos arancelarios en disputa.
Varias empresas han pedido a cortes que emitan mandatos temporales para suspender esos depósitos. El gobierno lo ha refutado asegurando que no es necesario porque, si la Corte Suprema determina que los aranceles son ilegales, procederá entonces a devolver el dinero.
No queda claro cómo lo hará en estos potenciales casos, pues nunca antes se había usado la Ley IEEPA para fijar aranceles y, en estos casos, se ha hecho además de forma amplia con muchísimas empresas involucradas.
Datos oficiales al 31 de octubre dan una idea del enorme esquema que habría que poner en marcha para reembolsar los casi $89,000 millones que Estados Unidos ha recaudado con los aranceles impuestos bajo la Ley IEEPA.
El grueso, $51,620 millones, por los llamados 'aranceles recíprocos' con un porcentaje universal del 10% y otros más altos en ciertos casos. Le siguen los aranceles a China y Hong Kong, $28,920 millones. En un lejano tercer lugar están los de México, $5,720 millones.
El "plan B": replicar la estructura arancelaria si sufre un revés en la Corte Suprema
Funcionarios económicos de alto nivel, como el jefe del Tesoro, Scott Bessent, y el asesor de la Casa Blanca Kevin Hassett defienden la legalidad de los aranceles bajo la Ley IEEPA y, al mismo tiempo, dicen que tiene bajo la manga un "plan B" por si se quedaran sin ellos.
"Podemos recrear la misma estructura arancelaria con (las Secciones) 301, 232 y 122", de la Ley Comercial de 1974 y de la Ley de Expansión Comercial de 1962, dijo Bessent en una entrevista durante un evento del diario The New York Times.
Según consideró Hassett en una entrevista con Fox News, es un "plan alternativo" fácil de poner en pie.
"Sentimos que estamos muy sólidos con el uso de la ley (IEEPA). Pero incluso si la Corte Suprema discrepa con nosotros, tenemos un plan alternativo para poner estas cosas en vigor rápidamente. (...) Vamos a ganar de cualquier manera. El pueblo estadounidense ganará de calquier manera", insistió.
Un análisis del American Enterprise Institute considera que el gobierno posiblemente se apoye entonces principalmente en la Sección 122 de la Ley Comercial de 1974. Esto porque esa provisión da al presidente poder para abordar déficits "amplios y serios" en la balanza de pagos con aranceles de hasta 15% y cuotas o la combinación de ambos.
"La administración podría replicar la estructura de aranceles IEEPA a través de la Sección 122, salvo para aquellos países con tasas superiores al 15%, que deberían ser reducidas a esa tasa, y podría hacerlo de inmediato. Tal estructura recaudaría cerca del 70% de los ingresos que entran actualmente a través de las tarifas de IEEPA", escribieron Stan Veuger y Clark Packard en ese análisis.
"Pero ese estatuto viene con ciertos límites, principalmente el que cualquier acción tomada bajo la Sección 122 expira en 150 días salvo que el Congreso vote para extenderla. Como la demostrado el caso de IEPPA, el gobierno de Trump ha mostrado disposición a interpretar los estatutos de forma amplia, por ponerlo de forma suave", agregaron.
Los expertos reconocen que el presidente podrían renovar esas tarifas bajo la Sección 122 al vencer a los 150 días. Pero que ello iría en contra del espíritu de la ley, pondría en entredicho la separación de poderes y posiblemente llevaría a nuevos desafíos legales. Agregan que la Sección 122 nunca ha sido usada para restringir el comercio y que se concibió como una herramienta para estabilizar las tasas de cambio.
La interpretación de cuándo se puede usar la Sección 301 de la Ley Comercial de 1974 es más vaga. Da al gobierno terreno para investigar y corregir prácticas "injustas" en el comercio exterior.
"En su superficie, la Sección 301 viene con requerimientos procesales genuinos (...) pero sus límites son más laxos de lo que parecen a primera vista", dijeron los expertos. "Bajo el estatuto, el representante comercial de Estados Unidos y, por extensión, el presidente tienen plena discreción para determinar cuándo un asunto cae bajo un acuerdo comercial y podrían actuar de forma unilateral cuando concluyen que no es así", explicaron en el análisis.
La tercera opción sería la Sección 232, a la que el gobierno podría recurrir para reemplazar lo que no se pueda con la Sección 122, agregaron.
"Como los aranceles de la Sección 232 están basados en premisas de seguridad nacional, serían menos vulnerables a revisión judicial. Pero ese estatuto ataja medidas comerciales a un sector o producto específicos. Sería difícil construir un caso convincente de que (por ejemplo) todas las importaciones de Brasil y solo de Brasil representan una amenaza a la seguridad nacional", explicaron.
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