En Minnesota han abierto dos frentes legales contra el gobierno del presidente Donald Trump: una investigación penal que podría derivar en cargos contra agentes federales por su actuación en redadas migratorias y una demanda para impedir la retención de millones de dólares en fondos de Medicaid destinados a atención médica para personas de bajos ingresos.
Lanzan en Minnesota dos desafíos legales contra la administración Trump por redadas migratorias y fondos de Medicaid
Mientras una fiscal investiga a agentes migratorios federales por presunta mala conducta en redadas, el estado interpuso una demanda al gobierno de Trump por retener millones en fondos de Medicaid.
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Por un lado, la fiscal del condado de Hennepin County, Mary Moriarty, anunció que su oficina revisa 17 casos vinculados a operativos federales realizados en enero en el área de Minneapolis y St. Paul. Entre ellos figura un incidente en el que el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, arrojó una lata de gas lacrimógeno a manifestantes el 21 de enero, así como un arresto efectuado el 7 de enero frente a una escuela secundaria donde se utilizaron irritantes químicos mientras había estudiantes y personal en el área.
En paralelo, el estado presentó una demanda en un tribunal federal en Minneapolis para bloquear la retención de 243 millones de dólares en gastos de Medicaid, después de que el vicepresidente JD Vance anunciara la “suspensión temporal” de parte del financiamiento por preocupaciones de fraude.
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El gobierno federal anunció la retención de fondos correspondientes al cuarto trimestre de 2025 en lo que describió como una acción contra el supuesto fraude en programas públicos en medio de la masiva operación contra inmigrantes que la Casa Blanca lanzó en Minnesota y que derivó en numerosas protestas contra ICE y la Patrulla Fronteriza, así como en la muerte por disparos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti.
Fiscal recopila pruebas sobre "todo tipo de posibles delitos" de agentes migratorios
La fiscal Moriarty afirmó que su oficina está “recopilando pruebas sobre todo tipo de posibles delitos” y habilitó un portal en línea para que testigos suban fotos, testimonios y videos. “Que no haya duda: no tenemos miedo de la batalla legal y estamos comprometidos a hacer esto correctamente”, dijo, al tiempo que señaló que los operativos migratorios ordenados por Trump provocaron "un daño incalculable".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que los estados no pueden procesar a agentes federales por actos realizados en el ejercicio de sus funciones, en un comunicado en el que añadió que los funcionarios locales deberían considerar si sus acciones han puesto en peligro a los agentes federales.
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La oficina de la fiscal también investiga las muertes a tiros de Renee Good y Alex Pretti, ocurridas en incidentes separados en enero. El Departamento de Justicia (DOJ) abrió una investigación de derechos civiles por la muerte de Pretti, pero indicó que no veía motivos para una similar en el caso de Good. El FBI impidió que investigadores estatales accedieran a pruebas en este último caso.
Moriarty señaló que su oficina está preparada para demandar al gobierno federal si no recibe las evidencias solicitadas y cuestionó si el gobierno ya está obstruyendo el proceso.
Fiscal general interpone demanda por fondos de Medicaid
En un frente distinto, la demanda por Medicaid fue presentada por el fiscal general Keith Ellison, quien sostuvo que la retención de fondos viola el debido proceso y la ley federal al no demostrar que el estado haya incumplido las regulaciones del programa.
La querella menciona al Departamento de Salud, a los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid, así como a sus jefes, Mehmet Oz y Robert F. Kennedy Jr.
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Según la oficina de Ellison, los recortes propuestos equivalen a cerca del 7 % del financiamiento trimestral de Medicaid en Minnesota.
Medicaid, conocido en el estado como Medical Assistance, cubre a 1.2 millones de residentes que de otro modo no podrían costear atención médica.
Funcionarios estatales advirtieron que, si se concreta la retención, podrían verse obligados a reducir servicios de salud y otros programas gubernamentales.
Con información de AP