Relaciones Internacionales

Los expulsados de Daniel Ortega: ¿Por qué el gobierno de Nicaragua saca a la fuerza a extranjeros?

La expulsión de activistas y académicos extranjeros en las últimas semanas de Nicaragua ha llevado a los gobiernos de EEUU y México a emitir alertas a sus ciudadanos. ¿Qué hay detrás de estas salidas a la fuerza?
30 Jun 2016 – 6:42 PM EDT

MANAGUA (Nicaragua).- El sábado 25 de junio la Policía Nacional de Nicaragua apresó a seis activistas de la “Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir”, quienes impartían un taller de tecnología alternativa a los campesinos que se oponen a las expropiaciones al amparo del proyecto del Canal Interoceánico, que impulsa el presidente Daniel Ortega. Para los analistas, la detención de estos jóvenes refleja la política de expulsión del gobierno sandinista, que, saltando trámites legales, ha echado del país a periodistas, catedráticos, funcionarios estadounidenses, y ciudadanos (en su mayoría mexicanos) en los últimos años.

Antes de ser detenidos, los activistas enseñaban a los campesinos a construir hornos eficientes con unos barriles. Según cuentan, sucedió un accidente y uno de los participantes en el taller, Alexander Marenco Ríos, resultó herido con quemaduras leves. Pese a que aseguran que nadie interpuso una denuncia, la Policía Nacional llegó a la Colonia La Fonseca, en Nueva Guinea, en el Caribe Sur de Nicaragua, para apresar a los activistas y a los líderes del movimiento anticanal.

Francisca Ramírez, lideresa de los campesinos, fue dejada en libertad la misma tarde del sábado. Sin embargo, los seis activistas fueron trasladados a Managua, la capital, y estuvieron retenidos más de 48 horas, hasta que oficiales de Migración y Extranjería los sacaron el lunes 27 por las fronteras de Honduras y Costa Rica.



El colectivo “Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir” está conformado por el español Daniel Espinoza Jiménez, los mexicanos Emmanuel de la Luz Ruíz, Salvador Tenorio Pérez, Eugenio Pacelly Chávez Macedo, la argentina Ana Laura Rodríguez y el costarricense Bayron Francisco Reyes Ortiz. Las embajadas y consulados de estos países entraron en alerta y pidieron información por la vía diplomática a la administración de Ortega. “Mil veces pedimos explicaciones por las detenciones arbitrarias, pero nadie respondió”, le dijo a Univision Noticias el embajador mexicano en Managua, Miguel Díaz Reynoso.

Durante el periodo de la detención, las autoridades jamás revelaron el paradero de los activistas ni les permitieron asistencia legal. El presidente Ortega fue el primero a referirse al caso y justificar la detención: “estaban manipulando explosivos”, dijo el mandatario.

Las declaraciones de Ortega fueron vertidas antes de que la Policía Nacional hubiera presentado alguna investigación y sin que presentaran pruebas de los supuestos explosivos.

“Tenemos que cuidar la seguridad de las familias, porque cuando alguien manipula explosivos en un lugar expone la vida; no solamente la vida de la gente que vive en la casa, sino de los vecinos”, argumentó Ortega.

A continuación, la Policía publicó un comunicado en el que endosaba la tesis de los explosivos. La solidaridad y la demanda por la liberación de los jóvenes fueron muy fuertes. Antes de ser expulsados del país, el Ministerio Público dijo que no levantarían cargos contra los activistas, y reveló que ellos estaban en poder de Migración y Extranjería.



La abogada ambientalista Mónica López Baltodano refirió que el hecho de que la Fiscalía no haya levantado cargos significa que “jamás tuvieron un caso concreto” y que se trata de “persecución contra el movimiento anticanal”.

El activista indígena costarricense, Byron Ortiz, relató a Univision Noticias que él y sus compañeros estuvieron encerrados “en un cuarto insalubre” y que las autoridades nunca les expresaron por qué estaban detenidos.

“Nos intimidaron con las declaraciones, pero no nos golpearon. Nos preguntaban quién nos financiaba, qué sabíamos del canal… Les decíamos que no nos financia nadie, porque nos autogestionamos”, relató Ortiz.

A eso de las 3:50 de la tarde del lunes, los cuatro activistas mexicanos y el español fueron expulsados hacia Honduras. Ortiz y la argentina Ana Laura Rodríguez al puesto fronterizo Las Tablillas en Costa Rica. Las autoridades no les regresaron sus enseres personales, y solo les dieron el pasaporte.

México “inquieto”

El embajador Díaz Reynoso dijo que México “está inquieto”, y que las relaciones consulares “se han visto afectadas”. La razón es que ciudadanos mexicanos han sido los principales blancos de la política de expulsión de Ortega.

Otro caso que resonó a nivel internacional fue el del estudiante Jobany Torres Becerra a principios de junio, quien estuvo recluido diez días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua, un sitio que organismos de derechos humanos catalogan como “un centro de tortura”.

Torres Becerra es un estudiante de Ingeniería en Metalurgia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Llegó a Nicaragua para hacer prácticas profesionales en una mina de la empresa Hemco, localizada en Bonanza, en el Caribe nicaragüense. El joven desapareció de las instalaciones de la trasnacional, por lo que la Embajada de México alertó de su ausencia a las autoridades locales de la Policía, que iniciaron una búsqueda.

Él fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Managua sin explicación. Luego apareció golpeado, con las venas de los ojos reventadas en sangre. El Estado de Nicaragua lo acusó de “haber aparentado la desaparición”, aseguró que “se había autoinfligido” las lesiones y de inmediato lo deportaron.

En este caso la legación mexicana demandó información sobre el detenido, pero las gestiones fueron infructuosas. “Son casos muy seguidos”, sostuvo Díaz Reynoso. El 22 de junio, cinco días después de la deportación de Torres Becerra, l a politóloga Viridiana Rios, de la universidad de Harvard e investigadora del Wilson Center de Washington, pidió ayuda consular tras denunciar que la Policía Nacional “la seguía”.


Rios arribó a Nicaragua para realizar una investigación sobre desigualdad y crecimiento económico que lleva a cabo en varios países. Sin embargo, tuvo que marcharse del país al siguiente día de su llegada.

El embajador Reynoso también mencionó un caso poco conocido, el de Martha Badillo Flores, quien era buscada por Interpol por falsificación. “Nicaragua y México tienen un acuerdo de extradición, pero Managua lo incumplió porque sin previo aviso sacaron a ese señora del país”, afirmó el diplomático.

Estos casos generaron que la Secretaría (Ministerio) de Relaciones Exteriores de México, publicara un aviso en su sitio web, alertando “a personas mexicanas que viven en Nicaragua y/o a turistas con planes de viaje a este país”, sobre las recomendaciones a cumplir para evitarse problemas.

Según Díaz Reynoso, no es habitual que México emita estas advertencias. Usualmente, estos avisos se hacen para países en alto riesgo, es decir que estén en guerra, agitación social o que presentan elevados índices delincuenciales.

Sin embargo, EEUU replicó esta medida en la noche del miércoles al emitir una alerta para sus ciudadanos que piensen visitar Nicaragua. El Departamento de Estado advierte que, antes y durante el proceso electoral a realizarse en Nicaragua en noviembre próximo, del “aumento de la sensibilidad de los funcionarios nicaragüenses a ciertos temas o actividades” y pide que se abstengan de abordar temas como las elecciones, el proyecto de canal interoceánico, visitas de voluntariado o de caridad, o tópicos considerados delicados o por críticos del gobierno.

“Las autoridades nicaragüenses han negado la entrada a, detenido, interrogado o extranjeros, incluidos los funcionarios estadounidenses de gobierno, académicos, trabajadores de ONG y periodistas, expulsado por los debates, informes escritos o artículos, fotografías y / o videos relacionados con estos temas” , dice textualmente el comunicado.


El caso del profesor Evan Ellis

Las expulsiones y deportaciones dadas en Nicaragua son asociadas con periodistas, funcionarios y catedráticos que investigan temas como el del Canal Interoceánico o de la política local. En el caso del profesor e investigador del Colegio de Guerra del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Evan Ellis, el gobierno de Ortega alegó que “no tenía una autorización oficial para realizar investigaciones en Nicaragua sobre el canal interoceánico”.

Sin embargo, en Nicaragua no existe una ley que obligue a catedráticos a pedir permiso a las autoridades para investigar algún tópico. El trámite de expulsión de Ellis fue expedito. Oficiales de Migración lo visitaron a las 11 de la noche del 14 de junio y le indicaron que tenía hasta las cinco de la mañana para salir del país.



El Departamento de Estado denunció que junto a Ellis fueron expulsados dos funcionarios más, pero sus nombres no fueron revelados. “ Creemos que fue injustificado e inconsistente con la agenda positiva y constructiva que buscamos con el gobierno de Nicaragua”, declaró el portavoz de la cancillería estadounidense, John Kirby.

Ellis publicó esta semana un extenso artículo en el que relató su “nada placentera experiencia con el gobierno de Nicaragua”, y sobre el canal. “Más allá del daño que está haciendo el régimen de Ortega al desarrollo y prosperidad de su propio pueblo, la audacia de expulsar a tres funcionarios estadounidenses, sugiere que la estrategia de un compromiso respetuoso y constructivo con el régimen nicaragüense, no está funcionando”, plasmó el catedrático, especialista en las relaciones entre China y Latinoamérica.

Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), ha conocido y acompañado varios de estos casos. Le dijo a Univision Noticias que el “común denominador” de estas expulsiones es “la arbitrariedad”.

“El tratamiento a los extranjeros está plagado de irregularidades, con irrespeto al debido proceso legal que establece la misma ley de Migración y Extranjería”, afirmó el abogado.

Las “irregularidades” descritas por Carrión –una de las voces más respetadas en Nicaragua por la defensa de los derechos humanos– son que los extranjeros no son parte del proceso, es decir no pueden ser oídos, alegar a favor propio, no pueden apelar, “y ni siquiera les notifican las resoluciones”.

“Esta es una práctica sistémica, porque no es un hecho aislado. Son más de 25 los extranjeros expulsados en un periodo corto de tiempo”, dijo Carrión.

Los otros expulsados y deportados

Aparte de los casos descritos en este artículo, desde que Daniel Ortega volvió al poder en 2006, al menos otros 16 extranjeros han sido expulsados y deportados:



  • Junio de 2010: El misionero de origen italiano Alberto Boschi, a quien le cancelaron su nacionalidad nicaragüense.
  • Noviembre 2012: El periodista Peter Torbiörnsson, quien realizó el documental Good Bye Nicaragua.
  • Marzo de 2013: Mateo Cardella Costa, hijo de Francesco Cardella, nombrado embajador de Nicaragua en Arabia Saudí.
  • Mayo de 2013: El fotoperiodista chileno de la Agence France-Presse (AFP), Héctor Retamal, señalado de violar la ley de migración.
  • Mayo de 2013: El exgobernador venezolano del estado Carabobo, Henrique Fernando Salas Feo, y el diputado venezolano Carlos Berrizbeitia, a quienes les retuvieron sus pasaportes.
  • Junio de 2013: El boliviano Carlos Ariñez Castel, pareja de Zoilamérica Narváez, hija de la primera dama Rosario Murillo, fue deportado a Costa Rica.
  • Diciembre de 2014: La periodista belga Michèle Sennesael, quien realizaba un reportaje sobre el Canal Interoceánico.
  • Febrero de 2015: Al activista norteamericano Jason Glaser, director de la Fundación Isla, que trabaja con los enfermos de Insuficiencia Renal Crónica en el occidente de Nicaragua.
  • Mayo de 2015: Luis Carlos Buob, miembro del Centro por la Justicia y Derecho Internacional, también fue regresado a Costa Rica por “decisión soberana” del país. También la abogada Marta González.
  • Junio de 2015: El caricaturista francés Jules Berjeaut, quien venía a participar en el encuentro Centroamérica Cuenta.
  • Enero de 2016: Las artistas del colectivo boliviano TransformArte, Liz Morales e Irumaki Cárdenas, a quienes les fue negada la entrada al país.
  • Febrero de 2016: Carlos Ponce, director para Latinoamérica de Freedom House.

Más contenido de tu interés