Argentina, escéptica ante los documentos sobre la dictadura desclasificados por EEUU
Un total de 1,081 documentos con detalles del funcionamiento del aparato de exterminio en Argentina durante la dictadura entre 1977 y 1982. Información desclasificada, que proviene de 14 agencias y departamentos del Gobierno de Estados Unidos. Relatos de secuestros, desapariciones y torturas de ese período.
Con una conferencia de prensa en la Casa Rosada se hizo pública este lunes toda esa documentación, que había sido entregada por el secretario de Estado John Kerry al presidente argentino, Mauricio Macri. “Es el primer grupo de materiales desclasificados. Ayudarán para la investigación y serán un complemento en el trabajo en los juicios”, dijo Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
Los últimos documentos secretos se suman a los que ya habían sido desclasificados en 2002. El anuncio de esta nueva desclasificación fue hecho poco antes de la visita que hizo el presidente Barack Obama a Buenos Aires en marzo pasado y del 40 aniversario del golpe de Estado de 1976 que encumbró en el poder a una dictadura militar apoyada inicialmente por Washington.
Los organismos de derechos humanos de Argentina destacaron el gesto de Estados Unidos, pero se mostraron escépticos sobre el valor real de los documentos, ya que no incluyen los informes sobre inteligencia, pedidos en marzo durante la visita de Obama al país. “Ojalá traigan luz y brinden datos concretos sobre el destino de los nietos secuestrados. Pero no hay que ilusionarse mucho”, dijo Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, en una conferencia de prensa, a pocas horas de la publicación de los documentos.
La antropóloga Valeria Barbuto, directora de Memoria Abierta, una alianza de organizaciones de derechos humanos que trabaja para aumentar el nivel de información y conciencia social sobre el terrorismo de Estado, calificó de “auspiciosa” la desclasificación, pero consideró que falta la información más sustancial.
“Cuando el presidente Obama vino en marzo, las organizaciones de derechos humanos pedimos la desclasificación de las agencias vinculadas a la inteligencia (CIA y Agencia de Inteligencia de la Defensa). Los documentos que se dieron a conocer ahora son interesantes porque tienen mucha información de la administración de Jimmy Carter, para quien las relaciones bilaterales eran fundamentales. Pero sigue faltando la documentación que pedimos".
" Se produce mucha información importante en términos de investigación histórica, pero poco útil en términos de procesos judiciales. La información de las agencias de inteligencia es la más sustancial. Y lo podemos ver analizando los procesos de desclasificación de otros países”, analizó Barbuto.
Por su parte, Luz Palmás Zaldua, coordinadora del Equipo de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales, espera que la siguiente desclasificación de documentos, prevista para el próximo año, contemple documentación de inteligencia como ocurrió en el caso de Chile a fines de la década de 1990.
“Este primer informe contiene memos de reuniones, correspondencia presidencial y archivos de miembros de la Casa Blanca, entre otros documentos. Aunque no está la información que solicitamos, los cables siempre son importantes para respaldar otras fuentes en un proceso judicial. Estamos muy ansiosos por tener la documentación de inteligencia. Ojalá llegue con la segunda desclasificación, que se hará el año próximo”, manifestó.
"Fantasía sobre los archivos"
José Schulman, uno de los sobrevivientes de la última dictadura y secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se mostró escéptico sobre la efectividad de estos documentos en las causas.
“La base fáctica y documental de los juicios fue el testimonio de los sobrevivientes. Además del material que pudieron recabar los organismos de derechos humanos, a través de las denuncias de los familiares. Hay mucha fantasía sobre los archivos y papeles desclasificados por parte de los Estados Unidos, pero la prueba verídica sigue siendo la convergencia de los testimonios”, opinó.
Schulman recordó la emblemática “Causa 13” de 1985, que dictó sentencia en el marco del Juicio a las Juntas Militares y confirmó un plan sistemático de exterminio por parte de la dictadura cívico militar, que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.
“Esa causa da por probado el plan de exterminio e indica que, dadas las características del terrorismo de Estado, el testimonio de los sobrevivientes es jurídicamente necesario. Y de hecho constituyeron una prueba en el 98% de los casos. ¿Acaso piensan que Estados Unidos publicará documentos sobre las relaciones entre el Comando Sur del Ejército y la dictadura argentina? ¿O estarán las órdenes de Henry Kissinger (secretario de Estado estadounidense en 1976) a los otros jerarcas, que avalaron y legitimaron el golpe? Yo no lo creo”, afirmó.
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