Cómo EEUU modificó su informe de derechos humanos para reflejar las posturas de Trump y favorecer a sus aliados

El gobierno de Donald Trump publicó esta semana su informe anual de derechos humanos en países de todo el mundo con importantes y polémicas modificaciones respecto a ediciones anteriores.

Este documento del Departamento de Estado, que es considerado como el estudio en su ámbito más completo realizado por cualquier gobierno, disminuye de manera notable las críticas a algunos aliados actuales de Estados Unidos, como Israel y El Salvador.

Sin embargo, incluye más señalamientos contra países con gobiernos frecuentemente atacados por Trump, como Brasil y Sudáfrica. También cuestiona las restricciones a la libertad de expresión política de algunos de los aliados más estrechos de EEUU en Europa, que según funcionarios estadounidenses, se dirigen a políticos de derecha.

Por otro lado, el texto refleja las graves condiciones de derechos humanos en algunos países que, paradójicamente, han aceptado recibir migrantes expulsados de EEUU en el marco de la ofensiva migratoria del republicano.

Además, la nueva edición del informe elimina las menciones a la discriminación que enfrentan las personas LGBTQ+ y el enfoque de anteriores estudios en los derechos reproductivos.

El informe se centra en las situaciones de cada país en el año 2024, y por lo tanto, antes de que Trump regresara a la Casa Blanca. Sin embargo, refleja claramente el enfoque de su gobierno en temas como la libertad de expresión y la postura ante el aborto.

"El informe de este año se optimizó para una mayor utilidad y accesibilidad en el terreno y por parte de los socios", declaró el Departamento de Estado sobre los cambios sufridos por la publicación.

Los informes exigidos por el Congreso en el pasado han sido utilizados con frecuencia como referencia y citados por legisladores, investigadores, académicos y funcionarios que investigan posibles solicitudes de asilo o analizan las condiciones en países específicos.

El informe de DDHH

se retrasó debido a los cambios del gobierno de Trump

El informe sobre derechos humanos debía publicarse en marzo. El Departamento de Estado aseguró que el retraso se debió a que el gobierno de Trump decidió "ajustar" los datos compilados durante el mandato de Joe Biden.

Entre otras omisiones, el nuevo informe no incluye relatos de sobrevivientes o testigos de abusos. "Con frecuencia, los testigos presenciales son intimidados o se les impide informar lo que saben", se lee.

"Por otro lado, las personas y los grupos que se oponen a un gobierno pueden tener incentivos para exagerar o inventar abusos. De manera similar, algunos gobiernos pueden distorsionar o exagerar los abusos atribuidos a grupos de la oposición".

Grupos de derechos humanos denunciaron los cambios de enfoque y las omisiones de ciertas categorías de discriminación y posibles abusos.

"Con la publicación del informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de EEUU queda claro que el gobierno de Trump ha realizado una documentación muy selectiva de los abusos contra los derechos humanos en ciertos países", declaró Amnistía Internacional en un comunicado.

El organismo agregó que, además de eliminar secciones enteras para ciertos países —por ejemplo, la discriminación contra las personas LGBTQ+—, también existen omisiones arbitrarias en secciones existentes del informe según el país.

Los informes siguen prácticas previas al criticar los abusos generalizados de derechos humanos en China, Irán, Corea del Norte y Rusia.

El informe expone el deficiente historial de derechos humanos de los países que aceptan migrantes deportados desde EEUU

Aunque el aumento de deportaciones de inmigrantes no comenzó hasta después de la toma de posesión de Trump, el informe detalla las deficientes condiciones de derechos humanos en muchos de los países que han aceptado recibir a migrantes, incluso si no son ciudadanos de esa nación.

Pero existe una notable excepción a estas críticas: El Salvador, que fue el primero de varios países de América Latina y África en aceptar migrantes no ciudadanos deportados desde EEUU.

A pesar de las repetidas críticas de defensores de derechos humanos, el informe sobre el país centroamericano afirma que "no hubo informes creíbles de abusos significativos de derechos humanos" en El Salvador en 2024 y que "el gobierno tomó medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos” de este tipo.

Sin embargo, grupos de derechos humanos han acusado a las autoridades salvadoreñas de abusos, incluso en el Cecot, la prisión de máxima seguridad conocida como la “megacárcel” a la que Washington envió a cientos de inmigrantes.

Pero en el caso de Esuatini —un pequeño país de África antes conocido como Suazilandia—, Sudán del Sur y Ruanda, el informe presenta un panorama mucho más sombrío. Los tres han acordado aceptar deportados de terceros países desde EEUU.

En estos últimos países, el informe señala que entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen informes creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegales, tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes… graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, la prohibición de sindicatos independientes o restricciones significativas o sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores”.

Esos gobiernos “no tomaron medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”, según el informe.

Críticas a Sudáfrica y la situación de los afrikáners

Sudáfrica también fue señalada en el informe por el “deterioro significativo” de su situación de derechos humanos.

El estudio señaló el supuesto trato injusto que sufrieron los afrikáners tras la firma de importantes reformas agrarias que, según el gobierno de Trump, discriminan a esta minoría, que lideró el gobierno del apartheid del país.

Ese sistema impuso brutalmente la segregación racial, que oprimió a la mayoría negra durante 50 años antes de su fin en 1994.

Con la firma de esas reformas en diciembre, el informe señala que “Sudáfrica dio un paso sustancialmente preocupante hacia la expropiación de tierras de los afrikáners y nuevos abusos contra las minorías raciales en el país”.

También afirma que el gobierno sudafricano “no tomó medidas creíbles para investigar, procesar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluyendo retórica racial incendiaria contra los afrikáners y otras minorías raciales, o violencia contra minorías raciales”.

Este año, el gobierno de EEUU admitió como refugiados a algunos grupos de afrikáners blancos.

Acusaciones a aliados europeos de restringir la libertad de expresión de la derecha

El informe cuestiona lo que el gobierno de Trump considera restricciones a la libertad de expresión impuestas contra voces generalmente de derecha en países tradicionalmente aliados de Washington como Reino Unido, Francia y Alemania.

El reporte usa un lenguaje idéntico para afirmar que la situación de los derechos humanos en cada uno de los tres aliados de la OTAN “empeoró a lo largo del año” 2024.

Los resúmenes ejecutivos de cada uno de los tres informes indican que “entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen informes creíbles de graves restricciones a la libertad de expresión, incluyendo la aplicación o la amenaza de leyes penales o civiles para limitar la expresión; y delitos, violencia o amenazas de violencia motivados por el antisemitismo”.

Estos gobiernos han rechazado las afirmaciones de altos funcionarios estadounidenses sobre este tema, como el propio Trump, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Ataques a Brasil y acusaciones de restringir la libertad de expresión de Bolsonaro

El informe plantea supuestos problemas similares de libertad de expresión en Brasil, que recientemente provocó la ira de Trump al procesar a su aliado, el expresidente de derecha Jair Bolsonaro, y condujo a la imposición de aranceles y sanciones masivas por parte de EEUU contra el presidente del Tribunal Supremo de Brasil.

“La situación de los derechos humanos en Brasil se deterioró durante el año”, señala el informe.

“Los tribunales adoptaron medidas amplias y desproporcionadas para socavar la libertad de expresión y la libertad en internet al bloquear el acceso a información de millones de usuarios en una importante plataforma de redes sociales en respuesta a un caso de acoso”, se lee en referencia al bloqueo temporal el año pasado de la red social X en el país por orden judicial.

Añade que el gobierno brasileño “socavaba el debate democrático al restringir el acceso a contenido en línea considerado socavador de la democracia” y menciona específicamente la supresión de la libertad de expresión de Bolsonaro y sus seguidores.

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