"Los indultos en EEUU han sido completamente corrompidos": Liz Oyer, exabogada de perdones, despedida por el gobierno de Trump

El poder de indulto en Estados Unidos, que fue concebido como una autoridad presidencial amplia que históricamente se ha usado como una válvula de seguridad para corregir sentencias excesivas o injustas, y aunque en el pasado algunos generaron agrias polémicas, la práctica ha alcanzado niveles de controversia nunca vistos bajo la segunda administración del presidente Donald Trump.

Para Elizabeth (Liz) Oyer, quien fuera hasta marzo de 2025 la abogada de Indultos (U.S. Pardon Attorney), la oficina encargada de analizar y promover casos para la consideración de la clemencia presidencial, afirma que el proceso ha sido "completamente corrompido".

Oyer, una abogada de carrera que se desempeñaba en el cargo desde 2022, fue destituida el 7 de marzo de 2025 por el Departamento de Justicia (DOJ). En su testimonio ante el Congreso, Oyer afirmó que su despido se produjo poco después de negarse a recomendar la restauración del derecho a portar armas al actor Mel Gibson, un aliado político de Trump, al que nombró como su "embajador" en Hollywood. El fiscal general adjunto Todd Blanche ha desestimado las declaraciones de Oyer, pero el DOJ no ofreció detalles de las razones del despido.

Esta "corrupción" que Oyer señala, se manifiesta en la concesión de perdones que Trump está haciendo a figuras de alto perfil, aparentemente basándose más en conexiones personales, políticas o dinero, que en el mérito tradicional. Entre los indultados por Trump se encuentran políticos, como el expresidente de Honduras condenado por delitos de tráfico de drogas hacia EEUU, Juan Orlando Hernández, ejecutivos de criptoempresas y donantes de la campaña de Trump o inversionistas.

El peligro de este uso del indulto para el sistema judicial radica en que estos perdones anulan años de trabajo de fiscales y agentes de la ley, ignoran a las víctimas y eliminan las obligaciones de pagar más de millones de dólares en restituciones, socavando la confianza pública en la equidad de la justicia.

Liz Oyer habló con Univision Noticias:

P: ¿Podría describir brevemente su experiencia como abogada de Indultos?

Liz Oyer: Mi experiencia previa es como defensora pública federal; defendí durante muchos años a individuos acusados de delitos federales antes de unirme al Departamento de Justicia como abogada de Indultos. Mi función principal era hacer recomendaciones al presidente sobre el uso de su poder de clemencia. La Constitución de Estados Unidos otorga al presidente un poder muy amplio para conceder indultos y conmutaciones a cualquier persona condenada por un delito federal. Mi rol era intentar garantizar que se aplicaran estándares coherentes al evaluar esos casos y asegurar que el proceso de clemencia fuera justo para todos.

P: A principios de este año usted fue despedida, poco después de negarse a recomendar la restitución de los derechos de armas a Mel Gibson. ¿Qué le reveló ese momento sobre la dinámica del proceso de indultos en la actual administración?

Liz Oyer: Se me pidió hacer algo bastante inusual: emitir una recomendación específica para que un individuo en particular recibiera el beneficio de la restitución de sus derechos de armas. Normalmente, el Abogado de Indultos realiza una evaluación independiente y proporciona una recomendación neutral a quien toma la decisión. En este caso, se me estaba pidiendo una recomendación específica.

Mi opinión era que el deseo de la administración era utilizarme para dar una apariencia de legitimidad a una decisión que en realidad era un favor político para un amigo del presidente. Mel Gibson fue designado embajador de Hollywood por el presidente Trump, y su relación personal fue citada como una razón importante para que yo estuviera cómoda haciendo esta recomendación. Yo no estaba cómoda porque es muy peligroso que personas con antecedentes de violencia doméstica, como Mel Gibson, posean armas de fuego.

P: ¿Fue la primera vez o fue un caso único un pedido así (el de restituir el porte de armas a Mel Gibson) su mandato?

Liz Oyer: Sí, esta fue una situación totalmente única para mí. Normalmente, el Abogado de Indultos no hace recomendaciones sobre la restitución del derecho a portar armas. Específicamente, el Abogado de Indultos trabaja de forma más general en la clemencia ejecutiva, que es la decisión del presidente. En el caso de Mel Gibson, se le pidió a la fiscal general, Pam Bondi, que restituyera el derecho de Gibson a portar armas, y a mí se me pidió que le escribiera un memorando recomendándole que le devolviera su derecho a poseer un arma de fuego, que había perdido tras su condena por violencia doméstica.

P: Al final... ¿Mel Gibson ahora puede comprar armas?

Liz Oyer: Sí. Después de que me despidieran, la fiscal general procedió a restituirle su derecho a portar armas.

P: Los presidentes tienen autoridad constitucional para indultar a quien elijan, pero, ¿cómo compararía el uso de este poder bajo la administración de Trump con administraciones anteriores? Por ejemplo, tenemos la polémica del expresidente Biden dando perdón a los miembros de su familia...

Liz Oyer: Existen críticas legítimas a algunos indultos concedidos por el expresidente Biden al final de su administración, incluidos los de miembros de su familia. No considero que esos indultos fueran apropiados ni que yo los hubiera recomendado, pero, en última instancia, el presidente tiene la autoridad para indultar a quien quiera.
Sin embargo, lo que estamos viendo bajo Donald Trump es que el proceso de indultos ha sido completamente corrompido. Hay enormes cantidades de dinero que están cambiando de manos, contratando abogados, cabilderos y personas con conexiones personales directas con Donald Trump, con el fin de asegurar indultos. Esto es nuevo; no funcionaba así bajo Biden ni bajo ningún otro presidente.

Los indultos de esta administración (Trump) se están concediendo en base a consideraciones políticas, conexiones personales y poder, no en los criterios tradicionales de mérito. El presidente Biden sí tenía un proceso de revisión a través de la oficina del abogado de indultos, que brindaba a quienes lo merecían por sus méritos, sin importar sus conexiones políticas o personales, la oportunidad de que sus casos fueran considerados. Esa oportunidad no existe para la gente común bajo la presidencia de Donald Trump.

P: Cuando el expresidente Biden concedió clemencia a familiares suyos, ¿se le pidió su opinión en ese momento?

Liz Oyer: La oficina del Abogado de Indultos no fue consultada sobre esa decisión. Ciertamente, si se me hubiera pedido antes de la decisión, habría dado mi opinión sincera, como hice en el caso de Mel Gibson. Pero, si se toma una decisión y no se consulta al abogado de indultos, no hay forma de deshacer esa decisión después de los hechos.

P: ¿El proceso ordinario a través de la Oficina del Abogado de Indultos sigue vigente para la mayoría de los casos? ¿Todas las solicitudes de clemencia que se presentan a los presidentes pasan por allí?

Liz Oyer: Por más de cien años, el Departamento de Justicia ha contado con la Oficina del Abogado de Indultos, la oficina que yo dirigí, que está compuesta enteramente por empleados de carrera no políticos. El proceso debería funcionar de la siguiente manera: las personas que solicitan clemencia al presidente presentan su solicitud a través de esta oficina. La oficina realiza una investigación, evalúa cuidadosamente a los solicitantes y luego presenta una recomendación al presidente basándose en una serie de criterios establecidos en un documento llamado Manual de Justicia. Así es como debería funcionar. Sin embargo, no tiene por qué ser así, ya que la Constitución otorga al presidente esta amplia facultad y, durante la presidencia de Trump, la Oficina del Abogado de Indultos ha sido, en gran medida, marginada y no se está utilizando el proceso de solicitud habitual. Hay alrededor de 19,000 casos pendientes en la oficina.

P: Trump ha indultado a políticos de alto perfil y ejecutivos de criptoempresas. ¿Qué piensa sobre este patrón?

Liz Oyer: Estos indultos son realmente inusuales. Casi nadie a quien el presidente Trump ha indultado cumple con los criterios establecidos por el DOJ. Los indultos se otorgan generalmente a personas que cometieron delitos de bajo nivel, cuyos crímenes son del pasado distante, y que han demostrado que se han ganado una segunda oportunidad al reconstruir sus vidas y contribuir productivamente a sus comunidades. Los indultos de Trump no cumplen con estos criterios. Son en su mayoría personas que lo obtuvieron por conexiones políticas o dinero. Hemos visto numerosos ejemplos de personas ricas que donan enormes sumas de dinero a las causas de Donald Trump, invierten en sus negocios o pagan por cenar con él en Mar-a-Lago y luego reciben indultos.

P: El indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por cargos vinculados al narcotráfico, por ejemplo, conmocionó a muchos. ¿Cuál es su opinión sobre ese caso?

Liz Oyer: Ese indulto fue impactante. Realmente desafía todas las normas tradicionales sobre quién es un candidato apropiado para la clemencia. La clemencia a veces se concede a delincuentes de drogas de bajo nivel. Pero la idea de conceder la clemencia a un capo de la droga responsable de transportar cantidades masivas de estupefacientes a Estados Unidos es realmente inaudita y un uso impactante del poder de indulto.

Tampoco ha pasado desapercibido para el público estadounidense que esto parece muy contradictorio con lo que está haciendo esta administración en cuanto a la guerra contra las drogas. El hecho de que estemos hundiendo barcos para supuestamente detener el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos, y al mismo tiempo, Trump esté indultando a este narcotraficante internacional. Realmente no hay coherencia. Parece una acción sin principios y creo que ha sido una gran sorpresa para personas de ambos lados del espectro político.

P: ¿Cómo impactan este tipo de indultos a los fiscales y funcionarios del Departamento de Justicia que trabajan durante años en casos tan grandes?

Liz Oyer: Tienen un impacto profundo. Esta (la de Juan Orlando Hernández) es una investigación que llevaba en curso al menos una década e involucró incontables horas de trabajo de personal de seguridad nacional y de aplicación de la ley. Es muy frustrante para esos individuos, así como para las comunidades afectadas y las víctimas, ver todo ese trabajo desmantelado por un indulto presidencial y sin una buena razón. Tradicionalmente, el presidente consultaría con los fiscales, las víctimas y otras partes interesadas antes de tomar una decisión, pero no parece que eso haya sucedido aquí.

P: Existe otro efecto menos visible de estos indultos: el impacto en las víctimas de los crímenes que se están indultando...

Liz Oyer: Sí. Otra cosa importante a señalar es que muchos de los indultos de Trump han ido a personas que deben grandes cantidades de restitución, es decir, dinero que robaron a las víctimas y que la ley les exige devolver. El efecto del indulto es borrar la obligación de pagar ese dinero. También borra cualquier multa impuesta por el tribunal. Hay individuos que deben literalmente cientos de millones de dólares a sus víctimas. Muchas víctimas de crímenes se quedan sin compensación debido a los indultos que Donald Trump ha concedido. Trump ha privado a las víctimas del crimen del derecho a recuperar hasta la fecha más de mil millones de dólares en restitución que se les debe. Se sienten revictimizadas.

P: ¿Está a favor de limitar o eliminar el indulto presidencial dado el abuso que ha descrito?

Liz Oyer: No creo que sea correcto decir que me opongo a las reformas del indulto. Creo que puede haber usos beneficiosos del poder de indulto. Pero veo claramente por qué el proceso ha perdido mucha credibilidad a ojos del público. Personalmente, estoy asqueada por la forma en que se están utilizando los indultos. Creo que el Congreso podría hacer mucho más, sin necesidad de eliminar por completo la facultad de indulto, para controlar al presidente, centrándose en mejorar la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas respecto a los indultos que concede. Sin embargo, para modificar realmente la facultad de indulto, tendríamos que reformar la Constitución para limitarla. Y, como sabemos, ese sería un proceso muy complejo.

Esta entrevista ha sido editada por claridad y extensión para una mejor comprensión de los lectores.