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El latino que pudo haber frenado la draconiana ley antiinmigrante de Florida y no lo hizo

El republicano José Oliva, presidente de la Cámara de Representantes de Florida, impulsó el polémico proyecto de ley contra las ciudades santuario a pesar de su impacto negativo para los inmigrantes indocumentados. Activistas criticaron la hipocresía de los conservadores, ya que afectará también a comunidades que afirman apoyar, como a los venezolanos, pero la ley hará que sea más fácil su deportación a la nación chavista.
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12 May 2019 – 12:11 PM EDT

Un proyecto de ley que prohíbe las llamadas ciudades santuario aprobado por la legislatura de Florida la semana pasada está causando una indignación generalizada entre los defensores de los inmigrantes en el sur del estado, donde viven la mayoría de los 810,000 indocumentados del estado.

La ley también ha puesto de relieve una de las estrellas emergentes del estado en círculos conservadores: el presidente de la Cámara de Representantes de Florida, José Oliva, hijo de padres cubanos que se crió en Miami y a quien los críticos ahora acusan de abandonar sus raíces de inmigrante por sus objetivos personales políticos. La ley fue aprobada con el apoyo casi unánime de los legisladores republicanos del sur de Florida, incluidos varios hispanos.

"La delegación de Miami Dade ha sido una vergüenza para su comunidad", dijo Mike Fernández, un multimillonario cubanoestadounidense quien en el pasado fue un recaudador importante de fondos para el Partido Republicano. "Estos niños nacidos en Estados Unidos seguramente no querrán pertenecer al 'Partido de la Deportación' que está persiguiendo a sus madres y padres", agregó.

El proyecto de ley estatal SB 168 exige que todas las entidades gubernamentales estatales y locales, incluidas las agencias de cumplimiento de la ley, ejecuten las solicitudes de los oficiales de inmigración de los Estados Unidos para detener a migrantes indocumentados para ser deportados. Impide específicamente a las agencias gubernamentales estatales y locales retener la "información sobre el estado migratorio de una persona".

El proyecto de ley también le otorga al fiscal general de Florida el poder de iniciar una acción civil contra los gobiernos que no cooperan.

"Una gran hipocresía"

El SB 168 fue uno de los proyectos más controvertidos de esta sesión legislativa, con varias versiones que pasaron entre la Cámara de Representantes y el Senado en los últimos dos meses. En esas versiones se incluyeron los esfuerzos para crear excepciones para algunas categorías de inmigrantes, como los venezolanos y nicaragüenses que enfrentan la deportación a naciones en crisis, donde los regímenes respectivos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega se encuentran bajo fuertes sanciones estadounidenses por presunta corrupción y abusos contra la democracia y los derechos humanos. Finalmente, no se protegió a estos inmigrantes.

“Esta ley afectará a un gran número de personas que no han podido obtener un estatus legal por una razón u otra. Ahora, si son detenidos, serán deportados”, dijo José Colina, exoficial de la Guardia Nacional venezolana que huyó de Venezuela en 2002 y ahora es presidente del grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX). "Es una gran hipocresía porque esos mismos políticos vienen a nuestras comunidades para hablar sobre la causa de la democracia en Venezuela, dicen que están con nosotros y luego aprueban leyes que no nos protegen y que son dañinas", agregó.

Colina pasó más de dos años en un centro de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Ahora reside legalmente con un estatus de refugiado temporal de las Naciones Unidas, que debe renovar anualmente.


Los republicanos de Florida han cortejado a los exiliados venezolanos, haciendo una causa común con la más establecida comunidad cubanoestadounidense, para atacar al régimen de Maduro mientras que acusan a los demócratas de ser demasiado blandos con el chavismo.

Los demócratas también se plantearon otras exenciones al proyecto de ley para miles de centroamericanos en peligro de perder su Estatus de Protección Temporal (TPS), que les permite permanecer y trabajar en los Estados Unidos. Igualmente intentaron proteger a los dreamers, los jóvenes que fueron traídos al país como niños por sus padres inmigrantes indocumentados. Pero fue en vano.

La administración de Donald Trump ha tratado de eliminar las protecciones tanto para los titulares de TPS como para los soñadores.

La aprobación de la SB 168 fue una de las principales promesas de campaña del gobernador republicano del estado, Ron DeSantis, en las elecciones de 2018, aunque ninguna ciudad de Florida se haya declarado a sí misma como santuario para los indocumentados. DeSantis se presentó como un conservador de línea dura con el fuerte respaldo personal de Trump, e hizo de la prohibición de las ciudades santuario un punto clave en su discurso inaugural y el discurso del Estado del Estado en marzo.


Desde su elección, se ha distanciado del presidente en varios temas, especialmente en medio ambiente, pero se ha mantenido fiel a las duras políticas contra los inmigrantes que muchos analistas consideran la piedra angular del atractivo populista de Trump para su base política.


“El Partido Republicano ha llegado a la conclusión de que el tema de la inmigración es altamente peligroso. No tener una posición draconiana antiinmigrante es poner en peligro su futuro político", dijo Fernand Amandi, un encuestador del Partido Demócrata de Miami y presentador del podcast 'Días Extraños with Fernand Amandi'. "DeSantis está demostrando que sabe cómo ganar votos (en la base republicana). Él sabe que no se muerde la mano que te da a comer", agregó.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado (22 votos a favor y 18 en contra) y la Cámara de Representantes (con 68 votos frente a 45), y DeSantis ha dado todos los indicios de que lo firmará.

Anitere Flores, de Miami, fue el único miembro del Partido Republicano que votó en contra en el Senado. En la Cámara de Representantes, el representante Vance Aloupis, de Miami, y el representante René Plasencia, de Orlando, fueron los únicos republicanos que no dieron su apoyo a la medida.

El gobernador republicano, por su parte, elogió el proyecto de ley después de su aprobación la semana pasada y dijo en un comunicado: "Somos un estado más fuerte cuando protegemos a nuestros residentes, fomentamos comunidades seguras y respetamos el trabajo de las autoridades en todos los niveles".


Temores en aumento

"Es un tema complejo. Por un lado, la legislatura tiene el deber de aprobar leyes para mantenernos a salvo", dijo Jorge Bonilla, un locutor conservador de radio en Orlando, que apoya a DeSantis. "Pero, no queremos que las comunidades vulnerables de venezolanas y nicaragüenses se vean afectadas por esto. Estoy seguro de que en algún momento intentarán solucionarlo".

Los analistas políticos dicen que Oliva ha establecido una relación cercana con DeSantis al respaldar su campaña para gobernador desde el principio. A cambio de apoyar a DeSantis en materia de inmigración y otros temas, como la reforma educativa, Oliva recibió el apoyo del gobernador en su causa favorita de reducir los costos de atención médica mediante reformas del mercado libre para lograr una mayor competencia en los hospitales.

"Mi sospecha es que a él (Oliva) no le importa el tema (de las ciudades) santuario", dijo un veterano consultor político que pidió no ser identificado.

Oliva ayudó a dirigir el polémico proyecto de ley a través de la Cámara de Representantes, y preservó una versión más dura del proyecto de ley de la Cámara Baja luego de que el Senado intentó diluir aspectos polémicos de la iniciativa.

"Le interesara o no, él tiene total responsabilidad (de que saliera). Si no hubiera querido que la ley se aprobara, tenía el poder, la capacidad y la razón para frenarla", dijo Amandi.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha pedido que las personas no viajen a Florida si el proyecto de ley se convierte finalmente en ley. Advirtió que su aprobación "socavaría la capacidad de los gobiernos locales para proteger los derechos civiles de sus residentes al obligar a los funcionarios locales a cooperar con ICE", citando como prueba que las autoridades federales de inmigración han pedido a Miami Dade que detenga en las cárceles del condado a cientos de personas que resultaron ser ciudadanos estadounidenses.

"Tanto los residentes de Florida, los ciudadanos y los no ciudadanos, como los viajeros, podrían correr el riesgo de ser detenidos sin una causa probable, simplemente por su aspecto racial", afirma la ACLU de Florida en su sitio web.


El proyecto de ley también podría causar que las víctimas y testigos de crímenes decidan no colaborar con las autoridades por temor a ser deportados.

El jefe de la policía de Miami, Jorge Colina, ha denunciado públicamente la propuesta de ley diciendo que preferiría que lo echaran del cuerpo antes que le obliguen a obedecer a las autoridades de inmigración. Hablando con una estación de radio en español, Actualidad Radio, dijo: "No me importa si no tiene papeles, de dónde vienes o quiénes son sus padres", dijo Colina. "Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es asegurarme de que todos en esta ciudad estén a salvo".


Estrella naciente

Oliva, de 46 años, se hizo popular en los últimos dos años después de que se convirtió en el primer representante del condado de Miami Dade en ser presidente de la Camera de Representantes desde Marco Rubio, quien ocupó el cargo en 2007 y 2008. El ahora senador de los EEUU, Rubio usó el puesto como una plataforma de lanzamiento para su carrera en el escenario político nacional, incluida una candidatura presidencial para 2016.

Sin embargo, Oliva ha dicho que a pesar de ocupar una de las tres posiciones más poderosas en Florida, no tiene ambiciones políticas después de que termine su mandato el próximo año. El legislador estatal es un millonario fabricante de puros que llegó a Tallahassee por una ruta diferente y no está en deuda con el sistema político, como muchos otros dirigentes.

A pesar de sus raíces cubanas, Oliva se ha mantenido en gran parte fuera del debate sobre la política estadounidense hacia el gobierno comunista de Cuba, o la actual crisis política en Venezuela. En cambio, prefiere los problemas locales, como la atención médica, el aborto, el control de armas y la educación.

Sí es cierto, sin embargo, que es director del Consejo de la Libertad Cubana, que está a la vanguardia de la causa de los exiliados de línea dura en apoyo de un bloqueo más estricto contra el gobierno cubano.

Su filosofía de un gobierno pequeño lo ha convertido en un ardiente partidario de la reforma de la salud, culpando de los altos costos de salud a los monopolios subsidiados por el gobierno. Su principal prioridad en la sesión legislativa de 2019 era impulsar reformas de reducción de costos, así como eliminar el requisito de que los nuevos hospitales demuestren que existe una "necesidad" local y permitir una mayor competencia entre clínicas y hospitales.


Hombre de puros


Cuando no asiste a la Cámara de Representantes, Oliva dirige la compañía de puros de su familia. El cubanoamericano se negó a ser entrevistado para este artículo y su equipo dijo que estaba pasando tiempo con su esposa y sus tres hijos después del final de la concurrida sesión legislativa de dos meses en Tallahassee.

Oliva, quien representa al distrito de Miami Lakes en North Miami, se describe a sí mismo como un republicano conservador que cree en la desregulación y en un gobierno con pocas competencias. "Creo que la gente debería poder tomar las decisiones que les gustaría tomar por sí mismas", dijo a CBS Miami en una entrevista en marzo sobre sus prioridades legislativas. "No quiero obstaculizar la capacidad de alguien para tomar sus decisiones. No quiero decirle a nadie cómo vivir sus vidas", dijo.

En una discusión sobre el aborto, Oliva usó el término "cuerpo de acogida" para describir a las mujeres embarazadas y luego se disculpó por su elección de palabras diciendo que no tenía intención de degradar a las mujeres. “Creo firmemente que tanto la madre como el niño tienen derechos y que el alcance y el equilibrio de esos derechos siguen siendo cuestionables," agregó.

El legislador estatal republicano incorpora los puros en su trabajo cuando de reúne con políticos en su casa en Tallahassee. La familia comenzó en la industria del tabaco en Cuba en el siglo XIX, según el sitio web de su compañía. Los padres de Oliva se fueron de Cuba en 1964 y se mudaron a Nicaragua antes de establecerse en Estados Unidos en la década de 1970.

Abandonó la universidad antes de graduarse para comenzar su propia compañía con sus hermanos en 1995, en medio del auge del consumo de cigarros en Estados Unidos. Los hermanos vivían juntos en un mismo apartamento y compartían un automóvil hasta que se ahorraron lo suficiente, según el diario Miami Herald.

El negocio despegó y ahora emplean a más de 1,000 personas, principalmente en su fábrica en Nicaragua, con una producción anual total de 15 millones de cigarros hechos a mano. Oliva anotó su patrimonio neto como 12 millones de millones en sus formularios de divulgación financiera del estado en 2015, con un ingreso anual de 1.2 millones de dólares.

En 2014, el cigarro mejor clasificado de la compañía, Oliva Serie V Melanio Figurado, fue nombrado 'Cigarro del año' por Cigar Aficionado. La compañía fue comprada por un importante fabricante de cigarros belga en 2016, aunque los Oliva se quedaron con la nueva empresa, creando una alianza transatlántica de tabaco sin precedentes con una facturación de 100 millones de dólares, según la compañía.

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