Nuevas leyes antidisturbios socavan nuestra democracia

La democracia le está quedando tan grande al Partido Republicano que le está dedicando todos sus recursos a socavarla. El ejemplo más reciente son las leyes para prevenir las manifestaciones de protesta con el pretexto de que son violentas y dañan propiedades y personas. Su verdadero objetivo es “poner en su lugar” al movimiento de Black Lives Matter, que ha movilizado a millones de afroamericanos, miembros de otras minorías y jóvenes, y proteger los monumentos a la esclavitud, al racismo y al odio que son las estatuas confederadas, esas consentidas de los racistas.

Los republicanos han presentado por lo menos 90 leyes contra las manifestaciones públicas en 35 estados. Tal vez la más retrógrada es la que acaban de imponernos a los floridanos. La firmó la semana el gobernador Ron DeSantis, con algazara y ostentación de alguaciles blancos no hispanos de trasfondo. Aumenta dramáticamente las penalidades por delitos cometidos durante una protesta pública. Crea la figura penal kafkiana de “disturbio agravado”, la cual convierte en ilegal el que “una persona, reunida con dos o más personas y actuando con común intención, usen la fuerza o amenacen con usarla, para compeler o inducir, a que otra persona… mantenga un punto de vista en contra de su voluntad”. Convierte en cómplices de manifestantes violentos a espectadores de protestas; permite que la policía decida qué es un disturbio (“riot”); y ofrece inmunidad a quien ataca a manifestantes con armas o vehículos si se sienten “amenazados”.

No hay justificación política o moral para protestar con violencia o causar disturbios. Pero sobran las leyes federales y estatales que castigan esas transgresiones. Además, un análisis independiente del Crowd Counting Consortium, en la Universidad de Connecticut, revela que, de 12,000 protestas públicas el año pasado, 96 % no causaron daños a propiedades y 98 % no provocaron lesiones a nadie. Estos datos sugieren que no hay necesidad de adoptar medidas draconianas contra las protestas.

Lo que en realidad motiva el celo represivo republicano es el afán de acallar manifestaciones públicas que crean conciencia cívica sobre las injusticias y los abusos por parte de miembros de las fuerzas policiales y que movilizan a votantes en contra de quienes intentan mantener a toda costa el statu quo. “No hemos visto nada así en nuestra experiencia de rastrear estas tendencias”, afirma Elly Page, directora de la U.S. Protest Law Tracker. "(Estas leyes) son de una naturaleza sin precedente y extremas en el nivel al que llegan en restringir y enfriar el derecho a la protesta".

Tampoco es la primera vez que los republicanos atacan de forma sistemática el derecho a protestar que garantiza la Primera Enmienda a la Constitución. En 2017, cuando comenzaban las manifestaciones públicas contra los atropellos que cometía Donald Trump, los republicanos adoptaron medidas para coartar el derecho a manifestarse en 20 estados. Por fortuna, las cortes echaron abajo la mayoría. Como en tantas otras ocasiones, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, lideró la batalla legal.

La ACLU y otros grupos cívicos están regresando a las cortes para retar el nuevo asalto republicano contra nuestra democracia. Las leyes antidisturbios se inspiran en las que han usado dictadores y dictaduras en otras partes del mundo. Su objetivo idéntico al de esas leyes tiránicas: silenciar el clamor de justicia social que encierran las protestas como las que organizan activistas de Black Lives Matter. A los republicanos extremistas les preocupa, en particular, la solidaridad que las manifestaciones callejeras ha despertado entre muchos miembros de otros grupos étnicos que luego votan por un cambio.

La ofensiva antidisturbios de los republicanos crea una responsabilidad especial entre los organizadores de protestas de educar a las personas a las que convocan. Deben hacer hincapié en su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente, cumpliendo con los requisitos que imponen las leyes y reglas razonables que eventualmente sobrevivan a las demandas legales. También son responsables de asesorarse debidamente con profesionales que conozcan esas leyes y reglas.

Lo ideal sería que los legisladores y gobernantes de estados donde se llevan a cabo protestas intensas escucharan el clamor de los manifestantes, incluso si no siempre están de acuerdo con lo que reclaman. Ese es un rasgo fundamental de la democracia. Por contraste, la represión de protestas mediante la fuerza bruta o leyes arbitrarias, como las que promueven los republicanos, niega peligrosamente una importante tradición democrática de nuestro país.

Nota : La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de Opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.