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Nicaragua, ¿quedó atrás una democracia incipiente?

“Al igual que Somoza, Ortega ha restringido las libertades fundamentales, manejando a su antojo las instituciones, y ha puesto a sus familiares cercanos al frente del aparato gubernamental”.
Opinión
Académico visitante en la Escuela de Asuntos Internacionales Elliott de la Universidad George Washington. Exembajador de Guatemala ante los Estados Unidos, las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York, la Organización de Estados Americanos, Canadá, Alemania y Noruega
2016-08-03T13:57:44-04:00
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Daniel Ortega busca su tercera reelección Crédito: AP

La decisión del Consejo Supremo Electoral, a instancias del Presidente Daniel Ortega, de separar de sus cargos a 16 diputados titulares y 12 suplentes del principal partido de oposición, es el mayor golpe a la democracia incipiente de Nicaragua. El objetivo de Ortega sería terminar con el pluralismo político en anticipación de las elecciones generales convocadas para el 8 de noviembre, y quebrantar la democracia representativa a la que aspiran los nicaragüenses y a la que se ha comprometido Nicaragua al ser parte de tratados y convenios internacionales que incluyen cláusulas democráticas.

La decisión del Consejo Supremo Electoral en apariencia ha sido legal, pero no está del todo claro que ese órgano tenga la facultad constitucional para remover diputados electos democráticamente. Es la propia Asamblea Legislativa la que puede suspender o separar de sus cargos a diputados que la integran, y solo después de un proceso establecido en la Constitución (art. 138, inciso 10). Tal decisión es, además, contraria al principio de legalidad y atenta contra la separación de poderes.

La decisión del órgano electoral se dio a petición del representante legal del partido (Partido Liberal Independiente - PLI), Pedro Reyes Vallejo, un aliado de Ortega quien recibió esa designación en un fallo muy cuestionado que despojó de su cargo al anterior dirigente y ex-candidato presidencial del PLI Eduardo Montealegre. Cuando los diputados del PLI se negaron a reconocer a Reyes Vallejo como el legítimo líder del partido, este los acusó de violar una norma que prohíbe cambiar de partido (una práctica conocida como transfuguismo). Sin embargo, los diputados sancionados nunca declararon su intención de abandonar el partido. Las faltas que se les imputaba fueron fabricadas para hacer a un lado a quienes se oponían a plegarse a los designios de Ortega. No debe sorprender que Reyes Vallejo haya reemplazado a los diputados destituidos con un grupo alineado con el gobierno de Ortega.

Lo que se pretende con estas acciones es dejar atrás la alternancia en el ejercicio del poder, las elecciones libres y las libertades civiles y políticas que sustentan una democracia representativa. Si bien Nicaragua, al igual que El Salvador, Guatemala y Honduras, son democracias frágiles en proceso de construcción, un paso atrás como el que se ha dado ahora amenaza con detener el desarrollo democrático y volver al autoritarismo que prevaleció en la región (con la excepción de Costa Rica) durante buena parte el siglo XX.

El Presidente Daniel Ortega está violando el Artículo 7 de su propia Constitución que dice “Nicaragua es una República democrática, participativa y representativa”; ahora controla todos los poderes del Estado y ya no existe ningún contrapeso institucional o político. De esta manera se ha asegurado que no habrá un candidato opositor en las elecciones que tendrán lugar en noviembre próximo, y será reelecto por tercera vez consecutiva. El que sea Daniel Ortega en Nicaragua quien esté dando pasos hacia un régimen autoritario es una paradoja lamentable. En 1979 encabezó una revolución que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza, y es él quien ahora se ha convertido en un dictador. Al igual que Somoza, Ortega ha restringido las libertades fundamentales, manejando a su antojo las instituciones, y ha puesto a sus familiares cercanos al frente del aparato gubernamental. Apenas hace unos días postuló a su esposa, Rosario Murillo, como candidata a la Vicepresidencia. Ortega se ha sumado a la larga lista de dictadores en América Latina que se han mantenido en el poder a través de la manipulación política y de elecciones, en su gran mayoría fraudulentas.

Ante este grave retroceso de la democracia en la región, lo que corresponde es tomar acciones en el ámbito regional y en el marco de la Carta Democrática Interamericana, cuyo Artículo 20 se refiere a la “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático”. La Organización de los Estados Americanos se encuentra una vez más (como ha sucedido en Venezuela hace pocas semanas) ante dilema de responder a una flagrante transgresión de la Carta Democrática. No es sólo el Secretario General de la OEA el que debería pedir que se haga una evaluación colectiva del asunto y que se tomen las acciones del caso, son los propios países de la región (sobre todo los centroamericanos) lo que tienen la responsabilidad de preservar la democracia en el continente americano. América Latina no debe volver al pasado. Ya no hay lugar para dictadores que violan los derechos civiles y políticos.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

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