En Guatemala, una década de avances sin precedentes en la lucha contra la corrupción e impunidad dio esperanza a su ciudadanía sobre una posible transformación democrática. No obstante, los grupos políticos, económicos y criminales que estaban viendo esfumarse su control del Estado decidieron colaborar para impedirlo. Tras asegurar el control de la mayoría de las instituciones, hoy están envalentonados y quieren erradicar toda presencia de actores que les son incómodos en su intento por garantizar impunidad.
La lenta embestida contra la democracia guatemalteca
"La democracia no muere con el estruendo de un golpe militar, sino con el trabajo gradual y discreto de actores que, desde las instituciones, las usan para restringir libertades y derechos fundamentales".


No es poco el poder que tienen estos grupos. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI) – bajo el liderazgo del fiscal Juan Francisco Sandoval – ha presentado alrededor de 200 casos de corrupción contra estructuras delictivas que operan en las instituciones públicas y cuentan con enormes recursos y poder.
Estos grupos han convertido al Ministerio Público de Guatemala en una herramienta eficaz para investigar y perseguir principalmente a actores incómodos para las redes criminales en el poder. Bajo el liderazgo de la Fiscal General de Guatemala Consuelo Porras, se han abierto procesos penales contra personas operadoras de justicia independientes: sus propios fiscales, así como contra jueces y juezas que llevan los casos anticorrupción de alto impacto e, incluso, magistrados de la Corte de Constitucionalidad como Gloria Porras.
La Corte de Constitucionalidad es esencial en esta narrativa. Bajo el liderazgo de Porras, esta ejerció un rol de contrapeso contra los abusos de la autoridad pública y actores privados contra los derechos de la población. Precisamente por eso, la nueva Corte fue electa para dar un giro total; Porras fue electa para este nuevo período pero el Congreso frenó su juramentación.
En pocos días, esta nueva corte ha demostrado su compromiso con esta nueva misión: Dieron luz verde a una ley que amordaza a las organizaciones de sociedad civil, permitiendo al Ministerio de Gobernación cancelar entidades a su antojo, sin orden de juez, así como centralizar la información de todos sus integrantes. Además, la corte solicitó investigar penalmente a un abogado conocido por auxiliar a las instituciones anticorrupción, Alfonso Carrillo, en efecto restringiendo el derecho de toda persona a la defensa en un proceso judicial.
La democracia no muere con el estruendo de un golpe militar, sino con el trabajo gradual y discreto de actores que, desde las instituciones, las usan para restringir libertades y derechos fundamentales.
Democracia: El costo de la impunidad
Es debatible si las élites perdieron alguna vez el poder con el avance de la lucha anticorrupción, pero es claro que sí lo percibieron así cuando quienes nunca antes tuvieron que rendir cuentas fueron llevados a la justicia.
Por eso, quienes tradicionalmente compiten por el poder – capitales tradicionales y emergentes, políticos, militares y el narcotráfico –, se unieron para avanzar un objetivo común de impunidad.
Por eso, parte importante de la recaptura del Estado es enviar un mensaje a la población respecto de quiénes mandan en realidad. Una ley para restringir las organizaciones sociales busca enviar el mensaje de que está prohibido organizarse y fiscalizar al Estado. Criminalizar a un abogado defensor atemoriza a los abogados que actúan con ética y defienden personas perseguidas.
Más grave es el intento por intimidar a periodistas, como hizo una magistrada que fotografió a la corresponsal de CNN, Michelle Mendoza, para que netcenters y bots anónimos la intimidaran en redes sociales, así como el anuncio – anticipadamente – de procesos penales contra varios de los líderes que estas cuentas se dedican a atacar y desprestigiar.
Una de ellas fue la captura, esta mañana, de dos ex operadores de justicia, efectuada desde un vehículo no oficial y con las placas cubiertas. El hecho fue anunciado desde una cuenta denominada “panel blanca” – como se conocía una herramienta para capturar, desaparecer y asesinar a disidentes durante la guerra civil. Esta simbología del terror revive el ciclo de impunidad histórico del país, y amenaza con silenciar a personas que guardan las semillas del cambio en el país. No es casual que la dirijan contra el ex superintendente tributario – reconocido por haber combatido la defraudación fiscal de las más grandes empresas –, así como para un ex analista criminal que colaboró con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La Fiscal General de Guatemala está al centro de estos procesos. Como ente autónomo, cuenta con la posibilidad de respaldar a sus fiscales estrella – la FECI – y promover la investigación de los verdaderos actores corruptos. Hasta hoy, parece ensordecida por los cantos de sirenas de grupos violentos y radicales, colocándose del lado negativo de la historia y la justicia.
Nota : La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.







