La NRA en el banquillo de los acusados

"La esencial inmoralidad de la NRA es un motivo de peso para condenar moralmente a sus líderes. Los delitos de corrupción y malversación que se les atribuyen son motivos adicionales para procesarlos".

Personas asisten a una feria de armas.
Personas asisten a una feria de armas.
Imagen Spencer Platt/Getty Images

La Asociación Nacional del Rifle, una de las organizaciones más siniestras y perniciosas del país, está literalmente arrastrándose hasta la recta final en las elecciones generales de noviembre. El poderoso cabildo armamentista había planeado su habitual campaña de desinformación y promoción del miedo al “desarme” para mantener en el poder a políticos ultraconservadores que durante años han sido sus cómplices. Pero, en lugar de ello, encara demandas judiciales, problemas económicos y una imagen merecidamente en ruinas.

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Lo que ya no está tan claro es que la NRA también se merezca desaparecer, como exige una demanda que le presentó la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Luego de una investigación que duró año y medio, la semana pasada James acusó a la NRA de “fraudes y abusos”, por haber montado un numerito mediante el cual supuestamente despilfarró $64 millones en tres años.

Su demanda acusa a los principales ejecutivos de la organización de haber usado fondos provenientes de donaciones caritativas para lucro personal, otorgar contratos a familiares y amigos y asegurar la lealtad de empleados que serían testigos de los chanchullos. Son acusaciones graves que, de comprobarse en la corte, tal vez bastarían para enviar a prisión a los acusados.

Pero exigir la disolución de la NRA es harina de otro costal. De forma indirecta la organización es cómplice de las frecuentes matanzas de personas inocentes que sufre el país, como a menudo he denunciado en esta columna. Sin embargo, la Primera Enmienda a la Constitución le garantiza el derecho a defender su versión retorcida de la Segunda Enmienda, la cual a su vez se ha interpretado como una garantía del derecho a adquirir y poseer armas de fuego.

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La esencial inmoralidad de la NRA es un motivo de peso para condenar moralmente a sus líderes. Los delitos de corrupción y malversación que se les atribuyen son motivos adicionales para procesarlos. Mas estas razones no bastan para exigir que una corte decrete la desaparición de la entidad. En principio, dirigentes honrados podrían sanar la NRA y reorientarla a una misión digna. Es lo que durante mucho tiempo hemos venido reclamando la mayoría de sus críticos.

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La pretensión de que desaparezca la NRA es, además, ingenua. Desde que se denuncia su corrupción y recibe mala prensa, han surgido o se han fortalecido otras organizaciones dedicadas a defender interpretaciones agresivas de la Segunda Enmienda y promover el armamentismo. Por eso, más oportuno e inteligente sería castigar a los directivos corruptos, si así lo decide la corte, y enviar el mensaje de que entidades como la NRA deben actuar con transparencia, sin trampas ni dobleces para promover objetivos legales.

Exempleados y donantes de la NRA también la han demandado con el fin de limpiar la casa, no cerrarla. Uno de ellos es Dave Dell’Aquila, quien ha contribuido más de $100,000 de su patrimonio personal al cabildo. Dell’Aquila acusa a Wayne Lapierre, ejecutivo principal de la NRA, y a la junta directiva de ser los responsables de lo que considera su descenso a un lodazal. “Estoy furioso”, dijo a periodistas la semana pasada, “porque una organización histórica de 152 años ha sido destruida bajo Wayne LaPierre y su equipo administrativo, mientras la junta de directores lo permitía”.

La NRA confronta por lo menos una tercera demanda. La fiscalía del Distrito de Columbia acusó a la llamada Fundación de la NRA, entidad inscrita de forma independiente, de violar leyes locales al colocar los intereses del cabildo por encima de sus objetivos caritativos. Esta demanda exige la devolución de fondos a contribuyentes que los donaron con propósitos específicos de caridad pública. Transgresiones como estas difícilmente habrían trascendido si no hubiera sido por las denuncias de empleados y donantes.

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Los recursos legales y judiciales son los apropiados para castigar a los directivos de la NRA acusados de violar leyes. También lo son para restituir a donantes que aseguran haber sido estafados. Pero frenar el descontrol armamentista que fomentan la NRA y cabildos similares requiere métodos más sutiles y complejos.

Son los métodos de la educación y persuasión pacientes de grandes cantidades de estadounidenses sin cuyo apoyo no se sostendrían organizaciones que manifiestamente valoran más las armas que las vidas humanas. Parte importante de esta batalla se libra en las urnas, donde los votantes podemos escoger entre políticos cómplices del armamentismo descarnado y embrutecedor y políticos dispuestos a frenarlo y controlarlo por el bien de todos.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.