La crisis del Estado de derecho en Guatemala

Tras la salida de la comisión independiente respaldada por las Naciones Unidas, CICIG, en septiembre de 2019, las redes de corrupción y crimen organizado han recuperado el control del sistema de justicia en Guatemala, incluyendo la Corte Suprema, cuyos magistrados debieron concluir su periodo en octubre del año pasado. Estos grupos criminales ejercen enorme influencia sobre una mayoría de los miembros del Congreso de la República, incluyendo su Junta Directiva, y cuentan con el apoyo tácito del presidente Alejandro Giammattei y de cámaras empresariales muy poderosas. Recientemente representantes del Congreso han puesto en riesgo la institucionalidad del país al desafiar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Lo que dio lugar a esta crisis fue una decisión de la CC sobre la elección de magistrados a la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, que corresponde hacer al Congreso de Guatemala. La lista de candidatos a esas cortes fue negociada por diputados y representantes de grupos criminales, bajo la dirección de Gustavo Alejos, un alto funcionario de un gobierno anterior (2008 – 2012), quien se encuentra preso por traficar influencias para agenciarse de contratos públicos ilegales y fue designado por corrupción por el Departamento de Estado.

La negociación incluyó entrevistas –en un hospital donde se encontraba recluido Alejos bajo arresto domiciliar por motivos de salud– con políticos y muchos aspirantes (algunos de ellos actualmente jueces y magistrados). Para prevenir la elección de esos candidatos, la CC ordenó al Congreso que excluyera de la lista de elegibles a aquellos que carecieran de la idoneidad y la honorabilidad que establece la Constitución.

Esto generó una denuncia de parte de un candidato y la Corte Suprema la aceptó de manera repentina. Esa decisión viola claramente la jurisprudencia que establece que no se puede acusar a los magistrados por el contenido de sus resoluciones, por lo que la misma CC suspendió la denuncia. En un acto de desacato la Comisión Permanente del Congreso (que incluye a su presidente Allan Rodríguez, del mismo partido que Giammattei) continuó con la acusación contra la CC a pesar de haber quedado sin efecto. Ante esto, la CC dictó la desobediencia al decretar que se había cometido un delito por lo que el Ministerio Público debía encauzar penalmente a los diputados que desacataron.

La Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, en lugar de acusar únicamente a los miembros del Congreso que desobedecieron la resolución, acusó también a los magistrados de la CC (a solicitud de grupos que atacan a operadores de justicia independientes) a sabiendas de que las denuncias presentadas contra estos magistrados van contra la jurisprudencia del país. Esto es contradictorio a tal grado de que Porras, mientras perteneció a la CC, firmó resoluciones donde respalda los criterios judiciales que ahora decidió ignorar.

La sentencia de la CC, que ha dado lugar a esta reacción inusitada del Congreso, fue derivada de una acción de amparo que la misma Fiscal General promovió. Lejos de contribuir a resolver la crisis generada por la elección de las Cortes, las acciones de Consuelo Porras ponen en duda su imparcialidad e incrementa la tensión. Con la solicitud de antejuicio contra más de 100 autoridades, entre diputados y magistrados, el asunto se complica aún más.

Desde diversos grupos del crimen organizado y sus voceros se ha concretado una estrategia jurídica, mediática y política contra quienes han abanderado la lucha contra la impunidad. Entre ellos, el fiscal Juan Francisco Sandoval, la jueza Erika Aifán, los magistrados de la CC, las magistradas disidentes en la Corte Suprema, el Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas y varios activistas. Intentan montar casos para sentar precedentes conta quienes enfrentan a los grupos criminales, por lo que es importante el respaldo internacional a estos actores.

Dentro de la sociedad civil despierta preocupación que la única persona que no tiene ningún cargo y que ha sido denunciada junto al resto de funcionarios, ha sido Helen Mack, quien fue galardonada con el premio Nobel Alternativo Right Livelihood Award por su trabajo en favor de la justicia. Esto implica alta vulnerabilidad pues al ir contra ella dejan claro que no se tolerarán críticas ni libertad de asociación.

La comunidad internacional debe estar alerta de lo que ocurre. El Secretario General de la OEA podría convocar al Consejo Permanente para evaluar colectivamente esta situación ya que la Carta Democrática Interamericana lo permite, incluso, si fuera necesario, sin el consentimiento del gobierno del Estado aludido. La OEA no debe esperar a que se produzca un rompimiento total del orden constitucional y democrático para accionar.

El Congreso de Estados Unidos ha asignado significativos fondos para la seguridad y la justicia y ellos pueden verse comprometidos con un Ministerio Público carente de independencia y con un rumbo que no muestre un firme combate a la corrupción y el crimen organizado.

Es importante y sería de mucha ayuda que el gobierno de Estados Unidos haga uso de las herramientas a su disposición como retiro de visas y otras sanciones para enviar mensajes contundentes contra los funcionarios cercanos al crimen organizado que se encuentran ganando espacios dentro de la administración de justicia.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.