Llegó la hora de reformar a la patrulla fronteriza

Al parecer comenzaron en serio las reformas de la Agencia de Estados Unidos para la Protección de Fronteras y Aduanas, mejor conocida como la patrulla fronteriza. Ya era hora. A través de años de lucha sin tregua contra la inmigración irregular, el contrabando de personas y drogas y otras calamidades, la patrulla había perdido su norte. Su misión se desvirtuó hasta el punto de convertirse en un cuerpo no solo policial y de vigilancia, sino también represivo, especialmente durante la oscura era del trumpismo.

La necesidad de reformar la patrulla fue tema de intenso debate durante la campaña presidencial de 2020. Algunos precandidatos demócratas, catalogados de “progresistas”, proponían abolir la agencia. Los moderados solo reformarla, que es en realidad lo prudente y justificable. Al seleccionar a Biden –un político moderado- como ganador de las elecciones primarias y luego de las generales, una clara mayoría de los votantes le dio un mandato para reformar la patrulla.

Un cambio fundamental es el reciente reemplazo de Rodney E. Scott como líder de la agencia. Ni Scott ni ningún otro jefe de la patrulla la tiene fácil. El trabajo es de enorme presión política y escrutinio periodístico. Pero en su breve mandato de menos de dos años, Scott demostró que no es el dirigente adecuado para supervisar los cambios que necesita la patrulla.

Scott abrazó con entusiasmo la agenda antiinmigrante del entonces presidente Donald Trump. Solía ser punto fijo en las fotografías del exmandatario durante sus delirantes visitas a la frontera, donde se jactaba del inútil y costoso muro con México y de mano dura contra aquellos que intentaban cruzar la frontera. Y esos eran apenas sus deslices menores.

El funcionario autorizó el uso de agentes de la patrulla en la represión y apresamiento de manifestantes estadunidenses en Portland, Oregon, durante las protestas por el homicidio del afroamericano George Floyd. Fue una flagrante violación de la misión constitucional de la patrulla. Esa misión data de la fundación de la república, cuando Alexander Hamilton, a la sazón influyente secretario del tesoro, creó el cuerpo para vigilar las fronteras terrestres y marítimas de Estados Unidos y cobrar impuestos a barcos y comerciantes. Su mandato excluía y excluye el uso de sus agentes para perseguir, reprimir o encarcelar a ciudadanos de este país.

Scott también aplicó con celo el llamado Título 42 de la ley de inmigración mediante el cual el régimen de Trump expulsaba de forma automática a miles de recién llegados a la frontera, convirtiendo a los patrulleros a un tiempo en policías, funcionarios de inmigración y jueces. El motivo oficial era proteger a agentes y ciudadanos norteamericanos del coronavirus. El gobierno del presidente Joe Biden ha suavizado la aplicación del Título 42, aumentando el número de migrantes que pueden solicitar asilo. Funcionarios federales me aseguran que ahora se debate, al más alto nivel, la eliminación total de la medida.

Bajo la tutela de Scott, agentes de la patrulla fronteriza lanzaron gases lacrimógenos contra migrantes del lado mexicano de la frontera, provocando un potencial conflicto entre viejos vecinos. Recientemente, su conducta bordeó la insubordinación, cuando se negó a acatar la orden del presidente Biden de que la patrulla deje de referirse a los inmigrantes indocumentados como “illegal aliens”, término que activistas humanitarios y líderes hispanos consideran despectivo.

El secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas, nombró a un hispano, Raúl Ortiz, nuevo jefe de la patrulla. Ortiz nació y creció en Del Río, Texas, uno de los lugares emblemáticos de los cruces fronterizos, donde dirigió el destacamento local de la patrulla. En ella ha servido durante 30 años. En Afganistán entrenó y ayudó al gobierno afgano en materia de protección fronteriza. Y se dice que goza del apoyo de la mayoría de los patrulleros, muchos de los cuales están descontentos con los cambios que ha adoptado el gobierno de Joe Biden.

A Ortiz se le juzgará por su capacidad de compaginar la protección de las fronteras de Estados Unidos con el trato humanitario y compasivo de los migrantes que intentan franquearla. Es un equilibro precario que requiere deliberación, asesoramiento y recursos adecuados para hacer el trabajo. La semana pasada, Ortiz le dijo a la Cadena ABC: “debemos mejorar la tramitación de personas. Tenemos que hacer más rápido el traslado de esos individuos a otras agencias” del gobierno. Es, sin duda, una condición necesaria para mejorar el trato a los migrantes, discernir bien quiénes presentan un justo reclamo de amparo y quiénes deberían ser devueltos a sus países para que regresen a Estados Unidos por vías regulares, aunque les tome más tiempo.

Ortiz, su jefe Mayorkas y el gobierno en general tienen la oportunidad extraordinaria de reformar la patrulla fronteriza de modo que esta vuelva a su misión constitucional de proteger las fronteras, se abstenga de reprimir ciudadanos o residentes de Estados Unidos, use sus presupuestos con rigor y actúe con transparencia, cooperando en la medida de lo posible, con funcionarios estatales y locales y con sus colegas mexicanos.

Años de opacidad, disfunción y excesos habían puesto en peligro la reputación y la misión histórica de la patrulla fronteriza. Su renovación no debería esperar ni un minuto más.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.