Desde Chicago: nuevos detalles sobre el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa

Cada sexenio en la historia política mexicana reciente, tiene su hito en materia de violación a los derechos humanos; sin duda el del actual periodo presidencial de Peña Nieto, que está próximo a terminar, fue la desaparición y presumible matanza de 43 estudiantes de la normal rural del poblado de Ayotzinapa, anclada en la difícil provincia de Guerrero, histórica cuna de conflictos, desigualdades y cruentas violaciones de derechos humanos como la ocurrida en 1995 contra 18 campesinos. La desaparición de los estudiantes de la normal se dio entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los normalistas fueron a la ciudad de Iguala a apoderarse de autobuses que querían usar para una manifestación.

En abril de 2015 la autoridad mexicana, en voz del entonces Fiscal General, conocido en México como Procurador General de la República, José Murillo Karam, dio su veredicto en una autodenominada “versión histórica”. Según él los normalistas fueron “privados de su libertad, ejecutados, calcinados, triturados y arrojados al río” San Juan, como resultado de una confusión con integrantes de los carteles rivales de “Los Rojos” y “Guerreros Unidos”.

El 12 de abril 2018 el diario Reforma publicó información contenida en una filtración de conversaciones telefónicas entre el operador del cartel “Guerrero Unidos”, hombres detenidos en Chicago y sicarios de esta banda en la ciudad de Iguala. Las escuchas se realizaron con autorización judicial a 11 teléfonos, entre fines de 2013 y octubre 2014 (un mes después de los hechos). Esta información la conocía la autoridad mexicana y se sabía de su existencia, pero no se había publicado nada sobre ella en los medios masivos mexicanos; y la autoridad mexicana nunca la consideró para inculpar responsables.

En las filtraciones se señala que los desaparecidos no fueron 43 sino entre 50 y 60 personas, se habla de seis muertos más; se señala también que policías de las comunidades de Cocula y Huitzuco habrían participado en auxilio a los sicarios de “Guerreros Unidos”. Se menciona que jefes de “Guerreros Unidos” dieron órdenes desde Chicago para involucrar a policías en la detención de los estudiantes y pedir ayuda al gobierno de Guerrero ante la magnitud del conflicto que luego se desató y que todos reconocen que “se salió de las manos”. También se señala que aparte del conflicto en Ayotzinapa, hubo otro enfrentamiento armado con “Los Rojos”, donde también se dieron bajas.

La violencia se originó en el hecho de que algunos miembros de “Guerreros Unidos” habrían creído que un grupo rival (el de “Los Rojos”) quería tomar la “plaza” de Iguala e interpretaron la movilización estudiantil –que nada tenía que ver con ello– como parte de la operación del grupo enemigo. De hecho, un testigo protegido en Estados Unidos señaló que dio órdenes telefónicas para conseguir el apoyo de las autoridades aliadas y del exalcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca, hoy en prisión y considerado como uno de los responsables por la desaparición de los estudiantes.

Cabe señalar que entre los detenidos en Chicago hay distintas versiones sobre el número de muertos y no saben el paradero de los estudiantes (la “verdad histórica” de la autoridad mexicana dice que estos acabaron incinerados en el basurero de una pequeña ciudad cercana a Iguala, Cocula). Líderes de “Guerreros Unidos” supieron del caso, y le dieron seguimiento, de acuerdo con las revelaciones del diario mexicano Reforma.

En 2015 el periodista de derechos humanos José Revelas publicó su libro Échale la culpa a la heroína (México, Grijalbo) donde planteaba la hipótesis de que para entender el móvil del crimen contra los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa había que seguir la ruta de la heroína desde la provincia del suroeste mexicano al Midwest estadounidense. Reveles da cuenta de cómo los narcos mexicanos desplazaron a los colombianos, actualizaron los métodos y dieron prioridad a la heroína sobre la cocaína, que fue la principal droga durante 20 años. Los cárteles en Guerrero desarrollaron una forma de producirla de manera más barata y rentable, con un tipo de droga oscura (que de hecho se ve más “sucia”, por eso es más barata) conocida como Mexican clak tar. El principal lugar de producción es Iguala, ciudad cercana a Ayotzinapa, donde se produce una buena parte de la sustancia que se consume en Estados Unidos.

El tema de los expedientes en un juzgado de Estados Unidos ya había sido sugerido por integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanso (CIDH), y la autoridad contaba con la información, pero el sistema judicial mexicano no quiso analizar más y optó por quedarse con la hipótesis de la “verdad histórica”: confusión, enfrentamiento de dos grupos criminales entre sí por la plaza e incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula. De esa manera se cerraba el relato y se eximía de responsabilidad alguna a niveles más altos de la autoridad.

Si bien es cierto el tema de la confusión entre cárteles, la “verdad histórica” está incompleta y no desarrolla las implicaciones de todas autoridades coludidas en estos hechos, así como la participación del ejército mexicano en una de las varias provincias mexicanas donde los poderes fácticos desplazan casi por completo a la autoridad real. Por todo ello, aunque vaya saliendo muy lentamente la nueva información, no puede decirse que el caso esté cerrado y los familiares de los jóvenes desaparecidos, así como la sociedad mexicana, siguen reclamando justicia.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.