Biden choca con la realidad de la frontera sur

Luego de negarse a visitar la frontera con México durante sus primeros dos años de gobierno, el presidente Biden finalmente la recorrió junto a asesores. El gobernador de Texas, Gregg Abbot, lo recibió en el aeropuerto de El Paso, donde le entregó una carta y le dijo que su visita había llegado “con $20,000 millones y dos años de retraso”. Fue un reconocimiento público y simbólico de que los retos fronterizos ameritan la atención directa y apremiante del ejecutivo. El objetivo sigue siendo el mismo desde que se inició su mandato: buscar un equilibrio razonable entre el trato humanitario a los migrantes y la necesidad de proteger a comunidades estadounidenses de la avalancha de inmigración irregular.

Es cierto, como ha afirmado Biden, que desde su llegada a la Casa Blanca él propuso una ambiciosa reforma migratoria para enfrentar los desafíos de la inmigración; y que el Congreso no ha tenido la voluntad política de adoptarla. Biden también humanizó el trato a los inmigrantes, poniéndole fin a las redadas indiscriminadas de indocumentados, evitando la cruel separación de familias que practicó su antecesor y dándoles a un creciente número de recién llegados la oportunidad de reclamar asilo en Estados Unidos.

Pero a la gestión migratoria del presidente le faltaba la urgencia de su participación personal. Biden había delegado el trámite en la vicepresidenta, Kamala Harris, y en Alejandro Mayorkas, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Durante su primer año de mandato, dedicó sus mayores esfuerzos a la lucha para contener la pandemia de coronavirus. Y durante el segundo año, dio la impresión de que restaba importancia a los problemas migratorios a propósito, para evitar que influyeran negativamente en las elecciones intermedias que se celebraron en noviembre.

Era, por consiguiente, hora de tomar el toro bravo de la inmigración por los cuernos. Para ello, se había hecho indispensable que el presidente recorriera la frontera, viera de primera mano la realidad que encaran las autoridades y poblaciones de la zona y conversara con los protagonistas de la lucha diaria para atender el fenómeno de la constante inmigración irregular. El ejercicio tendrá el complemento importante de abordar el tema con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López obrador. México también sufre la avalancha migratoria y debe ser siempre el principal aliado de Estados Unidos en los esfuerzos por contenerla.

Las nuevas medidas que ha anunciado Biden para responder al reto migratorio son tibias y controversiales. Una consiste en continuar aplicando el Título 42, de dudosa legalidad, el cual adoptó el gobierno de Donald Trump para expulsar de inmediato a recién llegados a la frontera invocando la pandemia. La Corte Suprema de Estados Unidos prácticamente ha decretado su continuidad a pesar de que la medida carece de un sólido sustento legal y empírico. El covid-19 continúa haciendo estragos. Pero ahora el país cuenta con un sistema sanitario capaz de combatirlo con efectividad, limitando sus efectos y su letalidad.

Biden también anunció que su gobierno admitirá a 30,000 migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que cuenten con patrocinadores en Estados Unidos y tramiten su venida de manera legal. Pero devolverá a México a los demás. Se trata de una polémica restricción al derecho de asilo, afincada en la necesidad de frenar el cruce multitudinario de migrantes, a la que se oponen legisladores de su Partido Demócrata y activistas que defienden a los migrantes.

Esta última medida pragmática refleja el choque del presidente Biden y su gobierno con la realidad de una migración irregular que se ha hecho imparable y difícil de manejar. Puede considerarse, además, su primer paso significativo hacia la candidatura a la reelección. Sin un control, aunque sea relativamente efectivo de la frontera, a Biden se le haría prácticamente imposible lograr un segundo término presidencial.

Pero el presidente y su gobierno pueden y deben hacer mucho más. En la cumbre con AMLO y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por ejemplo, Biden debería promover medidas efectivas para atacar la migración irregular en su raíz. Eso implica convencer a sus colegas mexicano y canadiense de la conveniencia de buscar, por medios pacíficos, cambios políticos y económicos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, cuyas poblaciones huyen despavoridas de la represión, la violencia y la miseria; y de aumentar la asistencia humanitaria y económica a Centroamérica, para generar empleos y fomentar la elusiva estabilidad política y social. Canadá y EEUU pueden aumentar la cuota anual de inmigrantes a los que reciben de manera legal cada año, sin menoscabo para sus economías ni daños a su tejido social.

El momento es propicio de nuevo para intentar llevar cierto orden a la política migratoria y a la frontera con el doble objetivo de atender las necesidades urgentes de miles de fugitivos de la historia y las inquietudes de las poblaciones que más migrantes acogen.

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