Cómo defender a las víctimas de los mercaderes de la muerte

Depender de los políticos para frenar la ola de matanzas con armas de fuego sería ingenuo y peligroso, como se ha hecho evidente durante las últimas dos décadas. Por eso, otro recurso importante al que deberían recurrir las víctimas y los familiares de las víctimas son las demandas judiciales. Los políticos, precisamente, han protegido a fabricantes y vendedores con toda clase de leyes, poniendo de manifiesto que, al igual que gran parte de sus votantes, valoran más a las armas que a los seres humanos que terminan siendo víctimas de las armas. Es una consecuencia atroz de la cultura de la violencia con armamentos que todos padecemos.

El principal amparo legal del que gozan fabricantes y vendedores es el Protection of Lawful Comnmerce in Arms Act o Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas. La adoptó el Congreso en 2005 con el respaldo abrumador de legisladores republicanos y con el objetivo expreso de hacer a los mercaderes de las armas inmunes a las demandas de sus víctimas. Otras medidas derivadas de esa ley fortalecieron la protección de fabricantes y vendedores en los estados que controlan los políticos conservadores.

Aun así, las leyes han dejado entreabierta la puerta para demandar a los mercaderes de la violencia y la muerte con armas de fuego, a sabiendas de que no se podía confiar en que actuarían siempre con responsabilidad o como si tuvieran conciencia moral. Hay seis excepciones a la protección legal de la que gozan. Incluyen la fabricación y venta de armamentos defectuosos, la negligencia, la ruptura de contratos y garantías de los productos y la llamada “predicate exception”, es decir, la promoción y venta de armamentos en violación de lo que estipulan medidas estatales.

Esta última excepción podría facilitar acciones judiciales en estados donde se han perpetrado matanzas recientes con armas semiautomáticas, como el rifle AR-15. En la práctica, significa que ni fabricantes ni vendedores tienen derecho a promover armamentos si saben que algunos compradores los van a usar expresamente con fines criminales.

En 2019, la Corte Suprema de Connecticut autorizó una acción legal por parte de familias de las víctimas del atentado en la Escuela Elemental Sandy Hook en 2012. Demandaron al fabricante, Remington, por promover el rifle Bushmaster con fines criminales, violando leyes estatales que lo prohibían. Desde entonces, Remington se ha declarado en bancarrota dos veces. Y acordó pagar una indemnización de $73 millones, el primer acuerdo de ese tipo en la historia de la nación. Es un precedente fundamental.

Algunos fabricantes y vendedores promueven sus productos con anuncios de televisión en los que muestran a menores de edad e incluso recién nacidos con armas peligrosas como el AR-15, el rifle predilecto de los asesinos en serie. En principio, podría argumentarse en la corte que lo hacen con la intención de enviarles el mensaje a niños y adolescentes de que pueden acceder a esas armas fácilmente para lo que se les antoje. Abogados especializados en presentar demandas estudian la posible relación causal entre algunos de los cien anuncios con armas que en la actualidad tienen candidatos republicanos y ciertas matanzas que se han producido en las comunidades donde han divulgado esos anuncios grotescos.

También en 2019, la Corte de Apelaciones de Indiana permitió a la ciudad de Gary demandar a fabricantes de armas invocando leyes estatales contra la alteración del orden público. Este recurso podría viabilizar acciones legales en lugares como Uvalde, Texas, donde las armas que fabricaron y vendieron los mercaderes de la muerte se usaron para atacar una escuela pública. Depende, desde luego, de que Texas cuente con leyes específicas contra la alteración del orden que permitan esta modalidad de demanda.

En principio, Estados Unidos podría reducir la violencia de las armas a un nivel tolerable si adoptara leyes como las que han adoptado otros países. En Canadá y Europa Occidental, por ejemplo, las leyes solo autorizan la venta de armas a personas que demuestran una necesidad especial de utilizarlas, como agentes del orden, vigilantes privados y personas que residen en lugares altamente peligrosos. También exigen que los limitados compradores legales, sin excepción, aprueben cursos de seguridad en el uso de las armas. Estas condiciones confinan el uso de esas armas a quienes de veras se benefician de ellas o prestan un servicio beneficioso para la comunidad.

Pero en Estados Unidos estamos muy lejos de esa perspectiva civilizada. Nosotros vivimos y padecemos una cultura de las armas de fuego con sus consabidos efectos mortíferos. Por eso, lo menos que pueden hacer las víctimas y familiares de las víctimas es demostrar su descontento y procurar justicia en las urnas de votación y en las cortes de justicia. En el caso de quienes han perdido seres queridos, esto no se los devolvería. Pero les daría la oportunidad de honrar su memoria previniendo otras muertes evitables de personas inocentes.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.