Ayotzinapa duele e interpela la vida social, cultural y política de México

El mismo día del multiesperado debate presidencial, México vivía una jornada particularmente compleja para el ánimo del país y para el vapuleado presidente Peña Nieto, quien desde la visita del candidato Donald Trump a México ha sido objeto de la principal andanada de críticas, insultos e imprecaciones que mandatario mexicano alguno haya vivido en los últimos tiempos.

No deja de llamar la atención que tras el primer año de gobierno de Peña Nieto (2013) –al grado que se llegó hablar en algunos medios de EEUU como el “Mexican Time”–, sobreviniera de manera espectacular una debacle que tiene uno de sus hitos en los hechos de Ayotzinapa (Guerrero) a lo que, por si fuera poco, se le suma a la actual administración la depreciación del peso frente al dólar de los últimos días y al ánimo generalizado de desanimo que se traduce en los niveles de popularidad más bajos que un presidente tenga desde que comenzó a medirse ese indicador en los noventa.

La noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, en el poblado de Ayotzinapa, cerca de la ciudad de Iguala, en la provincia sureña de Guerrero. El saldo de los hechos fueron seis muertos (entre ellos tres estudiantes), un estudiante que sobrevivió y se encuentra en estado vegetativo, y 43 jóvenes desaparecidos.

La provincia de Guerrero resulta otra vez ese topos trágico: herida permanente que no deja de sangrar. Guerrero ha sido un perfecto caldo de cultivo donde históricamente han convivido la pobreza, la marginación, y –dentro de los indicadores de salud, vivienda y educación– suele ubicarse en los últimos lugares del país. En algunas zonas de esa provincia el analfabetismo puede alcanzar el 80%; el 40% gana menos del salario mínimo e igualmente los índices de mortalidad infantil son particularmente altos. Ello ayuda a explicar la recurrencia en la zona para aparecer en los informes internacionales de derechos humanos como fue hace 20 años el lamentable asesinato de 16 campesinos en el vado de Aguas Blancas –a 40 km del famoso puerto de Acapulco–, el 28 de junio de 1996.

Por si esto no fuera suficiente, se suma ahora el flagelo de la inseguridad que tiene contra las cuerdas a la región. Las asociaciones de comerciantes en el famoso puerto de Acapulco, al grado que han hecho declaraciones solicitando treguas temporales a los integrantes del crimen organizado. En el documental Mirar Morir (Coiza Grecko, 2015), que trata sobre la presencia del ejército en los hechos de Ayotzinapa, el conocido periodista en derechos humanos José Reveles da cuenta de esa geografía cruenta en el estado de Guerrero, donde la producción de la amapola se ha convertido en central y cuya puerta de salida al resto del país es la ciudad de Iguala, de la que quien era el presidente municipal, José Luis Abarca, está inculpado.

¿Qué duele de estos hechos?

Duele la indiferencia del presidente Peña Nieto, quien tardó casi dos semanas para comenzar a hablar del tema, y hasta el momento no ha ido siquiera al lugar de los hechos; más aún, ha hecho expresiones de pésimo gusto y ha mostrado ausencia de empatía al pedir a los padres de familia, el 4 de diciembre de 2014, que ya “superáramos esa etapa”, como si el perder a un hijo joven fuera una cosa menor.

Duele que la PGR, institución principal para impartición de justicia, no haya sido capaz de dar hasta el momento una explicación sostenida que permita saber con precisión qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables . Duele esa explicación, la llamada “verdad histórica” en las declaraciones del 5 de enero de 2015 por parte del procurador Jesús Murillo Karam –en el que presuntamente los normalistas fueron “privados de su libertad, ejecutados, calcinados, triturados y arrojados al río” San Juan– y que fuera mentira, y que el Estado diera por verdad algo que sabía no era cierto. La versión de Murillo fue cuestionada en septiembre de 2015 por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que llegó a México en marzo de 2015.

Duele saber que en abril de 2016 la PGR violara el acuerdo para trabajar conjuntamente con el GIEI y también que este grupo denunciara falta de iniciativa y voluntad por parte del gobierno; duele que hasta el momento no hayan sido atendidas las 20 recomendaciones que el GIEI señaló una vez que partieron del país, entre ellas la de aclarar sobre un presunto autobús (el llamado “quinto autobús”) en el lugar de los hechos y sobre el cual la PGR no había señalado nada en sus investigaciones.

Duele el uso y abuso del poder del quien era el alcalde de Iguala, Jose Luis Abarca –hoy preso– y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, y que después nos hemos enterado que, a pesar de sus antecedentes penales, un partido político postulara a Abarca para el puesto desde el cual no solo la pareja se enriqueció sino facilitó la ampliación del crimen organizado.

Duele esa colusión inadmisible entre la policía municipal –supuestamente encargada de cuidar a la población– y el crimen organizado. Duele que la policía municipal hubiera entregado a un grupo criminal a estos jóvenes para deshacerse de ellos y que a pesar de las renuncias –como la del gobernador Aguirre o la del jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien al parecer alteró evidencias en la escena del crimen–, y las detenciones de funcionarios, no sepamos a ciencia cierta qué pasó, ni mucho menos se haya detenido a los culpables.

Duelen, ciertamente, muchas cosas más; de aquí lo complejo de esta sensación. Pero, de alguna manera, estos hechos de Ayotzinapa, como “tormenta perfecta”, resumen y condensan aquello que dijera el filósofo español José Antonio Marina en Las culturas fracasadas: en tanto las sociedades incapaces de generar un tipo de inteligencia social que les permita avanzar en la resolución de los principales problemas de su convivencia (seguridad, trabajo, salud…). Así los hechos de Ayotzinapa no son un tema que únicamente competa a la institución de procuración de justicia sino que interpelan la vida social, cultural y política de México y recuerdan, en la muerte de esos jóvenes, el reto de revertir todas las variantes de la corrupción, la impunidad y la violencia.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.