Arturo Sarukhan: La tercera tiene que ser la vencida

Por Arturo Sarukhan, consultor internacional, exdiplomático mexicano

Para el momento en que esta columna se publique en nuestro portal de Univision Noticias, ya se habrán vertido toneladas de tinta, ‘clickeado’ cientos de miles de hipervínculos y ‘hashtags’ en plataformas digitales y redes sociales, y emitido innumerables opiniones en radio y televisión sobre la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán el viernes pasado en Sinaloa por una unidad de fuerzas especiales de la Marina mexicana.

Sin embargo, el operativo masivo instrumentado por México con el apoyo logístico y de intercambio de inteligencia con agencias estadounidenses desde octubre en Durango, con objeto de ir cerrando el cerco al narcotraficante, culminando con su eventual éxito la semana pasada en Los Mochis, abre cuatro reflexiones sobre sus secuelas e implicaciones que considero merecen ser destacadas.

De entrada, si el segundo escape del delincuente más buscado en el mundo parecía digno de una película de Hollywood, el primer epílogo (y escribo ‘primer’ porque es altamente probable que habrá varios más yendo hacia adelante) del arresto parece demostrar que si no había manera de llevar a ‘El Chapo’ a Hollywood, Hollywood iría hasta ‘El Chapo’. Más allá de la muy cuestionable decisión –desde el punto de vista moral y legal y que en sí mismo daría para escribir otra columna– de Sean Penn y de Kate del Castillo, y de la revista Rolling Stone, de organizar y llevar a cabo la “entrevista” de Penn con Guzmán (y que más que eso parece un encuentro social) en octubre pasado, y de si aquella ayudó o no a las autoridades mexicanas y estadounidenses a rastrear a Guzmán y eventualmente arrestarlo, es claro que la primera lección que nos deja es la banalización del mal y del crimen.

Desde los esfuerzos fallidos por llevar la vida de ‘El Chapo’ al celuloide y que aparentemente condujeron a la entrevista, hasta la lamentable decisión de la revista Forbes de incluir durante años al narcotraficante mexicano en la lista anual de billonarios, hay una glorificación del delito, de la violencia y de la ilegalidad. El tuit que posteara el domingo por la noche el periodista y corresponsal mexicoamericano del Dallas Morning News Alfredo Corchado, diciendo que presuponer que lo que hizo Penn en octubre es periodismo es un “insulto épico” a los periodistas que han fallecido en pos de la verdad, debe ser un sonoro despertar a cómo nuestra cultura obsesionada con el entretenimiento trivializa la muerte y la tragedia.

Segundo, si alguien a estas alturas del partido aún albergaba dudas de que una de las dos grandes asignaturas estructurales pendientes que hoy enfrenta México es el Estado de Derecho (el rezago educativo siendo la otra), el tercer arresto de Guzmán este viernes pasado debiera, mas allá de la importancia clave que éste encierra y el respiro que da a las autoridades mexicanas, vuelve a dejar en claro que el país no puede darse el lujo de seguir jugando al bote pateado con el tema de la seguridad humana, el fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia y el combate frontal a la impunidad y la corrupción endémica que tanto daño hace al bienestar, seguridad y prosperidad de la nación.

Es una asignatura pendiente que lleva gestándose durante décadas –y bajo gobiernos de distinto signo partidista– y muy pocos actores en México, ya sea en lo individual o en lo institucional, pueden, en una casa que es de cristal, lanzar la primera piedra.

No debe regatearse ni escatimarse el reconocimiento al gobierno mexicano por reaprehender al líder de la organización de Sinaloa. Pero la pregunta clave es cómo ir hacia delante; cómo aprovechar el éxito del operativo y las circunstancias actuales para confrontar la corrupción, reconstruir instituciones y fortalecer el Estado de Derecho, devolviendo también en el proceso al Estado mexicano el monopolio del uso legítimo de la violencia.

La reaprehensión de Guzmán debe ser utilizada por el gobierno, por los partidos políticos, por el sector privado y por la sociedad civil para impulsar un cambio radical en la manera de confrontar la inseguridad y la debilidad de la justicia en México.

Sería erróneo asumir que el efecto criminal de las drogas ilícitas en México –o para el caso en la mayor parte de Latinoamérica– se explica solo por las rentas del narcotráfico o la presencia y capacidad de operación del crimen organizado trasnacional. Es también –y fundamentalmente– el resultado de la debilidad del Estado, los patrones y hábitos de ilegalidad prevalecientes en la ciudadanía, un contrato social roto y la debilidad –o en algunos casos inexistencia– del Estado de Derecho.

El narcotráfico y el crimen organizado son hoy por hoy la expresión más palpable de esa debilidad. Pensar que el crimen organizado es en sí mismo el meollo del problema de seguridad y justicia en México sería de una miopía galopante. El crimen organizado, y en particular su actividad en materia de drogas ilícitas, es la expresión más dolorosa y apremiante de un sistema de justicia y un corpus de legalidad putrefactos.

Tercero, dejar de combatir y confrontar al narcotráfico en México no hará que el tema de la violencia, la inseguridad pública y la corrupción desaparezcan, dado que la raíz del problema es precisamente la debilidad de las instituciones y de un Estado de Derecho inexistente o, en el mejor de los casos, frágil. Pero lo que sí hay que hacer es modificar los paradigmas en la manera en la cual se confronta al crimen organizado trasnacional.

Durante más de una década, en parte como resultado de sus experiencias en la lucha contra el terrorismo y la insurgencia en Afganistán e Irak, Estados Unidos trasladó a los esfuerzos regionales para confrontar al narcotráfico el enfoque de arresto o decapitación del liderazgo como la estrategia para desarticular a grupos criminales. Esa estrategia de ir por los liderazgos de grupos narcotraficantes ha mostrado límites reales y podría estar generando efectos colaterales indeseados, como la atomización del crimen organizado y el hecho de que siempre habrá individuos listos, incentivados y dispuestos a llenar vacíos y tomar el lugar de otros y asumir el control operativo de dichas organizaciones.

Si algo ha mostrado el triple arresto y la doble fuga de ‘El Chapo’ es que ese enfoque, por lo menos en México, no ha funcionado como se pensaba en su momento de incepción cuando autoridades de procuración de justicia y de inteligencia mexicanas y estadounidenses lo pusieron en marcha a fines del sexenio del presidente Fox.

Crecientemente, es patente que los esfuerzos deben enfocarse a mitigar el daño; es decir, priorizar la lucha en contra de los grupos criminales más violentos y que más afectan la seguridad humana. La clave reside en aplicar la capacidad policiaca y judicial –y la de inteligencia que las sustenta– para imponerles a los grupos delincuenciales reglas, límites y costos tan severos que estos se verán desincentivados a usar la violencia extrema para apuntalar sus negocios y su lucha por el control de territorios.

Se deben desarticular los cuadros intermedios que son los que facilitan la operación del día a día de estos grupos. Hay que canalizar más recursos y esfuerzos a combatir el lavado de dinero y al aseguramiento de bienes y capital del narcotráfico; pocas cosas tendrán un impacto tan trascendente como eliminar recursos que el narcotráfico y el crimen organizado usan para corromper, para operar y para comprar nuevo equipo o armas. Y finalmente, habría que seguir usando como en el pasado –sobretodo cuando se cuenta con instituciones judiciales débiles y sistemas penitenciarios vulnerables como es el caso de México– la extradición como herramienta para romper los mecanismos de comando, control, comunicación e inteligencia del crimen organizado.

Cuarto, vinculado con la decisión de la extradición de Guzmán y del momento en que ésta se conceda, el gobierno mexicano debe aprovechar, en el marco de la relación bilateral con Estados Unidos, el andamiaje construido el sexenio pasado en materia de intercambio y análisis de información e inteligencia, y que presumiblemente jugó un papel coadyuvando los esfuerzos de las dependencias de seguridad mexicanas. No implica ni debe ser visto como una pérdida o cesión de soberanía. Debiera ser la extensión natural de la cooperación integral entre dos vecinos y socios estratégicos y la expresión de un ir y venir en los protocolos de inteligencia, mapeando al crimen organizado transnacional operando de ambos lados de nuestra frontera común, desvertebrando redes y rutas de tráfico de drogas hacia el norte y de trasiego de armas y blanqueo de recursos hacia el sur.

El verdadero éxito de la decapitación de la organización delictiva encabezada por Guzmán, más allá del tercer arresto y –espero– neutralización definitiva de quien la encabeza, se medirá al final del día con base en la voluntad y capacidad del gobierno de México de confrontar los temas expuestos aquí y de paulatina pero inexorablemente hacer del Estado mexicano sinónimo del Estado de Derecho.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.