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Tráfico de Personas

El cartel de los coyotes: la fusión criminal por un negocio de $13,000 millones en la frontera

Los coyotes pasaron de pagar “impuestos” a los narcos, a trabajar para ellos. “Poderosos carteles de la droga organizados están tomando el control del tráfico de personas en algunas regiones”, advierte un informe del Departamento de Seguridad Nacional.
Publicado 27 Jul 2022 – 01:30 PM EDT | Actualizado 27 Jul 2022 – 09:34 PM EDT
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Solo por un camino de tierra se puede ingresar al rancho de 160 acres del cubano Gilberto Morales. La propiedad termina a uno pasos del Río Grande, la línea natural que separa a Texas y Chihuahua. Esa ubicación estratégica llamó la atención de un cartel mexicano, que reclutó al dueño para que recibiera droga y migrantes en las narices de la Patrulla Fronteriza.

Por la puerta trasera de la finca entraban personas que llevaban narcóticos y guiaban indocumentados, después de caminar por un río que suele estar seco y brincar la valla fronteriza oxidada. Cada semana le dejaban una tonelada y media de marihuana, de acuerdo con la acusación.

Fue un sistema que le funcionó al cartel durante varios meses, hasta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a vigilar la propiedad en noviembre de 2019. Casi un año después, agentes federales realizaron un operativo en el lugar, donde encontraron a cuatro indocumentados escondidos y decomisaron 11 armas de fuego.

Ese mismo día fueron a una casa ligada al cartel en Clint, Texas, donde las autoridades incautaron casi media tonelada de marihuana en decenas de paquetes grandes, el método típico que usan las “mulas” para transportar la hierba a través de la frontera.

La investigación descubrió que Morales, de 58 años, se había convertido en el aliado perfecto de una organización de narcos que operaba al otro lado del muro, en el poblado El Porvenir, a 85 kilómetros (50 millas) al sureste de Ciudad Juárez. Documentos judiciales no identifican a los patrones de Morales, pero se sabe que esa región es disputada por los carteles de Sinaloa y de Juárez.

“Durante más de un año, Gilberto Morales operó su propio corredor de contrabando a través de su rancho justo en el Río Grande, trabajando con un cartel mexicano en el contrabando de marihuana a granel e inmigrantes indocumentados”, dijo la fiscal Ashley C. Hoff en un comunicado.

Morales fue acusado de participar en una conspiración para mover al menos 22 toneladas de marihuana hacia Estados Unidos, de ser un traficante de personas y de portar un arma siendo un criminal convicto (estuvo preso más de cuatro años por distribuir cocaína). Fue arrestado y le negaron la fianza por temor de que huyera a México por la parte trasera de su rancho. Se declaró culpable en julio de 2021 y en marzo fue sentenciado a más de 38 años de prisión.

El gobierno le quitó prácticamente todo: su rancho, casi 157,000 dólares que estaban en la finca, dos camiones, un remolque para caballos y armas. Además, deberá pagar una multa de 520,000 dólares.

“Están tomando el control”

El caso de Morales es solo un ejemplo de cómo los carteles se están apoderando del multimillonario tráfico de inmigrantes, cuando se registra un aumento en las detenciones en la frontera de adultos, familias y niños no acompañados. De cobrar “impuestos” a las bandas de coyotes, ahora los traficantes los ponen a trabajar para ellos o los expulsan de sus territorios para crear nuevas células.

“Poderosos carteles de la droga organizados están tomando el control del tráfico de personas en algunas regiones, cobrando tarifas por el uso de las rutas de contrabando y secuestrando y extorsionando, u obligando a los migrantes a convertirse en miembros”, advertía a principios de 2020 un equipo especial del DHS, cuya misión es desmantelar las redes de traficantes de personas.

“La violencia despiadada que han mostrado los cárteles se ha trasladado a sus actividades relacionadas con el tráfico de personas”, subrayó esa unidad del DHS. “En agosto de 2010, 72 migrantes fueron masacrados por presuntos miembros del cartel de los Zetas en México, luego de que supuestamente se resistieran a los intentos de extorsionarlos o reclutarlos como narcotraficantes”.

Un reporte de The New York Times concluye que en la última década el transporte de migrantes ha evolucionado “de una red dispersa de coyotes a un negocio internacional multimillonario controlado por el crimen organizado, incluidos algunos de los carteles de la droga más violentos de México”.

En tanto, los arrestos en la frontera registran un repunte: del 1 de octubre de 2020 al pasado 18 de julio, la Patrulla Fronteriza detuvo a 1.6 millones de inmigrantes, tres veces más que en el mismo período del año fiscal 2020. Gran parte de esos arrestos ocurrieron en la frontera entre Texas y México, una extensa franja que disputan los carteles de Sinaloa, Juárez, Los Zetas, del Golfo y del Noreste.

Un negocio de $13,000 millones

Los Zetas fueron los primeros narcos que diversificaron sus actividades delictivas, por eso algunos coyotes enjuiciados en cortes estadounidenses han confesado que fueron sus aliados.

“Aunque los miembros de Los Zetas son parte de un prominente grupo criminal transnacional, su principal conjunto de habilidades no es el tráfico de drogas, sino la violencia organizada”, describe un reporte sobre el narcotráfico en México publicado en junio por el Servicio de Investigaciones del Congreso de EEUU.

“Evolucionaron para formar una organización con sus propias actividades ilícitas lucrativas, como el robo de combustible, la extorsión, el tráfico de personas, la piratería, el contrabando de armas y el secuestro. Se sabe que Los Zetas matan a quienes no pueden pagar las tarifas de extorsión o quienes se niegan a trabajar para ellos, a menudo atacando a los inmigrantes”, agrega el informe.

Las tarifas que cobran los coyotes pueden variar desde unos cientos de dólares hasta más de 10,000 dólares. Mientras que los inmigrantes de Asia pagan incluso más.

Un informa de la organización RAND estima que esta actividad ilícita generó en 2017 hasta $2,300 millones solo guiando a indocumentados provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Mientras que el DHS señala que las ganancias generales son mucho más elevadas y cada vez son mayores, pues pasaron de $500 millones en 2018 a $13,000 millones el año pasado.

No es que los migrantes estén advertidos desde antes de emprender el viaje hacia el norte que en algún momento del recorrido estarán siguiendo las órdenes de un coyote ligado a un cartel. De hecho, a ellos les describen un panorama muy distinto en publicaciones de Facebook y en mensajes de WhatsApp, de acuerdo con un nuevo informe de Tech Transparency Project.

Les dicen en las redes sociales que el camino es “fácil”, que el gobierno de EEUU permite el ingreso de embarazadas, que la vigilancia en la frontera está relajada y que el cruce está “garantizado”. Esa es la conclusión a la que llega el reporte luego de entrevistar a cientos de migrantes.

"Parte de la información falsa publicada en línea sobre las condiciones ambientales pareció influir en la toma de decisiones de los encuestados sobre sus propios intentos de migración", cita el informe difundido este miércoles.

Droga y migrantes en la misma casa

“Mover seres humanos como carga genera miles de millones de dólares a las organizaciones criminales transnacionales de contrabando”, señala un análisis sobre lavado de dinero que el Departamento del Tesoro publicó en mayo.

“Los carteles que mantienen el control sobre el territorio de contrabando de drogas se benefician de esta actividad ilegal al cobrarles a las organizaciones de tráfico de personas una tarifa o un impuesto para pasar por sus territorios”, agrega el reporte.

Un dato interesante es que los narcos que operan en Tamaulipas han evitado que se realice el cruce marítimo de inmigrantes por el Golfo de México. Pero en la costa del Pacífico es uno de los métodos que más usan los coyotes alineados al Cartel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Los altos márgenes de ganancia y el bajo riesgo de consecuencias han ayudado a convertir el tráfico de personas en una sofisticada empresa criminal global, enredada con otros delitos transnacionales como la trata de personas, la corrupción, el tráfico de drogas, el secuestro y el asesinato”, señala el DHS.

Los agentes que buscan escondites de los coyotes en EEUU han comenzado a detectar cómo los dos grandes negocios ilícitos en la frontera se han entrelazado: decenas de inmigrantes hacinados en casas de seguridad donde también almacenan grandes cantidades de droga.

Ocurrió en abril en un operativo en Laredo, Texas, donde detuvieron a más de 30 inmigrantes de México, Guatemala y Honduras. Al registrar la vivienda hallaron más de una tonelada de marihuana, valorada en 1.8 millones de dólares, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).


El gobierno informa que del 1 de abril al 22 de julio, las autoridades arrestaron a 3,533 personas conectadas a redes de contrabando de personas. Varios fueron detenidos en 262 operativos realizados en casas de seguridad, camiones de carga y contenedores movidos por trenes.

El gobierno de Joe Biden lanzó una estrategia sin precedentes “para interrumpir y desmantelar” redes de traficantes de personas, un esfuerzo liderado por el DHS con un presupuesto de $50 millones y el esfuerzo conjunto de más de 1,300 funcionarios de distintas agencias en América Latina.

Estas acciones incluyen el lanzamiento de la llamada ‘Operación Sentinel’, que busca identificar a los coyotes para restringir sus viajes, movimientos financieros y actividades comerciales.

También se creó la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA), que se enfoca en investigar y llegar ante la justicia a los grupos de traficantes de inmigrantes “más prolíficos y peligrosos que operan en México y el Triángulo Norte” de Centroamérica.

Uno de los logros de la unidad JTFA fue la investigación al cubano Gilberto Morales, el dueño del rancho en Texas, que concluyó con una sentencia a casi cuatro décadas de prisión. Además, desmanteló una banda de coyotes que operaba en Nogales, Sonora, un territorio del Cartel de Sinaloa.

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