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Inmigrantes indocumentados

Un grupo de 225 centroamericanos fue detenido en la frontera pese a la ofensiva antiinmigratoria de Trump

El grupo estaba conformado principalmente por familias y menores no acompañados provenientes principalmente de países del Triángulo Norte. Intentaron llegar al país pese a que el gobierno estadounidense ha implementado políticas como la de regresarlos a México indefinidamente o el acuerdo con Guatemala para que sea 'tercer país seguro'. La Patrulla Fronteriza no había reportado la detención de un grupo tan grande en este punto desde febrero.
1 Ago 2019 – 05:14 PM EDT
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El grupo fue detenido a primeras horas de la mañana del 30 de julio. Crédito: Patrulla Fronteriza

Un grupo de 250 inmigrantes indocumentados llegó a la frontera por Antelope Wells, un punto remoto y poco poblado al sur de Nuevo México, la madrugada del 30 de julio y todos fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza (CBP). Estaba compuesto principalmente por familias y menores no acompañados procedentes de Centroamérica, que decidieron arriesgarse a cruzar a Estados Unidos pese a que el gobierno de Donald Trump ha implementado en los últimos meses un conjunto de políticas para frenar la entrada de nuevos migrantes al país o para que esperen en países vecinos.

El grupo entero fue llevado a las estaciones de Lordsburg y Deming —a casi dos horas de la frontera— para su procesamiento. "A pesar de que las temperaturas han aumentado a niveles peligrosos, las organizaciones criminales continúan explotando vidas humanas inocentes para obtener ganancias ilícitas sin importarles los riesgos asociados a estas prácticas peligrosas", dice en su comunicado CBP.

La Patrulla Fronteriza no reportaba la llegada de un grupo tan numeroso en este punto desde el 11 de febrero pasado, cuando comenzaban a crecer sin control los arrestos en la frontera sur. A las 12:01 de la madrugada de ese día las autoridades detuvieron a 330 personas. Era el grupo número 28 con más de 100 inmigrantes que habían detenido en el año fiscal solo en el sector de El Paso, el segundo con mayor número de arrestos en la frontera.

Recién en junio, los números de aprehensiones de indocumentados bajaron por primera vez en el año: 28% en relación con el mes anterior. Para entonces, las autoridades federales de Estados Unidos lo atribuían a los esfuerzos del gobierno mexicano por frenar el flujo de migrantes con el envío de la guardia nacional a sus fronteras y al ampliar la política de recibir en su territorio a los solicitantes de asilo centroamericanos devueltos por Estados Unidos, lo que se conoce como el Protocolo de Protección de Inmigrantes. México puso en marcha y ratificó este pacto pese a que no posee la estructura para hacerlo y ya muchos albergues en ciudades de su frontera hablan de un colapso.


A esa medida, se sumó una reciente: el pacto migratorio con Guatemala para convertirla en 'tercer país seguro', justificado por el presidente de ese país, Jimmy Morales, con el argumento de que era una manera de evitar las sanciones económicas anunciadas por Trump. El acuerdo contempla que los migrantes, principalmente hondureños y salvadoreños, que cruzan Guatemala para llegar a Estados Unidos pidan protección en Guatemala en lugar de hacerlo al llegar a la frontera sur de EEUU.

"Si quieren hacer una solicitud de protección en Guatemala pueden hacerlo", dijo entonces el secretario interino de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, al explicar el acuerdo. "Si llegan a EEUU sin haber aprovechado esa oportunidad serán devueltos a Guatemala".

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La administración Trump planea reducir las opciones de intérpretes en las cortes y así afecta a los inmigrantes

Y esta semana se conoció un plan más: el recorte de fondos para financiar intérpretes en las cortes de inmigración. Esta medida ha sido criticada por un grupo de congresistas —entre ellos los representantes Jesús ‘Chuy’ García (Illinois) y Alexandra Ocasio-Cortez (Nueva York)— que consideran que pondrá en "peligro los derechos de los inmigrantes y el debido proceso". Agregan además que esto agravará el atasco en las cortes de inmigración, que ya tienen en fila unos 900,000 casos.

Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes ven la medida como "un muro invisible" del gobierno "para asegurar que las personas que tengan la posibilidad de ajustar su estatus de permanencia no lo hagan", dijo a Univision Noticias en días anteriores Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).

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