Un juez federal del Distrito Norte de California anuló este martes las políticas implementadas en 2025 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que permitían realizar arrestos generalizados de migrantes en tribunales de inmigración y ampliar el tiempo de detención en centros de retención temporal.
Juez federal anula política de ICE que permite arrestos de migrantes en tribunales de inmigración en todo el país
El fallo anuló las políticas implementadas en 2025 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), las cuales permitían arrestos generalizados de inmigrantes en tribunales federales y de inmigración
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La decisión fue emitida por el juez federal P. Casey Pitts, quien concluyó que ambas agencias federales actuaron de manera "arbitraria y caprichosa" al modificar las reglas vigentes sin ofrecer una justificación suficiente ni analizar las consecuencias de las medidas, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
El fallo, de 71 páginas, responde a una demanda presentada por un solicitante de asilo que fue detenido por agentes migratorios al salir de una audiencia rutinaria en un tribunal de inmigración de San Francisco. La resolución deja sin efecto a nivel nacional dos de las principales directrices migratorias adoptadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Por un lado, el tribunal anuló las políticas que eliminaban las restricciones existentes para efectuar arrestos dentro o en las inmediaciones de los tribunales de inmigración. Por otro, revocó una exención nacional emitida por ICE que autorizaba mantener a los migrantes detenidos hasta 72 horas en celdas de retención de corto plazo, cuando anteriormente el límite era de 12 horas.
Durante el proceso judicial, abogados y organizaciones defensoras de migrantes argumentaron que la presencia constante de agentes de inmigración en los tribunales provocó un "efecto paralizante" entre los no ciudadanos, quienes comenzaron a faltar a sus audiencias por temor a ser arrestados. Según los testimonios presentados ante el tribunal, la asistencia a las comparecencias migratorias se redujo drásticamente tras la entrada en vigor de las nuevas directrices.
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¿En qué casos los inmigrantes sí pueden ser arrestados en los tribunales?
Con la resolución, el juez restableció de facto las reglas aplicadas durante la administración de Joe Biden, que permitían arrestos en tribunales únicamente en circunstancias excepcionales, como amenazas a la seguridad nacional, riesgos inminentes para la seguridad pública o situaciones de persecución inmediata.
Pitts sostuvo que las agencias federales no cumplieron con su obligación legal de explicar de manera razonada por qué abandonaban las políticas anteriores. "Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales que piensen antes de actuar", escribió el juez, al señalar que la ley exige que las dependencias justifiquen adecuadamente sus decisiones administrativas.
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La decisión representa un revés para la estrategia de deportaciones de Trump
La resolución judicial de hoy 23 de junio de 2026 supone un nuevo obstáculo para la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Desde entonces, su administración ha intensificado las detenciones de personas sospechosas de permanecer en Estados Unidos sin autorización legal como parte de una amplia campaña de deportaciones.
Las autoridades federales habían defendido la ampliación del tiempo de permanencia en celdas temporales argumentando que los centros de detención migratoria enfrentaban problemas de saturación. Sin embargo, el tribunal determinó que el gobierno no evaluó adecuadamente el impacto de la medida ni justificó de forma suficiente el cambio de política.
La reacción de la administración no se hizo esperar. El principal asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival, criticó públicamente la decisión a través de la red social X y acusó al juez de incurrir en "activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense de fronteras abiertas".
La orden judicial tiene efecto inmediato en todo el país y obliga tanto a ICE como a la EOIR a dejar sin aplicación las directrices anuladas mientras el gobierno decide si impugna la resolución ante una instancia superior.
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