Juez federal anula norma que limitaba la estadía de estudiantes e investigadores extranjeros

Un juez federal de Massachusetts anuló una norma del Departamento de Seguridad Nacional que fijaba plazos de estadía y restringía estudios a visas de estudiantes (F), intercambio (J) y prensa (I). El tribunal determinó que la regla violó la Ley de Procedimiento Administrativo y excedió la autoridad otorgada por el Congreso.

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Un juez federal de Massachusetts anuló de manera definitiva una norma del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) que modificaba las condiciones de estadía para estudiantes internacionales, participantes de programas de intercambio y periodistas extranjeros.

La sentencia fue dictada por F. Dennis Saylor IV, magistrado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, al analizar una demanda presentada por una coalición de universidades y asociaciones integradas por docentes, estudiantes y trabajadores académicos. Las organizaciones demandantes solicitaron al tribunal revisar la legalidad de la normativa y declarar su invalidez.

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La regla impugnada, publicada originalmente el 17 de julio de 2026, afectaba tres categorías de visado: las visas tipo F, destinadas a quienes cursan estudios académicos en instituciones estadounidenses; las visas tipo J, entregadas a personas que participan en programas de intercambio cultural y educativo para investigadores, profesores e instructores universitarios; y las visas tipo I, otorgadas a representantes de medios de comunicación extranjeros.

La normativa del gobierno eliminaba el esquema de admisión por la duración de los programas y, en su lugar, imponía un período fijo de estadía, además de nuevos procedimientos administrativos para solicitar extensiones.

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Demanda de universidades y freno judicial a la norma del DHS

El fallo definitivo llegó tras una etapa procesal previa. El 14 de septiembre de 2026, el propio juez Saylor emitió una orden preliminar que suspendió la entrada en vigor de la regla mientras se analizaba el fondo de la demanda. Aunque el gobierno federal apeló la suspensión ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, ambas partes coincidieron en que el tribunal de distrito conservaba jurisdicción para decidir sobre la validez legal de la norma.

Al verificar que no existían desacuerdos sobre los hechos del caso, el magistrado resolvió el litigio mediante un juicio sumario, el cual permite dictar sentencia con base en los documentos y argumentos escritos, sin llevar un juicio oral para presentar pruebas.

El tribunal determinó que el DHS violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), el marco legal que exige a las agencias federales fundamentar sus decisiones, analizar factores relevantes y responder a las observaciones recibidas. El juez señaló cuatro omisiones en la elaboración de la norma: la agencia no evaluó los costos y beneficios de la medida; sus argumentos sobre prevención de fraude y seguridad nacional no justificaron el cambio normativo; no respondió a los comentarios recibidos durante el período de consulta pública; y no consideró alternativas menos restrictivas.

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“El DHS no ponderó adecuadamente los costos y beneficios de la Regla Final; (2) las justificaciones presentadas, fraude y seguridad nacional, no respaldaban la acción de la agencia; (3) el DHS no consideró alternativas menos gravosas; y (4) el DHS no respondió adecuadamente a los comentarios significativos”, menciona la sentencia ¿.

El magistrado indicó que el gobierno dispone del sistema SEVIS, una plataforma que centraliza datos sobre estudiantes y visitantes de intercambio. Mientras el programa SEVP, adscrito al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, supervisa a los titulares de visas F, y el Departamento de Estado fiscaliza a los patrocinadores de las visas J.

Además, mencionó que las universidades certificadas están obligadas a reportar domicilios, inscripciones y situaciones académicas bajo sanción de perder su acreditación. Asimismo, las autoridades emplean los registros de SEVIS para detectar fraudes, identificar esquemas en los que se cobra por mantener estatus migratorio y cotejar nombres con bases de datos de seguridad. Según el fallo, el DHS debió evaluar si resultaba suficiente reforzar estos controles antes de implementar un esquema de renovación caso por caso tras cuatro años de estadía.

Tribunal niega al DHS reconsiderar la regla

El tribunal también concluyó que el DHS excedió la autoridad delegada por el Congreso. La regla limitaba la posibilidad de que los estudiantes cambiaran de especialización o cursaran programas que no representaran un grado académico superior al ya obtenido. El juez rechazó esa interpretación al señalar que impediría cursar programas como una maestría en administración de empresas después de haber obtenido un título en derecho, lo cual contraviene el propósito de la visa F-1, creada para permitir la realización de estudios en Estados Unidos. El fallo precisa que el gobierno tiene facultad para regular los visados, pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por la ley y sin restringir actividades académicas permitidas.

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El fallo también menciona que el DHS solicitó que, en lugar de anular la norma, el tribunal se la devolviera para reconsiderarla. El magistrado Saylor denegó la petición al señalar que la anulación es el remedio habitual ante infracciones a la APA y que la medida no altera la operatividad actual, dado que la regla nunca entró en vigor y el sistema previo ha estado en funcionamiento durante décadas. Con ello, dictó sentencia definitiva a favor de las organizaciones demandantes.