Seis personas fueron acusadas en Massachusetts de participar en una presunta red de matrimonios fraudulentos que habría permitido a inmigrantes indocumentados solicitar beneficios migratorios a cambio de pagos de hasta 40 mil dólares. Según documentos judiciales, la operación habría funcionado durante más de una década y su presunta líder habría obtenido millones de dólares con el esquema.
Hasta 40 mil dólares por casarse con ciudadanos de EEUU: así funcionaba la red de matrimonios falsos de Massachusetts
La organización habría facilitado entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año y cobraba por cada uno hasta 40 mil dólares. La presunta líder habría obtenido millones de dólares con este esquema.
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La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts informó este miércoles 21 de octubre que Jennifer González, de 43 años, presuntamente dirigía el negocio, en el que inmigrantes pagaban para que se organizaran matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses. El objetivo era presentar documentos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para obtener fraudulentamente un estatus migratorio legal.
Las personas acusadas son Jennifer González, Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31, y Jaylin Hill, de 26 años. Con excepción de Tavares, quien vive en Attleboro, todos son originarios de Fall River, Massachusetts, según el comunicado oficial.
Gonzalez, Daniels, Alejandro, Pugh y Tavares fueron arrestados la mañana del miércoles. Hill ya cumple una condena en una prisión estatal por un delito relacionado con armas de fuego. Las comparecencias iniciales de los seis estaban programadas para ese mismo día ante un tribunal federal.
De acuerdo con la investigación, González habría pagado a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill - todos ciudadanos estadounidenses- para que contrajeran uno o varios matrimonios con inmigrantes indocumentados. Pugh, también ciudadana estadounidense, habría trabajado como secretaria del negocio.
La organización habría facilitado entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año, con cobros que generalmente oscilaban entre los 38 mil y 40 mil dólares por cada enlace. Las autoridades sostienen que González habría ganado cientos de miles de dólares anuales durante al menos 10 años y que, en total, habría obtenido millones de dólares mediante el esquema.
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Así funcionaba el negocio de matrimonios falsos en Massachusetts
Según los documentos judiciales citados por la fiscalía, Gonzalez instruía a sus clientes sobre cómo aparentar que mantenían una relación matrimonial legítima. Entre las prácticas presuntamente utilizadas estaban contratar seguros de vida, abrir cuentas bancarias conjuntas y tomarse fotografías tipo selfie como si fueran una pareja casada.
La acusada supuestamente prometía preparar la documentación necesaria en un plazo de tres a cuatro meses para que los clientes solicitaran beneficios migratorios. También les exigía firmar contratos para pagar por sus servicios.
Durante la investigación, González fue grabada en video y audio mientras presuntamente dirigía la impresión y firma de un contrato de préstamo simulado y aceptaba un anticipo de 3,000 dólares en efectivo para organizar uno de los matrimonios ficticios.
De acuerdo con la acusación, la mujer explicó al cliente que el documento omitía deliberadamente cualquier referencia al cónyuge porque incluirla sería "incriminatorio" y que había diseñado el contrato para ocultar el propósito fraudulento del acuerdo.
Los clientes también habrían realizado pagos mensuales de 500 dólares a sus supuestos cónyuges o a personas cercanas a ellos para mantener la apariencia de que los matrimonios eran auténticos.
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El dinero del fraude matromonial se invirtió en República Dominicana
La fiscalía señaló que González utilizaba las ganancias del fraude matrimonial para comprar negocios e invertir en bienes raíces en República Dominicana, país al que supuestamente se refería repetidamente como "su país".
Las autoridades también sostienen que varios acusados mintieron en solicitudes de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de Massachusetts, al declarar falsamente que nunca se habían casado, incluso mientras presentaban peticiones migratorias federales en nombre de sus supuestos cónyuges.
Según los documentos judiciales, González habría recibido más de 120,000 dólares en beneficios de SNAP mientras dirigía la presunta red y adquiría propiedades en República Dominicana.
En grabaciones presentadas como parte de la investigación, González habría hablado sobre las dificultades que representaban las políticas migratorias más estrictas bajo la nueva administración presidencial de Donald Trump. También habría descrito a Massachusetts como un estado santuario y afirmado que ofrecía ayuda a los inmigrantes.
La investigación continúa y los cargos contra los seis acusados incluyen conspiración para albergar a inmigrantes indocumentados, albergar a inmigrantes indocumentados, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.
Los delitos relacionados con albergar a inmigrantes indocumentados y conspirar para hacerlo contemplan penas de hasta 10 años de prisión, 3 años de libertad supervisada y multas de hasta 250,000 dólares por cargo.
Los cargos de fraude matrimonial y conspiración para cometerlo contemplan hasta 5 años de prisión, 3 años de libertad supervisada y multas de hasta 250,000 dólares por cargo. Las penas definitivas, en caso de condena, serían determinadas por un juez federal.
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