Demócratas piden investigar contratos por 7,500 millones de dólares para el muro fronterizo en Texas

Big Bend recibió una millonaria apuesta para ampliar el muro pese a concentrar apenas el 1.3% de las detenciones fronterizas en 2025; congresistas cuestionan los vínculos de las constructoras beneficiadas con el entorno de Trump.

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Un grupo de 23 congresistas demócratas pidió abrir una investigación sobre la adjudicación de casi 7,500 millones de dólares en contratos para construir el muro fronterizo en Big Bend, Texas, ante posibles irregularidades y presuntos favoritismos hacia empresas con vínculos con el entorno político del presidente Donald Trump.

En una carta dirigida al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS), los legisladores solicitaron revisar cómo se asignaron los recursos para levantar barreras en el oeste de Texas y determinar si las decisiones respondieron a necesidades de seguridad fronteriza o a intereses particulares.

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Entre los firmantes se encuentran los representantes texanos Lloyd Doggett, Verónica Escobar, Greg Casar y Joaquín Castro.

La preocupación se concentra en dos compañías: Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel, que obtuvieron cuatro de los cinco contratos adjudicados para el sector de Big Bend.

Los congresistas señalaron posibles conexiones políticas de ambas empresas con la administración Trump. Según la carta, Tim Barnard, fundador de Barnard Construction, donó alrededor de un millón de dólares a grupos de recaudación de fondos vinculados con la campaña presidencial de Trump en 2024.

En el caso de Fisher Sand & Gravel, los legisladores destacaron que la compañía contrató en 2021 a Tom Homan, actual responsable de la política fronteriza del gobierno de Trump, para realizar labores de cabildeo en Texas, cuando él dirigía una firma privada de consultoría.

"Los contribuyentes merecen tener la certeza de que las decisiones que afectan al parque y a la región (...) responden a necesidades públicas legítimas y no a influencias políticas o intereses privados", advirtieron en la misiva.

¿Por qué cuestionan la construcción del muro en Big Bend?

Uno de los principales argumentos de los congresistas es la cantidad de recursos destinados a una región que registra una proporción reducida de cruces irregulares.

El sector de Big Bend comprende unas 500 millas de frontera entre Estados Unidos y México y concentró apenas el 1.3% de las detenciones migratorias fronterizas durante 2025.

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Pese a ese registro, el Departamento de Seguridad Nacional clasificó en mayo de este año a la región como un área de alta entrada ilegal de migrantes y argumentó que existía una necesidad "aguda e inmediata" de instalar barreras físicas.

Los legisladores quieren que el inspector general determine si esa clasificación está respaldada por los datos y si la adjudicación de los contratos cumplió con los procedimientos correspondientes, especialmente después de que el gobierno se eximiera de cumplir varias leyes federales para acelerar las obras.

También piden evaluar si el desembolso multimillonario responde al interés público.

El muro amenaza una zona protegida en la frontera con México

El proyecto de construcción ha provocado rechazo entre organizaciones ambientalistas, propietarios de terrenos y residentes de la región debido a sus posibles efectos sobre el Parque Nacional Big Bend.

Este espacio protegido abarca más de 324,000 hectáreas a lo largo de la frontera y alberga especies amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes naturales emblemáticos.

La controversia sobre las obras también llegó a los tribunales. Una semana antes de la solicitud de los congresistas, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el gobierno de Trump continuara con la construcción del muro en Big Bend, después de que un tribunal de menor instancia en Texas había frenado el proyecto.

En su resolución, el máximo tribunal consideró que el gobierno tiene intereses "apremiantes" relacionados con la seguridad y la integridad fronteriza para justificar las obras.

Ahora, los legisladores buscan que el inspector general examine la adjudicación de los contratos y determine si el proceso estuvo libre de irregularidades y de posibles influencias políticas.