"Defraudó a inmigrantes hispanos": la cadena de tiendas que pagará $10 millones a clientes

Curacao, una cadena de almacenes que por años les ha vendido a los inmigrantes latinos, compensará a sus consumidores afectados por sus presuntas prácticas de ventas engañosas, como parte de un acuerdo legal con la Fiscalía General de California.

Video Tienda minorista Curacao pagará 10.5 millones de dólares por presuntas tácticas de ventas engañosas

“Haga crédito en La Curacao”, decía un anuncio que se escuchaba hace unos años en radiodifusoras de Los Ángeles, California. Esta popular cadena de tiendas de muebles y electrodomésticos se caracteriza por ofrecer pagos mensuales “bajos” a los inmigrantes hispanos recién llegados, de ingresos limitados y sin acceso a fuentes tradicionales de crédito. Ellos son sus principales clientes.

La Curacao ha salido una vez más a buscar a sus compradores, esta vez para devolverles 10 millones de dólares, como parte de un acuerdo extrajudicial parcial que alcanzó con la Fiscalía General de California.

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Esto resuelve un proceso judicial en el cual se alega que la empresa atrajo a su clientela con tasas de interés “engañosamente bajas”, crédito fácil y artículos baratos que en realidad ya habían vendido.

Lo que en realidad hacía, según los fiscales, era ignorar sus propias ofertas, inflar los pagos con garantías y servicios de instalación ocultos, y entregar contratos en inglés que sus consumidores no entendían.

Quienes trataron de devolver los artículos se toparon con una estricta política que no lo permitía y algunos terminaron pagando una cuota de “reabastecimiento”, describe la querella.

A los morosos les iba peor. La demanda afirma que Curacao acosaba a sus clientes, incluso a sus familiares y empleadores, a través de múltiples llamadas y cartas. Les amenazaban con litigios, arrestos y hasta el decomiso de sus casas. Castigarlos por medio de las cortes de reclamos menores era una práctica común: sus abogados interponían hasta 400 acciones de este tipo cada mes.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, la empresa a menudo falló en notificar a sus clientes sobre dichas demandas, como lo exige la ley, y hubo quienes se dieron cuenta de ello hasta que las cortes ya les habían impuesto sentencias por incumplimiento de contrato.

"Curacao afirmó ser parte de la comunidad latina del sur de California. Luego procedió a defraudar a personas de bajos ingresos, hispanohablantes e inmigrantes con poca o ninguna experiencia en contratos de financiamiento a largo plazo", dijo el fiscal estatal Xavier Becerra en un comunicado.

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“Esta empresa despojó a sus propios clientes leales que simplemente entraron a sus grandes almacenes en busca de un trato decente”, agregó el funcionario.

Empresa no admite su culpabilidad

Curacao fue fundada en Los Ángeles en 1983 y actualmente opera nueve tiendas en el sur de California, todas localizadas en ciudades habitadas por hispanos. También tiene almacenes en Nevada y Arizona. Hace unos años arrancó su esfuerzo por ampliar su mercado, lanzó comerciales en inglés y creó una plataforma para vender sus productos en línea. Su eslogan dejó de ser esta frase en español: “un poco de tu país”.

Este cambio de imagen coincidió con la denuncia presentada por la Fiscalía de California en 2017, la cual menciona a Adir International, su empresa matriz, y a su propietario Ron Azarkman.

Cabe señalar que el acuerdo extrajudicial no incluye la admisión de responsabilidad por parte de la cadena.

Ariela Nerubay, vicepresidenta de mercadeo, dijo a Noticias Univision que la empresa había optado cerrar este capítulo pensando precisamente en su clientela. “Nosotros decidimos que, en vez de estar gastando dinero en abogados, mejor preferimos invertir ese dinero en la comunidad”, señaló.

Hace cuatro años, cuando se entabló la querella, Azarkman resaltó que el objetivo de sus almacenes era que familias pobres pudieran tener muebles y electrónicos. “Me enorgullece el hecho de que hemos ayudado a cientos de miles de clientes a establecer y generar crédito, y tener acceso a productos que, de otra manera, no habrían podido pagar”, declaró entonces el empresario al diario Los Angeles Times.

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El acuerdo parcial anunciado esta semana obliga a Curacao a pagar 10 millones de dólares en alivios de deudas a los consumidores que fueron perjudicados por las acciones ya mencionadas.

La Fiscalía precisa que, bajo los términos acordados por ambas partes, la compañía debe comunicarse directamente con los consumidores que son elegibles para un pago en un plazo de 60 días.

La compañía también desembolsar 500,000 dólares en multas civiles y acatar un perdón adicional de deudas a quienes todavía le están pagando “por juicios ilegales de reclamos menores”, señala el comunicado de la Fiscalía General de California.

“Vas pagando cada vez más”

De ahora en adelante los almacenes de Curacao deberán mostrar una declaración de derechos del consumidor, tendrán que respetar las rebajas que anuncia y entregar a sus clientes un contrato en español que revele todos sus términos.

La empresa también se comprometió a “limpiar” el historial de crédito a quienes “en acciones ilegales” fueron sentenciados por incumplimiento de pagos, a exigirle a sus cobradores que no llamen por la noche y reportar a la Fiscalía por varios años sobre sus esfuerzos por cumplir tal acuerdo.

“Los inmigrantes en el condado de Los Ángeles, particularmente aquellos cuyo idioma principal no es el inglés, enfrentan a diario grandes retos. Lo mínimo que deben esperar es ser tratados de manera justa y legal por las empresas que los atienden”, dijo Rafael Carbajal, director del Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios de esa jurisdicción, en un comunicado.

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Beatriz Mendoza dice que tuvo una mala experiencia en una tienda de Curacao. Asegura que fácilmente abrió su crédito comprando unos artículos, pero le fue difícil salir de la deuda. “Vas pagando cada vez más y más. No ves cuando la cuenta baja… Pedí un préstamo para poder pagar 1,400 (dólares)”, contó esta mujer a Noticias Univision.

El caso de otra clienta, Carmen Góchez, fue presentado por los fiscales estatales en la corte como evidencia del supuesto fraude. Ella visitó un almacén para comprar una computadora portátil de casi 380 dólares para su nieto. Pero el vendedor le agregó accesorios, un disco duro externo, tarifas de instalación, una garantía de tres años y el financiamiento. Salió con una deuda de 1,614 dólares.

Góchez señala en su declaración que se enteró hasta el día siguiente, cuando recogió una bolsa “llena de artículos que yo le dije (al vendedor) que no quería comprar”.