Espionaje

Documento vincula a funcionarios de la fiscalía mexicana con software que se usó para espiar a periodistas y activistas

Pese a que el presidente Enrique Peña Nieto calificó las acusaciones como falsas, medios mexicanos han publicado una serie de documentos que podrían dar más pistas sobre si el espionaje fue efectuado por el gobierno.
29 Jun 2017 – 4:16 PM EDT

Hace un par de semanas, una investigación realizada por diferentes organizaciones civiles y publicada por el diario The New York Times reveló que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas mexicanos han sido espiados por el propio gobierno a través de un software llamado Pegasus.

Pese a que el presidente Enrique Peña Nieto calificó las acusaciones como falsas, medios mexicanos han publicado una serie de documentos que podrían dar más pistas sobre si el espionaje fue efectuado por el gobierno.

De acuerdo con un documento en poder del diario Milenio, el malware Pegasus fue adquirido por la PGR en octubre de 2014, cuando el entonces titular de la dependencia era Jesús Murillo Karam, quien estuvo al frente del inicio de las investigaciones en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Según esta acta, el software fue terminado de instalar en marzo de 2015, cuando Arely Gómez recién tomó el puesto, y meses después comenzaron a registrarse los primeros intentos de invasión a los teléfonos celulares de periodistas y activistas.

El software fue denominado en los documentos del gobierno como "Sistema para la realización de actividades sustantivas” y el proveedor del sistema fue la empresa Grupo Tech Bull SA de CV.


En un lapso de cinco días, se capacitó a 25 personas para que operaran Pegasus. El programa tenía capacidad para espiar a 500 personas al mismo tiempo, según el documento.

La oficina de la procuradora recibió el "hardware, software y documentos sobre la implementación y capacitación, garantía de un año y papelería que acreditaba la realización de los cursos de capacitación del uso del sistema para 25 personas en grupos de ocho cada uno”, según el acta.

No obstante, tras la publicación del documento, Arely Gómez, quien actualmente es la secretaria de la Función Pública, aceptó que se adquirió este programa, pero aseguró que su uso siempre se empleó “dentro del marco jurídico”.

La funcionaria señaló que el uso de estas herramientas son un mandato de la Constitución mexicana para combatir al crimen organizado y la delincuencia.


“Les comento que la Procuraduría General de la República y cualquier procuraduría, tiene, para poder cumplir con su mandato, algunos sistemas y herramientas de inteligencia que se deben utilizar siempre dentro del marco jurídico. Eso nos lo manda la ley y la constitución. Durante mi mandato siempre fueron apegadas dentro del marco jurídico”, señaló.

La PGR, la Secretaría de Defensa y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) eran las dependencias que operaban el sistema, de acuerdo con el informe de Citizen Lab sobre activistas y periodistas.

Según el informe que fue publicado semanas atrás, que fue llevada a cabo por Artículo 19, R3D y Social Tic –con asistencia del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá–, se detectaron 76 intentos de infección contra personajes como los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayoztinapa; los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga (quién destapó el caso de la llamada casa blanca) y Salvador Camarena; o Stephanie Brewer, una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía, entre otros.


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