El Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado de Maryland para impugnar sus leyes que permiten a ciertos inmigrantes indocumentados acceder a matrículas universitarias con tarifa de residente y recibir asistencia financiera estatal.
El Departamento de Justicia demanda a Maryland por dar matrícula universitaria estatal a inmigrantes indocumentados
Una disputa por el acceso a la universidad llega a los tribunales: el gobierno de Trump busca frenar los beneficios educativos que Maryland ofrece a estudiantes inmigrantes indocumentados
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La acción legal forma parte de una ofensiva más amplia del gobierno federal contra programas estatales que ofrecen beneficios educativos a estudiantes sin estatus migratorio legal.
En la demanda, el Departamento de Justicia argumenta que las leyes de Maryland violan la legislación federal porque, según la administración Trump, otorgan ventajas educativas a inmigrantes indocumentados que no reciben algunos ciudadanos estadounidenses.
“El Congreso dejó claro hace mucho tiempo que Maryland no puede negar a los ciudadanos estadounidenses las mismas oportunidades educativas que ofrece a los inmigrantes indocumentados en el estado”, declaró el Fiscal General Adjunto Stanley Woodward.
“Al conceder a los inmigrantes indocumentados la matrícula estatal, Maryland no solo viola la ley federal, sino que además subvenciona su educación, lo que supone un coste aproximado de 9 millones de dólares para los contribuyentes de Maryland en un solo año académico. Este Departamento de Justicia está comprometido a cumplir la promesa del presidente Trump de que los inmigrantes indocumentados no recibirán beneficios públicos ni trato preferencial sobre nuestros propios ciudadanos”, agregó.
¿Qué cuestiona el gobierno federal?
La demanda busca impedir que Maryland aplique una ley y un reglamento que permiten que universidades públicas cobren matrícula estatal a ciertos estudiantes que viven en el estado, sin importar si cuentan o no con autorización migratoria.
Además, el Departamento de Justicia pidió bloquear la entrega de asistencia financiera y becas estatales para inmigrantes indocumentados.
“Se trata de una simple cuestión de derecho federal: las universidades no pueden ofrecer beneficios a inmigrantes indocumentados que no ofrezcan a ciudadanos estadounidenses”, declaró el Fiscal General Adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia. “Este Departamento de Justicia no tolerará que los estudiantes estadounidenses sean tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país”.
¿Qué dice la demanda sobre el costo para Maryland?
El Departamento de Justicia sostiene que el programa representa un costo para los contribuyentes del estado y calcula que la matrícula reducida para estudiantes indocumentados equivale a aproximadamente 9 millones de dólares durante un solo año académico.
El gobierno federal argumenta que estas políticas podrían incentivar la inmigración irregular al ofrecer beneficios educativos a personas que no tienen autorización para permanecer en Estados Unidos.
La demanda contra Maryland se suma a una serie de acciones legales impulsadas por el Departamento de Justicia contra estados que cuentan con políticas similares.
De acuerdo con el Departamento, esta es la decimotercera demanda presentada contra programas estatales de matrícula universitaria para inmigrantes indocumentados.
La administración federal asegura que cuatro casos anteriores en Texas, Kentucky, Oklahoma y Nebraska terminaron con órdenes judiciales que bloquearon de manera permanente leyes similares al declararlas inconstitucionales.
Actualmente, también existen demandas pendientes contra otros estados, incluidos Illinois, Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts y Rhode Island, por políticas relacionadas con matrícula universitaria para estudiantes inmigrantes indocumentados.
El caso podría afectar a estudiantes inmigrantes y familias hispanas en Maryland que dependen de programas estatales para reducir el costo de la educación superior.
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