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Corrupción

Un caso de corrupción salpica a Jimmy Morales a menos de un año de su investidura

Solo un año después de que Otto Pérez Molina cayera en medio de protestas ciudadanas y acorralado por la Justicia, se conoció que el hijo y el hermano de su sucesor están siendo investigados en un caso de corrupción. Además, el presidente de Guatemala se ha visto obligado a dar marcha atrás con un polémico decreto que limitaba las garantías constitucionales.
22 Sep 2016 – 12:42 PM EDT

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala.- “Ni corrupto, ni ladrón”: el lema de campaña que usó el presidente guatemalteco Jimmy Morales para llegar al poder durante la crisis política de Guatemala que generó fuertes protestas y acabó con la caída del expresidente Otto Pérez Molina hace justo un año cercado por varios casos de corrupción dejaba claro su promesa de pasar página con un proyecto más transparente.

Pero esa seña de identidad ahora le pasa factura luego de que el mismo mandatario anunciara la semana pasada que su hijo José Manuel Morales Marroquín y su hermano y más cercano asesor durante el proceso electoral, Samuel Morales, testificaron recientemente ante la fiscalía por una investigación de corrupción en el Registro de la Propiedad.

El origen del caso se remonta a la administración de la exdiputada y Registradora de la Propiedad (2012-2016), Anabella de León. La investigación de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FEC) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) apunta a la existencia de al menos 16 “plazas fantasmas”, puestos de trabajo por los cuales se cobraron entre 2014 y 2015 salarios sin realizar ninguna función por valor de 3 millones de quetzales (unos 400,000 dólares), además de prácticas irregulares en la contratación de productos y servicios por 150,000 quetzales (unos 20,000 dólares).

La investigación revelada el 1 de septiembre tuvo un giro doce días después cuando el presidente Morales, en las cuentas de redes sociales del gobierno y junto a su esposa, anunció que su hijo y su hermano habían presentado declaración por este caso.


“Pueblo de Guatemala: Hoy debo comunicarles una situación particularmente difícil. Uno de mis hijos, que actualmente estudia en el extranjero, me comentó que se había enterado a través de las noticias de las acusaciones en contra de la entidad mercantil Fulanos y Menganos, en donde él y uno de mis hermanos podrían tener alguna relación con unas cotizaciones por servicios de alimentos”, dijo Morales en su breve mensaje en video.

“Esta es la única ocasión en que hablaré sobre este tema y no daré ninguna declaración adicional para no interrumpir de ninguna manera en este proceso”, agregó el mandatario, quien dijo que le había pedido a su hijo que se presentara a declarar de manera voluntaria ante la Fiscalía.

El restaurante, el partido y los vínculos familiares

La “entidad mercantil” a la que se refería Morales como vinculada al caso es el restaurante de carnes y eventual teatro de comedias ligeras “Fulanos y Menganos”, que es propiedad de Gilmar Othmar Sánchez Herrera, actual diputado del Parlamento Centroamericano por el partido de gobierno, Frente de Convergencia Nacional FCN-Nación.


En la investigación de la Fiscalía se señala a la empresa del restaurante Fulanos y Menganos, llamada Carnes y Ensaladas S.A., de simular un cobro por alrededor de 90,000 quetzales ( casi US$12,000) por un desayuno para personal del Registro de la Propiedad que no se habría realizado. Ese dinero, según la Fiscalía, se desvió para la compra de canastas navideñas para empleados.

Según ha trascendido de la investigación, la factura habría sido entregada por el hijo del presidente a la madre de su novia para que realizara la venta de las canastas. Por su parte, Samuel Morales, el hermano del presidente, habría sido el contacto para obtener la factura falsa.

Tanto el hijo como el hermano del mandatario solo han brindado su testimonio y de momento no han sido acusados formalmente. Pero los vínculos del restaurante Fulanos y Menganos con el mandatario van mucho más allá. En 2011, cuando Jimmy Morales incursionó en la política para competir por la alcaldía del municipio de Mixco, él no obtuvo los suficientes votos, pero sí lo hizo su compañero de partido, Gilmar Othmar Sánchez Herrera, el propietario del restaurante en cuestión, que se convirtió en concejal en esos comicios.

Este restaurante fue usado luego en la campaña presidencial 2015 de Jimmy Morales como lugar de reuniones del partido para distintos eventos, entre ellos la proclamación de Morales como candidato.

Por otra parte, una empresa de Samuel Morales, Plus Espectáculos y Promociones S.A., habría proveído al Registro de la Propiedad de canastas navideñas en 2013 por el valor equivalente a unos 24,000 dólares.

Una imagen desgastada y un acuerdo desafortunado

Los hechos entorno a la familia del presidente no han dejado indiferente a la sociedad guatemalteca. Caricaturas, editoriales y comentarios en redes sociales reflejan el desgaste de la imagen presidencial. Para el politólogo Hugo Novales, investigador de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (ASIES), la decisión del presidente de salir al paso de las críticas anunciando la relación de sus familiares con el caso fue empañada por errores de comunicación y un mensaje tibio.



“El problema es el contenido del mensaje, no es lo suficientemente drástico. No dice que se separaría de estas figuras si hubieran cometido algún delito; y por otro lado afirma que no va a dar más declaraciones sobre el tema“, algo que, a su juicio, no contribuye a su credibilidad.

El analista resalta que Morales construyó su imagen sobre la consigna de no ser corrupto y resaltando los valores familiares y considera que hay una contradicción cuando las investigaciones tocan a su entorno cercano.

A este ambiente de desconfianza no contribuyó la publicación, el pasado martes, de un acuerdo gubernativo que limitaba la libre locomoción y la libertad de expresión por razones de seguridad relacionadas con las abundantes lluvias en el país, pero que fue fuertemente criticada por los ciudadanos, lo que obligó al gobierno a dar marcha atrás y derogarlo a 24 horas de su publicación.

Esta acción es vista por Novales como “desafortunada” en medio de una crisis de credibilidad del mandatario y mientras este se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

Para la analista Iduvina Hernández, directora de la Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM), la emisión de este acuerdo es un claro ejemplo de la vocación autoritaria de la administración de Morales. En ese sentido, lamenta que pese a que el decreto se conoció 15 días antes en Consejo de Ministros y pasó por la Secretaría General de la Presidencia, fue publicado sin reparos a las violaciones constitucionales.

“Se nota la incapacidad política del presidente. La corrupción de los asesores y su prepotencia. Además se nota el entorno de conspiración, no es gratuita la salida del vicepresidente Cabrera quien deroga el acuerdo presentado mientras el presidente esta fuera del país” apunta la activista en Derechos Humanos.

Hernández resalta que el discurso de Morales demostró su “techo de cristal” al aparecer una vinculación de su círculo familiar con la anterior administración de Partido Patriota (PP) en un caso de corrupción.

“El año pasado algunos decíamos que no había condiciones para las elecciones y que el partido de Morales tenía vínculos con el PP. Esto nos pinta como sociedad. El que se haya creído en el discurso torpe de Morales en campaña de no ser corrupto ni permitir la corrupción”, se queja.

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