Miles de personas han sido forzadas a dejar el programa de cupones de alimentos

En abril, una importante ayuda para cientos de miles de estadounidenses sufrió una derrota. Una estipulación federal que vincula la asistencia alimenticia con un requerimiento de trabajo eliminó el acceso para muchas personas al conocido programa SNAP, el que ayuda a acceder a alimentos sanos a personas de bajos recursos.

Desde que la estipulación de hizo vigente el 1 de abril, los niveles de participación en SNAP han bajado drásticamente. Nuevos datos del Departamento de Agricultura de EEUU demuestran que solamente en abril la participación en SNAP se redujo por unas 773,000 personas. Según el Center on Budget and Policy Priorities (Centro sobre Prioridades Presupuestarias y Políticas), se trata del descenso más grande en un solo mes desde que cesaron las prestaciones temporales en casos de desastres para las víctimas del Ciclón Katrina en 2005.

En términos generales, el descenso en la participación en SNAP denota signos positivos para la economía: durante el apogeo de la más reciente recesión, la cantidad de personas recibiendo prestaciones de vales alimenticios aumentó drásticamente. Su punto máximo fue en diciembre 2012, cuando 47.8 millones los recibían. Desde entonces los niveles de participación han bajado en 4.2 millones a medida que el mercado laboral se ha ido recuperando. Actualmente la cantidad de casos de beneficiarios está en su nivel más bajo desde 2010.

Pero el brusco declive de abril se debió en parte a un efecto colateral de la mejoría económica. Durante los tiempos de desempleo alto y continuo, los estados pueden solicitar una exención para anular el requerimiento laboral relacionado con SNAP. Dicho requerimiento especifica que los adultos desempleados entre las edades de 18 y 49 que no tengan dependientes o discapacidades sólo pueden recibir tres meses de prestaciones dentro de un período de 36 meses, a no ser que encuentren empleo o estén inscritos en un programa de capacitación laboral o de servicio comunitario durante un mínimo de 20 horas a la semana. Durante la recesión, la mayoría de los estados solicitaron y recibieron exenciones y los necesitados recibieron subvenciones alimenticias mensuales sin importar su estatus de empleo.

Pero para enero de este año, el índice de empleo general en 40 estados había mejorado hasta el punto en que los estados ya no tenían derecho a recibir exenciones y el límite de tres meses de recibir vales alimenticios entró en vigor el 1 de abril. Además, tal como reporté anteriormente, varios estados que aún tenían derecho a exenciones debido a un nivel bajo de empleo —entre ellos Arkansas y Misisipi— optaron por renunciar a éstas.

Antes de la fecha límite del 1 de abril, el Centro sobre Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP por sus siglas en inglés) calculó que aproximadamente 500,000 estadounidenses perderían sus prestaciones debido a la reaparición de esta política. Según Ed Bolen, analista sénior del CBPP, los datos recientes del Departamento de Agricultura confirman el impacto de la restricción: la participación en SNAP bajó en un 2.8% en los estados que ahora se oponen a los límites de tiempo de participación en comparación con 0.8% en los estados que aún tienen exenciones vigentes. Los datos también ponen de relieve algunos efectos colaterales inquietantes:

Para muchos aún es difícil encontrar empleo

Según explica Bolen, una preocupación es que algunos estados, con el apuro de demostrar la fuerza del mercado laboral en un año de turbulencia política, pasaron por alto la dura realidad que encaran algunos en sus poblaciones. Podemos tomar a Louisiana como ejemplo. Bajo Bobby Jindal, antiguo gobernador y candidato a la presidencia, el estado rehusó una exención del requerimiento laboral el año pasado a pesar de haberlo solicitado anteriormente en su ejercicio, según reportó The Advocate. Sin embargo, después de asumir el cargo de Jindal el 11 de enero, el nuevo gobernador John Bel Edwards volvió a solicitar una exención y la recibió. Debido a un alto nivel de desempleo y sueldos bajos, la participación en SNAP en Louisiana en realidad está incrementando… en oposición a la tendencia nacional. Aunque Jindal pasó esto por alto, el enfoque más mesurado de Edwards —el cual incluye un renovado programa de capacitación laboral que se inauguró el 1 de julio— reconoce que una tendencia nacional ascendente no constituye una razón para ignorar las necesidades de una población específica.

Con frecuencia, a los que han sido afectados por la suspensión de las exenciones se les llaman “adultos sin discapacidades ni dependientes”. Dicho término resulta poco apropiado y perpetua la mentalidad de que la única barrera al empleo para estas personas es una falta de motivación, dice Lisa Hamler-Fugitt, directora ejecutiva de la Ohio Association of Foodbanks (Asociación de Bancos Alimenticios de Ohio). Según dice Hamler-Fugitt, este término oculta el hecho de que —por lo menos en Ohio— un 30.8% de las personas en esta categoría sufren de impedimentos mentales o físicos que no han sido diagnosticados. Y un 24.4% tienen hijos, pero no custodia de estos. Otros más tienen que lidiar con otras barreras al empleo, como un 35.3% que reporta haber sido condenados por un delito en el pasado.

Las fuentes alternativas de asistencia están sobrecargadas

En octubre 2013 Ohio perdió su exención y desde entonces la organización de Hamler-Fugitt ha estado luchando por revisar detenidamente a los que han sido afectados con el fin de mejor entender cómo administrarles otras formas de asistencia. Hasta la fecha, la Asociación de Bancos Alimenticios de Ohio —en colaboración con el Departamento de Empleo y Servicios Familiares— ha evaluado a más de 5,000 individuos de alrededor de 172,000 quienes fueron sacados del programa SNAP en el estado, según dice Hamler-Fugitt.

“Esta es una política pública miserable”, dice Hamler-Fugitt. “Esencialmente, les estamos diciendo a personas, muchas de las cuales no pueden trabajar o valerse por sí mismos, que están solos”. Con la falta de asistencia federal, personas en estados sin exenciones en todo el país han estado acudiendo a los bancos alimenticios como el de Hamler-Fugitt en Ohio. “ Nuestras redes están totalmente abrumadas”, dice. La reimposición del límite de tiempo ha impuesto una “fuerte orden judicial sin financiamiento en nuestro sistema”, afirma.
La necesidad ha escalado en Ohio a tal grado que un grupo de organizaciones caritativas en Richland County se han unido para alimentar personas en un comedor abierto para indigentes en la plaza del pueblo, dice Hamler-Fugitt. Cada día hay más y más personas en la cola del comedor.

Varios bancos alimenticios más pequeños en St. Louis, Missouri —un estado cuyo límite de tiempo entró en vigor el 1 de abril— reportan más estantes vacíos después de que 27,000 personas en el estado perdieron sus prestaciones, según indica St. Louis Public Radio.

En esa ciudad hay muchas personas tambaleando después de perder su estipendio mensual de 189 dólares, entre ellas Catherine Sales, de 48 años de edad. Según reportó St. Louis Public Radio, Sales está buscando empleo —lo cual debe darle el derecho de seguir recibiendo prestaciones— pero la repentina eliminación de sus prestaciones la ha dejado demasiado desalentada para llenar los papeles necesarios.

En Mississippi —un estado con derecho a la exención pero que optó por no solicitarla— los 82,000 residentes afectados también están luchando por cumplir con el requisito laboral, dice Matthew Williams, un asociado especializado en políticas gubernamentales en el Mississippi Center for Justice. Sólo dos condados en el estado producen suficientes puestos vacantes para emplear los que han sido afectados por el requerimiento laboral, agrega Williams. Además, el programa de empleo obligatorio y capacitación del gobernador Phil Bryant sólo creará aproximadamente 3,600 contrataciones adicionales al mes, lo cual no es ni remotamente adecuado para cumplir con la necesidad creada por la exención ausente.

Tales defectos logísticos le fallan a las personas afectadas. Hamler-Fugitt dice que hay una necesidad innegable de que los programas estatales y federales den un paso adelante para llenar estas brechas en cuanto a asistencia. “El Departamento de Agricultura de EEUU debe requerir que antes de que se elimine a cualquier persona del programa, que se les evalúe detenidamente para asegurar que entendamos si tiene una discapacidad y que se le dé el tratamiento necesario”, dice. “También resulta imperativo que todos los recursos de capacitación laboral disponibles a los niveles federales, estatales y locales se prioricen para [atender a] esta población”.

Según indica Hamler-Fugitt, mientras tanto hay que reforzar los proveedores alimenticios de organizaciones religiosas o los proveedores sin fines de lucro. Las subvenciones de corporaciones y de fundaciones (junto con contribuciones individuales) proveen la mayor parte del apoyo que reciben estas organizaciones.

No entender bien ni abordar las necesidades de lo que Hamler-Fugitt llama “nuestra población más vulnerable” demuestra una ceguera de parte de los gobiernos estatales. “Sólo porque decidas cortarles las prestaciones a la gente o sacarlos de programas de prestaciones para necesidades básicas, tales personas no se van de nuestras comunidades”, dice. “Se quedan y se deterioran”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.