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La prohibición que ha silenciado la investigación de violencia de armas por 20 años

La prohibición que ha silenciado la investigación de violencia de armas por 20 años

El Congreso ha bloqueado el financiamiento a estudios que podrían contribuir a reducir este tipo de trágicos eventos.

Rifle semiautomático

Es un debate que vuelve y vuelve a salir una y otra vez, especialmente luego de los trágicos eventos de la madrugada del domingo. También sucedió luego del tiroteo que terminó con las vidas de catorce personas en San Bernardino, California. Los opositores al control de armas dicen que si los empleados en el lugar hubieran estado armados, podrían haberse protegido. Pero los activistas dicen que la clave no es más armas, sino más control de armas. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre si la posesión de armas nos hace más seguros? En realidad, dice muy poco.

Investigadores de agencias de federales, incluyendo el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional de Salud (NIH), por largo tiempo se han mantenido silenciosos sobre el tema de la salud pública y la violencia de armas, pero no por elección: por veinte años ha existido una prohibición por parte del congreso para financiar investigación de este tipo con fondos federales.

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Justamente horas antes del tiroteo en San Bernardino, un grupo de médicos se unieron a un puñado de políticos demócratas en Washington DC para pedir el fin de esta restricción. Los profesionales presentaron una petición firmada por más de dos mil doctores de todo el país, pidiendo que se permita esta “investigación de sentido común”, como fue calificada.

“Más allá de dónde nos ubiquemos en el debate sobre violencia de armas, todos deberíamos estar de acuerdo en que el debate debería estar informado con datos objetivos e investigación robusta”, dijo David Price, congresista demócrata por Carolina del Norte, quien también es vicedirector del Equipo de Trabajo para la Prevención de Violencia de Armas, en la Cámara de Representantes.

La prohibición fue propuesta e implementada por el ex congresista Jay Dickey de Arkansas en 1996, a través de un endoso de la ley de asignaciones, y no prohíbe todas las investigaciones sobre armas per se. Lo que hizo fue imposibilitar el uso de fondos federales para estudios que promuevan el control de armas, luego de que la Asociación Nacional del Rifle (NRA) acusara al CDC de tener una predisposición cuando este último apoyó una investigación que halló que tener un arma aumenta el riesgo de suicidios y homicidios.

El lenguaje de esta enmienda fue suficientemente vago como para disuadir a las agencias públicas de cualquier tipo de investigación en violencia de armas, incluso luego de que el presidente Barack Obama emitiera su acción ejecutiva en 2013, llamando al CDC a continuar con sus estudios.

Pero el riesgo de perder financiamiento es demasiado grande, como lo ilustra lo sucedido en 1996, cuando se le retiraron 2.6 millones de dólares al CDC. Esto, de acuerdo a la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), fue la misma cantidad que el CDC había invertido en estudios relacionados con armas en 1995. El CDC había planeado usar esa cantidad para estudiar lesiones traumáticas del cerebro.

Así de fácil, el financiamiento para investigación relacionada a armas efectivamente se secó. Investigadores con gran experiencia temieron perder sus trabajos y los nuevos académicos rápidamente se dieron cuenta que los temas relacionados a violencia de armas son “ un campo sin futuro”, como lo definió el Washington Post.

En las últimas cuatro décadas, el Instituto Nacional de Salud ha financiado sólo tres estudios sobre violencia de armas. Esas pocas investigaciones debieron usar cuidadosamente el lenguaje al referirse al tema, para que no se les pudiera acusar de que estaban violando la prohibición. Un ejemplo es el estudio en “violencia con armas de fuego y oportunidades para prevención”, que el CDC publicó en noviembre de 2015. Analizó 127 tiroteos registrados en Wilmington, Delaware, pero no se refirió al efecto del acceso a armas de fuego, de acuerdo a Vice News:

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“Este no se refiere a cómo los culpables adquirieron sus armas, o si los intentos de limitar acceso a armas de fuego pueden llevar a una baja en el crimen. En vez de esto, el reporte de Wilmington describe las ya muy conocidas tendencias y factores de riesgo: que un 95% de los residentes de la ciudad arrestados por crímenes violentos son hombres jóvenes; que los antecedentes de violencia son un fuerte predictor de estar involucrado en crímenes relacionados a armas de fuego; y que el desempleo es muchas veces un factor de riesgo para la violencia”.

En retrospectiva, Dickey –el ex congresista que propuso la prohibición– ha dicho que lamenta haber hecho esta iniciativa. En octubre de 2015 dijo a NPR que la enmienda nunca intentó detener todas las investigaciones. “No lo sé, pero ahí es donde está mi remordimiento”, dijo Dickey. “Estaba en otras cosas, preocupado por mis votantes. Y no le di seguimiento al tema ni dije que todavía necesitamos investigación. No lo hice”.

Mientras tanto, la frecuencia de los tiroteos masivos ha aumentado, generando una crisis de armas de fuego que Obama ha dicho que “ no tiene paralelo en el mundo”. Estados Unidos hoy tiene más armas que gente, con un promedio de ocho armas por dueño. Como ha sido dicho por un reportero del Washington Post, los tiroteos masivos se han transformado en algo normal. Escribiendo para la revista Journal of the American Medical Association, el epidemiólogo Frederick Rivara (el mismo del estudio que generó el revuelo de la NRA en 1996) y sus colegas dijeron que más investigación podría haber prevenido este aumento.

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La investigación en la prevención de lesiones puede tener efectos reales y duraderos. En los últimos veinte años, el número de estadounidenses que han muerto por colisiones de vehículos ha disminuido en un 31%. Las muertes por incendios y por ahogamientos se han reducido aún más, por 38% y 52% respectivamente. Estas mejoras se han logrado sin prohibir los automóviles, las piscinas o los fósforos. En vez de esto, se realizó un traslado efectivo de los hallazgos de las investigaciones hacia intervenciones eficaces. Si tuvieran la posibilidad, ¿podrían los investigadores lograr algo similar con la violencia de armas de fuego? No será posible saberlo a no ser que el Congreso termine con esta moratoria en la investigación para la prevención de lesiones por armas.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.

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