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Caso Ayotzinapa

Padres de Ayotzinapa discrepan sobre gestión del gobierno con la CIDH

Aunque hay avances en la definición el mecanismo especial de seguimiento, el gobierno federal todavía presenta "resistencia" en cinco de los ocho puntos planteados en dicho esquema.
13 Jul 2016 – 11:13 AM EDT

Los padres de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 declararon durante una reunión que tuvieron con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Arely Gómez, que existen "avances mínimos" en la investigación.

El representante legal de los padres, Vidulfo Rosales, aceptó que "hay avances mínimos en la investigación" pero remarcó que sigue sin haber "indicios claros" sobre lo que pasó con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero.

Después del encuentro con Gómez, el abogado dijo a periodistas que en la búsqueda de los desaparecidos se utilizan recursos avanzados como "aviones no tripulados y con una cámara con alta tecnología".

"Esto no satisface la demanda de los padres de familia, que es el esclarecimiento de los hechos, avanzar en líneas distintas al basurero de Cocula", declaró.

Rosales dijo también que no ha sido atendida la demanda de remoción de Tomás Zerón como director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, cuyo desempeño al frente de las pesquisas ha sido cuestionado por los padres.

Por su parte, el Gobierno refrendó el compromiso esclarecer el caso. En la reunión, la procuradora Gómez reiteró que la institución que encabeza "trabaja con exhaustividad y profesionalismo" en la investigación, y refrendó a los familiares que la PGR tiene el "compromiso indeclinable de esclarecer el caso".

Se expusieron los avances en las distintas líneas de investigación y se informó a los padres sobre las acciones de búsqueda que se realizan, "contando para ello con instrumentos tecnológicos de punta", indicó la PGR en un boletín.


Nueva etapa de trabajos con la CIDH

Tras el encuentro con la titular de la PGR, los padres se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En el encuentro las partes analizaron el esquema del mecanismo de seguimiento a las pesquisas conforme a lo propuesto por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, además de la PGR, el cual será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Campa reiteró a los familiares "la voluntad de la actual Administración Federal por esclarecer los hechos sucedidos con los estudiantes desaparecidos", indicó la Secretaría de Gobernación en un comunicado.

Según la versión oficial de lo ocurrido en Iguala, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías municipales y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron y quemaron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.

Esa teoría ha sido puesta en duda por organismos internacionales como el grupo de expertos independientes de la CIDH, que tras meses trabajando en el caso presentó este año un informe en que denunció graves fallos en las investigaciones.

Tras las negociaciones, se acordó que el gobierno federal financiará otra investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con una carta que la envió al Estado mexicano y a los padres de los normalistas, la nueva intervención operará bajo un Mecanismo Especial de Seguimiento a las Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).El documento indica que el mecanismo consta de ocho “elementos mínimos”. El punto seis pide que el mecanismo de seguimiento “deberá tener asegurado su financiamiento”.

Aunque hay avances en la definición el mecanismo especial de seguimiento, el gobierno federal todavía presenta "resistencia" en cinco de los ocho puntos planteados en dicho esquema.

Los padres de familia acusaron que estas resistencias se centran básicamente en el mandato y estancia que tendría dicho esquema instrumentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La propuesta del gobierno mexicano es reducir sensiblemente las visitas que realicen los comisionados al país, mientras que los padres plantean que cuando menos se hagan cuatro entre agosto de este año y marzo del 2017.


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