México hizo historia este lunes con el inicio de funciones por parte de los primeros jueces elegidos por voto popular en la historia de un país dañado por la impunidad, pero que también los deja expuestos a la influencia del partido político en el poder y del crimen organizado, según denuncian los críticos de este nuevo Poder Judicial.
México estrena Poder Judicial elegido por voto popular con la incógnita sobre su independencia
Tras las históricas y cuestionadas elecciones judiciales celebradas en junio, los jueces de la Suprema Corte y otras instancias asumieron sus cargos este lunes.
Video México, el primer país en hacer una elección popular del Poder Judicial: renovará 881 cargos
Jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores distritales y estatales completan los más de 2,000 cargos que asumieron funciones este lunes, tras los inéditos comicios celebrados el pasado 1 de junio.
Aquellas elecciones fueron cuestionadas tanto por la escasa participación, de apenas 13% del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos que se emplearon para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.
"Bienvenido el nuevo Poder Judicial, un hecho inédito y profundamente democrático", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su primer informe anual de gobierno, que coincidió con la instalación de los magistrados.
Añadió que con los nuevos jueces "se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia" para los mexicanos, frente a las críticas de quienes desconfían de que los magistrados puedan preservar su independencia respecto al partido gobernante.
"Tengan la seguridad de que es una corte distinta (...), aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo", dijo durante la ceremonia Hugo Aguilar, nuevo presidente del máximo tribunal y antiguo funcionario del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Aguilar, abogado de 52 años con décadas de experiencia en la defensa de derechos indígenas, fue el candidato más votado en las elecciones de junio, por lo que estará al frente de la nueva Suprema Corte conformada por nueve integrantes, seis de ellos cercanos al oficialismo.
Sus raíces de indígena mixteco fueron realzadas durante una ceremonia de "consagración" de bastones de mando que se entregan a cada uno de los jueces supremos, realizado en un sitio arqueológico prehispánico del sur de Ciudad de México.
Antes de asumir el cargo, Aguilar negó su cercanía con el partido gobernante Morena y dijo que llegó al máximo tribunal sin “compromisos con ningún organismo o partido” y que actuará con “entera libertad y autonomía”.
Los cuestionamientos sobre la histórica elección judicial en México
La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar otros puestos de la Suprema Corte y jueces locales en una decena de estados, es parte de una reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum.
Muchos votantes reconocieron sentirse abrumados por los 7,700 candidatos que se disputaban más de 2,600 cargos en juego.
Opositores y activistas insisten en que la reforma no busca resolver la impunidad —que en México supera el 90%— ni mejorar la impartición de justicia, sino "capturar políticamente al Poder Judicial", critica Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs, en declaraciones a AFP.
El activista, cuya organización monitoreó los comicios, opina que se trató de una "operación de Estado" que designó candidatos afines al gobierno en tribunales clave, y distribuyó masivamente volantes donde se orientaba el voto hacia aquellos aspirantes favorables al oficialismo.
En los estados, los procesos "fueron determinados por los gobernadores", explica Meza, lo que facilitó la selección y el triunfo de ciertos perfiles.
Candidatos “altamente riesgosos” elegidos por votación como nuevos jueces de México
Defensorxs detectó además a al menos 25 aspirantes "altamente riesgosos" debido a que contaban con antecedentes penales —por delitos que iban desde corrupción hasta trata de personas— o enfrentaban acusaciones de complicidad con grupos del crimen organizado.
Seis de estas personas resultaron finalmente elegidas, señala Meza.
Una de ellas fue Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, y que asumirá como jueza penal en el estado de Chihuahua, en el norte de México.
Delgado demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio Meza por haber informado sobre su vínculo con ‘El Chapo’.
El activista teme que la multiplicación de este tipo de jueces dé lugar a juzgados "capturados y que trabajan para el crimen organizado" o para políticos "involucrados" con estas mafias.
Defender su independencia del gobierno, uno de los mayores desafíos de la nueva Suprema Corte
La idea de las elecciones judiciales surgió del expresidente López Obrador, quien se enfrentó con frecuencia a los jueces que rechazaban sus reformas.
De hecho, el máximo tribunal fue en ocasiones un contrapeso al popular López Obrador, cuyo partido también tiene ahora la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
El exmandatario y su sucesora Sheinbaum defendieron el proceso electoral asegurando que los jueces que surgirían serían menos corruptos. Los críticos señalaron que la consulta corría el riesgo de politizar el Poder Judicial.
“Si la (Suprema) Corte quiere asegurar su independencia no debería fallar de manera partidista simplemente para respaldar la posición que tenga el gobierno... sino que debería basar sus posiciones en Derecho”, le dijo a la agencia AP Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, al reconocer que esa será la “primera prueba ácida” que deberán afrontar los jueces.
Ana Cárdenas, directora de proyectos jurídicos en México de World Justice Project — una organización internacional que promueve el Estado de Derecho en el mundo — manifestó sus dudas de que la nueva Corte pueda asegurar una justicia expedita debido a que algunos de sus miembros no tienen suficiente experiencia y tendrán que afrontar “una curva de aprendizaje bastante empinada”.
Tres de los nueve ministros vienen de la anterior Corte, mientras que el resto se estrenarán en sus cargos en el máximo tribunal, que recibirá una lista de casi 1,400 asuntos pendientes.
¿Qué asuntos deberá abordar la nueva Suprema Corte de México?
Uno de los temas que la corte anterior no quiso abordar durante sus últimos días de vigencia fue la prisión preventiva oficiosa —la encarcelación automática de personas en espera de juicio por delitos concretos, incluyendo algunos no violentos— que ha sido duramente criticada por organismos internacionales y que el gobierno mexicano alega que es necesaria para enfrentar la criminalidad.
Otro asunto relevante que deberá tratar la nueva Corte es la interrupción voluntaria del embarazo. Si bien el anterior tribunal dio pasos históricos en 2021 y 2023 sobre la despenalización del aborto en México, aún no está claro si esa línea se seguirá para invalidar los códigos penales de algunos estados que lo siguen considerando un delito.
La anterior Corte también dictó hace más de tres años una histórica sentencia para invalidar la exigencia de tener 18 años para solicitar una nueva acta de nacimiento que reconozca la identidad de género de niños y adolescentes transexuales.
Pero en algunos estados como Jalisco esa decisión no ha sido acatada, lo que ha suscitado reclamos y exhortaciones al máximo tribunal para que haga cumplir sus sentencias.
Entre otras tareas de la nueva Suprema Corte, también están pendientes de decisión las impugnaciones de la normativa sobre concesiones mineras y de agua que impulsó López Obrador en 2023.
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