Un señor de la guerra colombiano, cuya extradición a Estados Unidos se había retrasado durante varios meses tras haber sido designado negociador de paz por el gobierno anterior, fue trasladado en avión a California y puesto bajo custodia de agentes federales.
Colombia y Estados Unidos refuerzan su estrategia de seguridad conjunta con la extradición de un peligroso líder del narcotráfico
Geovany Andrés Rojas enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos. Durante años, ejerció como portavoz y líder de Comandos de la Frontera, un grupo rebelde conocido por traficar cocaína en Putumayo, un departamento colombiano fronterizo con Ecuador y Perú.
Video EEUU alerta sobre el uso de drones de grado militar por cárteles en México y Colombia
Geovany Andrés Rojas enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos. Durante años, ejerció como portavoz y líder de Comandos de la Frontera, un grupo rebelde conocido por traficar cocaína en Putumayo, un departamento colombiano fronterizo con Ecuador y Perú.
Rojas, conocido también con el alias de «La Araña», había sido protegido de la extradición por el expresidente colombiano Gustavo Petro, quien le había pedido participar en diálogos de paz con el gobierno.
Sin embargo, una nueva administración, encabezada por el presidente conservador Abelardo de la Espriella, levantó la suspensión de su extradición, marcando un giro en la estrategia de seguridad del país.
«La paz no se construye protegiendo a narcoterroristas como este bandido», declaró De la Espriella el viernes, tras supervisar personalmente el traslado de Rojas a Estados Unidos. «Pido a las autoridades estadounidenses… que no pueda negociar acuerdos que dejen impunes sus crímenes».
Durante su mandato, Gustavo Petro evitó la extradición de Rojas
Rojas fue capturado en Bogotá en febrero de 2025 y la Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó su extradición a EEUU en octubre. No obstante, Petro la suspendió con el argumento de que necesitaba a Rojas en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y varios grupos rebeldes, entre ellos Comandos de la Frontera.
De la Espriella, elegido en junio, suspendió los diálogos con los grupos alzados en armas y ha adoptado una política de mano dura contra la delincuencia. Recientemente, esto incluyó la militarización de una ciudad del norte de Colombia donde una banda de narcotraficantes intentó imponer un toque de queda de tres días. El líder conservador recibió el respaldo del presidente Donald Trump durante su campaña y ha asegurado que colaborará estrechamente con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
El gobierno de Colombia ha tenido dificultades para contener la violencia en las zonas rurales en los últimos años, donde bandas criminales y grupos rebeldes se disputan territorios abandonados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras el acuerdo de paz de 2016 con el Estado.
Más de 14,000 combatientes entregaron las armas como resultado del pacto que puso fin a cinco décadas de conflicto guerrillero. Sin embargo, el acuerdo también dejó un vacío de poder en regiones con escasa presencia estatal, propensas a economías ilícitas como el negocio de la cocaína. Varios grupos disidentes luchan actualmente por el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y las redes de extorsión en estas zonas.
Comandos de la Frontera surgió en 2017 y está liderado en parte por excombatientes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de 2016. La organización forjó una alianza con la Segunda Marquetalia, grupo fundado en 2019 por el excomandante de las FARC Luciano Marín. Dicha alianza se disolvió hace dos años, lo que llevó a Comandos de la Frontera a entablar negociaciones independientes con el gobierno colombiano.