LOS ÁNGELES, California.- Varios legisladores en California han impulsado una propuesta para reformar el sistema de fianzas estatal por que consideran que penaliza a las personas de bajos recursos, que muchas veces tienen que recurrir a préstamos de empresas privadas para financiar su puesta en libertad mientras esperan juicio.
Buscan reformar el sistema de fianzas de California por considerarlo injusto con los que menos tienen
Un asambleísta ha presentado un proyecto para reformar el funcionamiento de las fianzas en este estado por entender que penaliza más a las personas de bajos recursos.


Las fianzas se establecen según la gravedad del supuesto delito, así como la ciudad y el condado donde se procesa el caso. Por esto, una persona que incluso al final es hallada no culpable por un delito menor pasa hasta un mes en un penal solo por su incapacidad de cubrir dicha cantidad, según un informe de Justice Policy Institute.
“El sistema de fianzas de California castiga a los pobres simplemente por ser pobres”, dijo en un comunicado de prensa el asambleísta Rob Bonta, uno de los autores del proyecto de ley, que se presentó el lunes 5 de diciembre, día que comenzó la sesión legislativa del ciclo 2017-18.
Una iniciativa similar será presentada por el senador Bob Hertzberg, con la idea de crear una coalición para elaborar dicho cambio. Ambos políticos indicaron que cuentan con el respaldo de organizaciones y legisladores, entre estos el vicegobernador Gavin Newson y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Según Bonta y Hertzberg, será una de las más grandes batallas legislativas del año.
En California, la fianza promedio es de 50,000 dólares y para ser liberados los infractores deben pagar esa tarifa por adelantado o cubrir el 10% del total para que una compañía de fianzas adelante el dinero.
Bonta se queja de que esas empresas no reembolsan la fianza, incluso si la persona acudió a todas las comparecencias o si los cargos fueron retirados. Un reporte del estado de California concluye que 46,000 presos en cárceles de los condados (63% del total) no recibieron una sentencia.
Un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara (SCU) encontró que las personas acusadas por delitos menores pasaron –en promedio- más de 30 días en la cárcel antes de que fueran juzgados, incluso declarados no culpables. En promedio, indica el análisis, se pagan 1,500 dólares a las empresas de fianzas.
“California se basa en la detención preventiva en un grado más severo que en la mayoría de los estados, este es claramente un uso equivocado de los recursos públicos”, dijo el asambleísta Bonta. “Necesitamos reformas basadas en evidencias que evalúen con precisión el riesgo que alguien representa al público", agregó.
No es la primera vez que el 'Estado Dorado' intenta modificar su sistema de fianzas, pero ha fallado por una fuerte oposición de las empresas privadas de finanzas a las que recurren quienes carecen de efectivo para abonar la cantidad exigida por el juez a cambio de su libertad provisional.
La Asociación de Agentes de Fianzas de California indicó que los cambios "intentan liberar a criminales sin que estos rindan cuentas" y subraya los recientes aumentos a robos a la propiedad y delitos violentos. Según el grupo, la reforma trata de "desmantelar un sistema que funciona".
Se estima que el costo por encarcelar a una persona que no ha sido sentenciada es de unos 100 dólares por día, equivalente a 4.5 millones de dólares al año.
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