Van Hollen: "El Salvador retiene a Kilmar Abrego en Cecot a cambio de pago del gobierno de Trump"

Según el senador Van Hollen, el gobierno salvadoreño se niega a permitir una reunión con Kilmar Abrego García y no tiene intención de liberarlo, basando su decisión en parte por que "la administración Trump les paga".

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SAN SALVADOR, El Salvador.- El senador Chris Van Hollen se reunió con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, para hablar sobre Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado al país centroamericano.

Durante la reunión, Ulloa reiteró que el gobierno encabezado por Nayib Bukele no puede ordenar el regreso de Abrego García, de igual manera le negó visitar el Cecot para platicar con el padre de Maryland y decirle que lucharían por su regreso a casa.

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“El gobierno salvadoreño sigue encarcelando a un hombre sin evidencia de que haya cometido delito alguno, ni Estados Unidos ha entregado pruebas en su contra. Deberían simplemente dejarlo en libertad”, dijo Van Hollen en una entrevista con medios.

La visita de Van Hollen a El Salvador, criticada por la administración Trump, buscaba verificar el estado de Kilmar Abrego y negociar su regreso a Estados Unidos con altos funcionarios salvadoreños.

El senador Van Hollen afirmó que la deportación de Abrego García fue ilegal y que el caso no ha terminado. “Fue secuestrado ilegalmente de Estados Unidos y no cometió ningún delito. Seguiré presionando dentro y fuera del Senado para que se haga justicia”, concluyó.

Nuevas acusaciones

Mientras Van Hollen realizaba la entrevista y otros demócratas se manifestaban diciendo que emprenderán otro viaje a El Salvador para lograr el regreso de Kilmar García, el Departamento de Seguridad Nacional presentó una nueva prueba contra el hombre.

De acuerdo con un documento judicial compartido en las redes sociales del Departamento de Justicia, la esposa de García solicitó una orden de restricción por violencia doméstica contra él, alegando que él la golpeó, arañó y le arrancó la camisa, entre otros daños.

En la publicación, se dijo que “Tiene antecedentes de violencia y no era el honesto ‘hombre de Maryland’ que los medios de comunicación retratan. Este miembro de la pandilla MS-13 no es una figura simpática”.

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Cabe recordar que la acusación contra Kilmer Abrego de pertenecer a la Mara Salvatrucha data del 2019, pero no se comprobado que perteneciera a dicha peligrosa pandilla catalogada como organización terrorista extranjera por el presidente Donald Trump.

De hecho, como resultado de la investigación en su caso de inmigración, se le concedió protección contra la deportación, al determinarse que su vida estaría en riesgo si volvía a su país, de donde escapó debido a amenazas de muerte de las pandillas.

Tensiones políticas

Demócratas del Congreso han convertido el caso en un ejemplo del desprecio de Trump hacia el sistema judicial estadounidense. El representante Robert García, demócrata de California, lo calificó como una “crisis constitucional”.

“No se trata sólo de política migratoria. Es un desafío directo a la Constitución y a la Corte Suprema”, dijo García, quien junto al representante Maxwell Frost (Florida) solicitó al Comité de Supervisión del Congreso que autorice una delegación para viajar a El Salvador a investigar el caso.

García advirtió que, incluso sin aprobación formal, algunos miembros del Congreso planean viajar para presionar por la liberación del detenido y trabajar con su familia y el gobierno salvadoreño.

Respuesta republicana

Funcionarios republicanos han defendido la decisión de la deportación y criticado la visita del senador Van Hollen. Tom Homan, exfuncionario de inmigración durante el gobierno de Trump, calificó la visita como un “insulto” y dijo que “Abrego García fue devuelto a su país, donde pertenece”.

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El representante Riley Moore, republicano por West Virginia, también visitó la prisión donde está detenido Abrego García, aunque evitó mencionarlo directamente. En redes sociales, Moore elogió el centro penitenciario por albergar a “los criminales más brutales del país”.

Preocupaciones por derechos humanos

Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones las condiciones de la prisión salvadoreña, donde acusan al gobierno de Bukele de aplicar tortura y malos tratos sistemáticos. No obstante, las autoridades penitenciarias niegan las acusaciones.

Desde marzo , El Salvador ha recibido a más de 200 inmigrantes deportados de Estados Unidos —principalmente venezolanos— acusados por Washington de vínculos con pandillas, aunque en muchos casos no se ha presentado evidencia pública.

Con información de AP y Univision Washington DC

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