Cada vez menos inmigrantes enfrentan procesos de deportación por presunta actividad delictiva

Un nuevo informe revela que cada vez menos inmigrantes enfrentan procesos de deportación basados en presunta actividad delictiva, contrario a lo que afirma el gobierno que su política migratoria de deportaciones tiene como blanco la ubicación, captura y procesamiento de criminales peligrosos.

El estudio, elaborado por investigadores del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, revela que “solo el 2%” de las presentaciones (de casos)" ante los Tribunales de Inmigración “se basaron en presunta actividad delictiva en febrero de 2026”.

El 98% restante de los casos enviados bajo Notificaciones de Comparecencia (NTA) “implicó presuntas violaciones de las normas de inmigración”, precisa. Entre esas faltas se incluye la entrada al país sin inspección o la permanencia más allá del vencimiento de una visa, argumentos que sirvieron para justificar la solicitud a un juez de inmigración de emitir una orden de deportación de Estados Unidos.

Los investigadores señalaron además que, en febrero de 2026 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó documentos de acusación contra sólo 741 personas, sobre quienes alega “presunta actividad delictiva”. Esto representó el 2% de las NTA que el DHS presentó ese mes ante la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración).

A su vez, el reporte detalla que las cifras actuales “también son inferiores a las registradas un año antes, cuando Trump regresó al cargo para un segundo mandato. En febrero de 2025, el DHS presentó notificaciones (NTA) “contra 821 personas basándose en alegaciones de actividad delictiva, en comparación con las 741 del 2026”.

Los casos representan el 4% de los casos presentados hace un año, en lugar del 2% por ciento equivalentes a este año.

La postura del gobierno

A finales de marzo el zar fronterizo, Tom Homan, dijo al programa ‘Esta Semana’ de N+ Univision conducido por los periodistas Ilia Calderón y Enrique Acevedo, aseguró que en el 2026 “vamos a seguir arrestando a quienes deben ser arrestados” y que ahora los agentes tienen “que ir a las calles y a los barrios. Y cuando los encontremos, muchas veces estarán con otros, vamos a arrestarlos y a cumplir la ley (de inmigración) también”.

Consultado respecto a informes independientes publicados entre otros por el Instituto CATO, relacionados con los antecedentes de personas privadas de libertad en cárceles de ICE, donde el 73% de los inmigrantes presos no tienen antecedentes criminales, Homan respondió que “esas cifras están mal y están hechas mal. Y es que no entienden (los centros que elaboraron los informes) el término delincuente igual que para nosotros. El termino delincuente es por cualquier delito, o ya declarado culpable o cargos penales pendientes”, apunto.

En enero, Homan dijo al programa ‘Línea de Fuego’, conducido por el periodista Luis Carlos Vélez, que la meta en 2026 era la deportación de 1 millón de indocumentados y un aumentar la capacidad de detención en las cárceles de ICE, dos de las principales promesas de campaña de Trump.

El TRAC también dijo que las cifras de febrero de 2026 “también fueron inferiores al pico alcanzado durante la administración Biden”, donde se presentaron 883 NTA basados en presunta actividad delictiva en febrero de 2023, y 794 en febrero de 2024.

Qué dicen los abogados

La definición de ‘criminal’ defendida por Homan es rebatida por abogados consultados por la redacción de N+ Univision. “Una persona que se encuentra indocumentada en el país no necesariamente se trata de un criminal”, sindica Haim Vásquez, un abogado de inmigración que ejerce en Houston, Texas. “En ciertas ocasiones la Ley de Inmigración (INA) contiene salvedades, pero estando en el país, generalmente, se trata de una falta de carácter civil-administrativa”.

Vásquez dijo además que “infringir una ley no necesariamente determina una criminalidad” y por ende “no necesariamente determina que una persona sea un criminal”.

A la pregunta si el gobierno puede afirmar que una persona con cargos pendientes es un criminal, como sostiene el zar de la frontera, Homan dijo que “si solo tiene cargos, el hecho que este gobierno esté identificando a personas que tienen arrestos criminales sin consecuencias como criminales, hay inconstitucionalidad en el proceso de llevar casos” para que sean procesados.

“Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, precisó, citando el principio de presunción de inocencia en el que descansa el sistema judicial estadounidense.

Otros datos del informe

El reporte del TRAC precisa que, en años anteriores, “también fue mucho mayor el número de extranjeros que enfrentaron procedimientos de expulsión ante la EOIR por presuntos motivos delictivos”.

Los investigadores indicaron que el TRAC “ha monitoreado la presentación de NTA durante el último cuarto de siglo, y los datos revelan una disminución drástica, tanto en el número como en la proporción de nuevos casos ante los tribunales de inmigración que citan motivos relacionados con delitos como base para solicitar la expulsión”.

En el 2001, las NTA presentados cada mes alegando actividad delictiva como fundamento para la solicitud de expulsión llegaron a alcanzar las 3,000 unidades y representaron hasta el 20% de todas los NTA presentadas durante ese mes.

“Este periodo abarcó el último año de la administración del presidente Clinton y los primeros meses de la administración del presidente George W. Bush. Clinton dejó la Casa Blanca el 20 de enero de 2001.

Posteriormente, a pesar de una considerable variación mensual, el número de NTA presentadas para solicitar la expulsión por motivos penales aumentó, “alcanzando un máximo de más de 4,000 en marzo de 2010, durante la administración Obama (2009-2017)”.

Tras ese incremento, tanto el número como la proporción de NTA presentadas contra extranjeros con presuntos antecedentes penales han disminuido. “Este descenso se mantuvo a lo largo de los años de la primera administración Trump”, pero la tendencia de revierte en este segundo mandato.

Para Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, los casos notificados como criminales en el juicio que se celebra el tribunal “no lo decreta como un crimen, pero están en proceso para ser deportados”.

“Cuando están en proceso, no enfrentan una criminalidad en la corte”, insistió. “El gobierno usa la comisión de un delito para tener un punto que justifique la emisión de la NTA”.

A la pregunta si se trata de una argucia para forzar una comparecencia y/o una detención, Hernández dijo que “se trata de un abuso a la habilidad a la INA porque una persona que no ha sido declarada culpable por la descripción del presidente (Trump), no es un criminal”.

Trump reitera que su campaña de deportaciones masivas está enfocada en “lo peor de lo peor”, extranjeros criminales que representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.