La resolución que obliga al Instituto Tesla, una preparatoria privada de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, México, a pagar 21 millones de pesos (aproximadamente 1,211,981 de dólares) a un exestudiante expulsado, ha encendido la discusión sobre los límites de los protocolos escolares y la protección de las víctimas de violencia dentro de las aulas.
Perdió una beca en EEUU tras ser expulsado de una escuela en México; ahora recibirá una indemnización millonaria
El caso enfrenta dos versiones opuestas: la de un joven que denunció afectaciones a su proyecto de vida y la de un plantel que sostiene haber actuado para proteger a su comunidad estudiantil
Mientras el joven obtuvo una sentencia favorable por daño moral, la institución sostiene que el fallo podría generar consecuencias preocupantes para la seguridad de niñas, niños y adolescentes.
Las dos versiones de la historia
Durante una conferencia de prensa realizada el 1 de junio de 2026, la directora del Instituto Tesla, Verónica Suchil, afirmó que la decisión judicial envía un mensaje que podría desalentar las acciones preventivas de los centros educativos ante denuncias de acoso o violencia.
“No se trata solamente de nuestra escuela, sino de la seguridad de todos los estudiantes”, expresó.
La sentencia fue emitida por el Juzgado Octavo Civil, que dio la razón al demandante identificado como Sergio N o S.S.M., quien argumentó que su expulsión en 2022 afectó de manera irreversible su desarrollo académico y profesional.
¿Qué fue lo que pasó?
De acuerdo con la resolución, el joven había sido aceptado en la Universidad Minerva, en San Francisco, California, con un paquete de apoyo financiero que incluía beca y otros beneficios. Sin embargo, días después de ser separado del plantel, la institución universitaria canceló su admisión tras recibir información relacionada con su expulsión.
El demandante sostuvo además que no tuvo oportunidad de defenderse antes de la decisión del Consejo Técnico y que la escuela retrasó la entrega de documentación académica necesaria para continuar sus estudios.
La expulsión que hoy divide opiniones
Por su parte, el Instituto Tesla aseguró ante el tribunal mexicano que la medida respondió a múltiples reportes de alumnas que señalaron presuntas conductas de acoso, hostigamiento y agresiones de carácter sexual. La escuela afirmó que actuó conforme a su reglamento interno y siguiendo protocolos de protección para posibles víctimas.
Asimismo, la institución negó haber informado a la universidad estadounidense sobre la comisión de delitos, señalando que únicamente notificó la expulsión del estudiante. El caso se ha convertido en un precedente que abre el debate sobre la responsabilidad de las escuelas frente a denuncias de violencia y los derechos de los estudiantes involucrados.








