“Mi esposo fue deportado porque contraté un abogado falso”: denuncian estafa con firma de juez y $9,000 perdidos

Baltimore, MARYLAND.- Cuando Judith de León recibió la noticia de que su esposo estaba detenido por autoridades migratorias, buscó ayuda inmediata. Como miles de familias que enfrentan un arresto por ICE, pensó que contratar representación legal era el primer paso para intentar frenar una deportación.

Encontró en internet a quienes se presentaban como abogados de inmigración. Les creyó. Les pagó. Y semanas después, su esposo fue deportado sin haber contado, según denuncia, con una defensa real.

“Mi esposo fue deportado porque me encontré con un abogado falso”, relató Judith, todavía sorprendida por lo ocurrido. Dice que la urgencia del caso, el miedo y la presión del tiempo la llevaron a confiar en personas que le aseguraban estar trabajando en el proceso migratorio de su esposo desde la distancia.

Según su testimonio, la estafa no solo terminó con la deportación de Darwin Padilla, sino también con una deuda económica que ahora intenta recuperar. “Me estafaron casi 9,000 dólares, que todavía estoy peleando para que el banco me los devuelva porque no sé si me lo van a devolver. Dinero que no lo tenía, todo que cogerlo prestado”, dijo.

Judith explica que los pagos fueron enviados en varias transferencias. Nunca conoció personalmente a quienes contrató, pero asegura que durante semanas le hicieron creer que el caso avanzaba. Le enviaban documentos, supuestas actualizaciones y promesas de gestión legal. Todo cambió cuando su esposo fue removido de Estados Unidos.

"Falsificaron papeles y la firma de un juez"

“Falsificaron todos los papeles, falsificaron la firma de un juez”, denunció. Conserva comprobantes de pago y documentos que ahora forman parte de la denuncia presentada ante autoridades locales. Fue en ese momento, dice, cuando entendió que no había habido representación legal real.

La historia no termina en Baltimore. Al otro lado del teléfono, desde República Dominicana, Darwin Padilla habló después de haber llegado deportado el miércoles 15 de abril.

“Porque están jugando con el sentimiento de la persona”, dijo al referirse a quienes se aprovechan de familias en procesos migratorios.

“En verdad yo estoy aquí, me siento triste y vacío, y la falta de todo. Y solo porque mi esposa también está sola, ya ella trabajando sola y pagando ese dinero que tiene que pagar por culpa de personas que estafaron. Eso es algo que tal vez me tiene que yo no duermo ni nada aquí”.

La denuncia fue presentada ante la policía del condado donde reside la familia y, según explicaron, la investigación continúa activa. Hasta ahora no se ha informado públicamente sobre arrestos relacionados con el caso.

Casos de estafas en aumento

La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha advertido que las estafas de impostores —personas que se hacen pasar por abogados, agentes gubernamentales o representantes oficiales— estuvieron entre las categorías más reportadas en 2025, con pérdidas que superaron los 3,500 millones de dólares en Estados Unidos. Entre los grupos más vulnerables aparecen comunidades inmigrantes, especialmente cuando enfrentan detenciones, audiencias o trámites urgentes.

En Maryland, la Oficina del Fiscal General también ha emitido alertas recientes por el aumento de fraudes digitales vinculados con servicios legales falsos. Según esas advertencias, muchos de los contactos ya no comienzan por llamada telefónica, sino por redes sociales, mensajes directos o aplicaciones como WhatsApp.

El abogado de inmigración Haim Vásquez explicó que este tipo de engaños se repite tanto de manera presencial como remota. “Hemos visto casos de fianzas que no son reales o procesos migratorios ofreciendo beneficios que no existen. Si usted va a utilizar un abogado de migración es importante que verifique que sea licenciado, porque el fraude lo hemos visto de manera presencial o remota y si necesitan obtener una segunda opinión”.

Esa verificación es clave en estados como Maryland. Todo abogado con licencia debe aparecer en los registros oficiales del poder judicial estatal. También debe poder entregar su número de barra profesional, contrato escrito, dirección física y términos claros de representación. Si se trata de inmigración, puede estar licenciado en cualquier estado del país, pero esa licencia debe existir y poder confirmarse.

Señales de alerta y qué hacer

Hay señales frecuentes de alerta: exigir pagos inmediatos para “evitar una deportación”, prometer resultados garantizados, pedir dinero por Zelle o aplicaciones sin contrato, negarse a videollamadas, no dar oficina física o enviar documentos con sellos borrosos, errores ortográficos o firmas genéricas.

En procesos migratorios reales existen sistemas oficiales para confirmar si una audiencia existe o no. La Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR) mantiene plataformas y líneas automatizadas para verificar casos con el número de extranjero conocido como A-Number. ICE también cuenta con un localizador oficial de detenidos. Cuando ninguna de esas vías coincide con lo que promete un supuesto abogado, la alerta debe encenderse.

Otro punto que autoridades y abogados repiten es la confusión con la figura del “notario”. En varios países latinoamericanos un notario puede ser abogado con facultades amplias, pero en Estados Unidos no equivale a un abogado de inmigración y no puede representar a personas ante una corte migratoria. Esa confusión es una de las más explotadas por estafadores.

En Baltimore existen organizaciones reconocidas que prestan orientación legal en español o conectan con representación confiable, entre ellas CASA, Esperanza Center, Maryland Legal Aid, Catholic Charities y programas pro bono del estado. Muchas ofrecen consultas iniciales de bajo costo o gratuitas.

Para quienes ya fueron víctimas de fraude, los expertos recomiendan guardar chats, correos, recibos, capturas de pantalla, números telefónicos y comprobantes de transferencias. Luego, reportar de inmediato al banco o emisor del pago para intentar reversar cargos, presentar denuncia policial y reportar el caso ante la FTC y la División de Protección al Consumidor de Maryland.

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