La organización Amnistía Internacional publicó un demoledor informe documentando tratos crueles, inhumanos y degradantes en dos centros de detención de inmigrantes: Alligator Alcatraz y Krome, ambos en el condado Miami-Dade, en el sur de Florida.
Nuevo reporte muestra alarmantes maltratos a inmigrantes detenidos en Alligator Alcatraz y Krome
Amnistía Internacional documenta torturas, desapariciones y tratos crueles en dos centros de detención de inmigrantes en Florida: Alligator Alcatraz y Krome. La investigación concluye que el uso de aislamiento extremo, el uso de grilletes y una "caja" constituyen posibles torturas y violaciones a derechos humanos.

La investigación, titulada "Tortura y desapariciones forzadas en el Estado del Sol: Violaciones de derechos humanos en Alligator Alcatraz y Krome en Florida" detalla un sistema que, en ciertos casos, equivalen a tortura, en un contexto estatal cada vez más hostil hacia los inmigrantes.
Los hallazgos, reunidos durante una misión de investigación realizada en septiembre de 2025, apuntan a que las violaciones de derechos humanos ocurren en medio de un clima antiinmigrante que se ha intensificado bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, un republicano de línea dura antiinmigrante.
Su gobierno ha incrementado la detención de migrantes y ha impulsado el uso de la controversial instalación en medio de los Everglades, que consiste en un campamento levantado en un antiguo aeropuerto.
Alligator Alcatraz y los 'sombríos' contratos
Amnistía Internacional asegura que hay un "sistema deliberado construido para castigar, deshumanizar y ocultar el sufrimiento" de las personas detenidas. Según la organización, las condiciones de detención en ambas instalaciones incumplen las normas internacionales de derechos humanos.
El informe también revela que el Estado de Florida ha aumentado en más del 50% el número de personas en detención desde enero de 2005. Esta expansión de la 'maquinaria' de detención se financia con contratos sin licitación; entre junio y agosto de 2025, el estado emitió 34 contratos multimillonarios para Alligator Alcatraz.
Amy Fischer, Directora de Derechos de Refugiados y Migrantes con Amnistía Internacional USA, calificó esta priorización como "tan miope como espantosa", señalando la decisión de "priorizar el castigo, la deshumanización y la crueldad sobre el bienestar público". De hecho, el Gobierno de Florida ha recortado recursos de programas sociales esenciales y de gestión de emergencias, como salud, seguridad alimentaria y programas de vivienda, mientras asigna fondos para la construcción y operación de las instalaciones de detención.
Violaciones en Alligator Alcatraz: desapariciones y condiciones inhumanas
Alligator Alcatraz es la primera instalación de detención de inmigrantes que es propiedad y está operada por el estado de Florida, lo que significa que funciona sin la supervisión federal de ICE y sin los sistemas de rastreo básicos de estas agencias, esa situación la convierte en un centro de detención de características únicas que hacen que hacer seguimiento de los inmigrantes detenidos sea especialmente difícil.
La falta de mecanismos de registro para las personas detenidas allí facilita la detención en régimen de incomunicación, y Amnistía Internacional considera que esta situación constituye una desaparición forzada porque se niega a las familias el paradero de la persona y no se le permite contactar a su abogado.
Los detenidos en esta instalación se encuentran en condiciones que la organización considera inhumanas e insalubres. Se han reportado inodoros desbordados con materia fecal que se filtra hasta las áreas de descanso, acceso limitado a duchas, y una constante exposición a insectos sin medidas de protección.
Las personas están confinadas en grandes jaulas de metal bajo carpas, con las luces encendidas las 24 horas del día.
El reporte indica que hay una forma de tortura entre los tratos más extremos que los detenidos han soportado: la reclusión en "la caja", una estructura tipo jaula de 2x2 pies, utilizada como castigo. Los individuos son colocados en "la caja" a la intemperie, a veces durante horas sin apenas agua o protección contra el sol, con las manos y los pies sujetos, impidiéndoles sentarse o cambiar de posición.
Dado que esta práctica es utilizada por agentes estatales con fines punitivos, causando dolor y sufrimiento físico y mental severo, Amnistía Internacional concluye que el uso de 'la caja' constituye tortura.
La situación en Krome: hacinamiento, negligencia médica y violencia
El Krome North Service Processing Center, una instalación de ICE operada por una empresa privada con fines de lucro, también es objeto de graves denuncias. Los hallazgos confirmaron informes previos de hacinamiento extremo, confinamiento solitario prolongado y arbitrario, e instalaciones insalubres, incluyendo inodoros desbordados.
A pesar de contar con servicios médicos, las personas detenidas reportaron una negligencia médica grave, manifestada en la inconsistencia o negación total del acceso a la atención, poniendo a los individuos en riesgo de daño físico y mental.
Desde octubre de 2024, seis muertes han ocurrido en instalaciones de Florida, incluyendo cuatro en Krome. El informe también documenta violencia por parte de los guardias. Los detenidos han denunciado haber sido golpeados y abofeteados por guardias.
Trato general a los detenidos: grilletes y obstáculos legales
El trato a los detenidos en general incluye el uso rutinario y prolongado de grilletes. Las personas son encadenadas en todo momento que salen de sus celdas o jaulas. Durante los traslados, esta práctica es sistemática, prolongada y punitiva, sin basarse en evaluaciones de riesgo individualizadas. Amnistía Internacional concluye que el uso automático e indiscriminado de grilletes constituye un trato cruel, inhumano o degradante y, en algunos casos, puede equivaler a tortura.
Los detenidos enfrentan serias barreras para acceder a asesoría legal. En Alligator Alcatraz, los detenidos no tienen acceso a comunicación confidencial con sus abogados, ya que las llamadas son monitoreadas y grabadas.
Este obstáculo sistémico en el acceso a la justicia y la falta de información legal sobre su detención ha llevado a la coerción.
Muchos migrantes y solicitantes de asilo se ven presionados a firmar formas de "salida voluntaria" o "auto-deportación", aceptando ser removidos del país porque las condiciones de detención son tan pobres que prefieren abandonar sus procesos legales antes que seguir sufriendo en las instalaciones.






