El anuncio de la administración de Donald Trump de avanzar con la cancelación del Estatus de Protección Temporal ( TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos haitianos abrió la posibilidad de que cientos de miles de personas queden expuestas a procesos de deportación en Estados Unidos, en un momento en que Haití enfrenta una de las crisis más profundas de su historia reciente.
La encrucijada de más de 300,000 haitianos amenazados con perder el TPS y tener que volver a un país en llamas
El fin de una protección migratoria abre una nueva incertidumbre para una comunidad marcada por años de violencia, desastres naturales, colapso político y una emergencia humanitaria que mantiene a millones de haitianos al borde de la supervivencia.
En N+ Univision te presentamos una radiografía de la crisis detrás del posible operativo de deportación de inmigrantes haitianos tras el fin del TPS, y de los factores que han impulsado durante años el éxodo desde Haití hacia Estados Unidos.
Reportes sobre un posible operativo a gran escala del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE) apuntan a la posibilidad de detener y deportar a unos 300,000 inmigrantes haitianos que perderían las protecciones legales obtenidas bajo este programa.
La situación tomó fuerza después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitiera a la administración Trump avanzar con la revocación del TPS para ciudadanos de Haití, una decisión que generó incertidumbre entre miles de personas que dependen de este mecanismo para permanecer legalmente en territorio estadounidense.
El TPS es una protección migratoria otorgada por el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ( DHS, por sus siglas en inglés) a personas nacidas en el extranjero que cumplen ciertos requisitos y que no pueden regresar de manera segura a sus países de origen debido a condiciones que impiden que esos países puedan gestionar adecuadamente su retorno.
Hasta el 31 de marzo de 2025, Estados Unidos había concedido protección mediante el TPS a aproximadamente 1,297,635 personas. De ese total, 330,735 son ciudadanos haitianos, de acuerdo con el Foro Nacional de Inmigración, organización estadounidense sin fines de lucro enfocada en soluciones migratorias.
Sin embargo, detrás de esas cifras existe una realidad mucho más amplia: una población que durante años ha salido de Haití debido a una combinación de violencia armada, inestabilidad política, pobreza extrema, desastres naturales y una crisis humanitaria que continúa agravándose.
Según datos oficiales de la Oficina del Censo de Estados Unidos, publicados en abril de 2026 dentro del documento “Lugar de nacimiento de la población nacida en el extranjero en los Estados Unidos”, hasta 2024 había 858,650 personas residentes en Estados Unidos nacidas en Haití.
El discurso migratorio de Trump y la comunidad haitiana en el centro de la controversia
La decisión sobre el TPS ocurre en medio de una política migratoria impulsada por el mandatario Donald Trump basada en el endurecimiento del control fronterizo y el aumento de deportaciones.
El presidente estadounidense ha sostenido que muchos haitianos llegaron al país mediante programas temporales como el TPS o cruzaron la frontera de manera irregular, y ha utilizado situaciones específicas en comunidades locales para reforzar su argumento de que la migración representa una presión sobre ciudades estadounidenses.
Uno de los episodios más polémicos ocurrió durante un debate presidencial en 2024, cuando Donald Trump afirmó que en Springfield, Ohio, “la gente que llegó” de otros países, refiriéndose a los haitianos, se estaba “comiendo a los perros y a los gatos”.
La declaración surgió a partir de un rumor difundido en un grupo local de Facebook. Una vecina publicó una historia falsa en la que afirmaba, citando a “terceras personas”, que el gato de la amiga de su hija había sido sacrificado por haitianos. Posteriormente, la autora de la publicación reconoció que se trataba únicamente de un rumor sin fundamento y ofreció disculpas.
Otro caso utilizado por Trump y su equipo político ocurrió en 2023, cuando un conductor haitiano que manejaba sin una licencia válida en Estados Unidos chocó contra un autobús escolar en Ohio, provocando la muerte de un niño de 11 años.
Trump utilizó ese accidente para argumentar que el aumento de la migración haitiana generaba riesgos para las comunidades estadounidenses. Sin embargo, el padre del menor fallecido pidió públicamente a los políticos que dejaran de utilizar la muerte de su hijo con fines electorales.
El mandatario también ha señalado los problemas de infraestructura que enfrentan algunas ciudades estadounidenses como consecuencia del aumento de la demanda en servicios públicos como clínicas de salud, escuelas y vivienda. Aunque la mayoría de los haitianos llegaron bajo programas legales como el TPS, Trump ha utilizado estas presiones locales como argumento para cuestionar el sistema migratorio vigente.
Estados Unidos, México y República Dominicana: los principales destinos de refugio para los haitianos
La salida de haitianos hacia otros países responde a una crisis que comenzó mucho antes del actual debate migratorio en Estados Unidos.
De acuerdo con datos oficiales de la Plataforma de Análisis y Mapeo de los Derechos ( RiMAP), una herramienta digital del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR), Estados Unidos, México y países de América del Sur y Centroamérica, incluida República Dominicana, se encuentran entre los principales destinos de asilo para ciudadanos haitianos.
La crisis de desplazamiento dentro de Haití también se ha profundizado. A mediados de 2024, la violencia de las bandas armadas y la inestabilidad política provocaron un aumento considerable de personas obligadas a abandonar sus hogares dentro del propio país.
Muchas de estas personas sobreviven alojadas en comunidades locales o en refugios improvisados instalados en escuelas e instalaciones deportivas, donde el acceso a servicios básicos es limitado.
Un éxodo construido durante décadas: violencia, pobreza y desastres que empujaron a Haití al colapso
Según RiMAP, la migración haitiana responde a una combinación de factores: el crecimiento de la violencia de las bandas criminales, el colapso del orden público, crisis políticas, deterioro económico y desastres naturales.
La Organización de las Naciones Unidas ( ONU) determinó que Haití inició 2026 enfrentando una de las crisis más complejas de su historia, aunque el éxodo actual no nació de un solo acontecimiento, sino de décadas de problemas acumulados.
El país ha enfrentado históricamente pobreza extrema, inestabilidad política, limitaciones económicas y constantes emergencias naturales, de acuerdo con Concern Worldwide US.
El 1 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7.0 sacudió Puerto Príncipe. El desastre, considerado sin precedentes por su impacto en un entorno urbano, provocó una devastación masiva.
Después del terremoto, donantes internacionales prometieron 5,300 millones de dólares para la reconstrucción de Haití, pero muchos compromisos no se cumplieron. Los problemas en la distribución de esos recursos, que no llegaron a los destinos previstos, alimentaron el descontento de la población frente al gobierno y la falta de avances en la recuperación.
A esa crisis se sumó un brote de cólera considerado por muchos como el peor de la historia reciente del país. Después de años de duración, dejó 820,000 casos registrados y aproximadamente 10,000 personas fallecidas.
Tras un ciclo electoral marcado por violencia, Michel Martelly asumió la presidencia y posteriormente designó a Jovenel Moïse como candidato de su partido. Moïse ganó las elecciones de 2015 y 2016 y asumió el cargo en 2017.
El deterioro institucional y el fortalecimiento de las pandillas comenzaron a profundizarse en 2018.
Ese año, Venezuela suspendió sus exportaciones de petróleo hacia Haití, provocando una crisis de combustible. Durante el verano de 2018, el gobierno haitiano eliminó subsidios al combustible, generando aumentos de precios de hasta 50%.
Las protestas comenzaron y continuaron durante 2019, con enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías, algunos de ellos mortales. Ese mismo verano, Haití entró en un confinamiento que duró dos meses y medio y que dificultó el acceso de organizaciones humanitarias a comunidades vulnerables.
En julio de 2021, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia. Su reemplazo fue Ariel Henry.
Cinco semanas después, otro terremoto de magnitud 7.2 golpeó la zona cercana a la comuna occidental de Les Cayes, convirtiéndose en el mayor desastre natural del país desde el terremoto de 2010.
Tras el asesinato de Moïse, la violencia de las pandillas aumentó y durante 2022 se registraron importantes enfrentamientos, incluso en Puerto Príncipe.
Haití, convertido en una emergencia humanitaria permanente
La crisis alcanzó niveles críticos durante 2023; según Concern Worldwide US, ese año se registraron 2,490 secuestros y 4,789 homicidios. En septiembre, informes confirmaron que el 80% de Puerto Príncipe estaba bajo control de pandillas.
Ante esta situación, Kenia aceptó liderar una misión multinacional de seguridad aprobada por la ONU denominada Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad ( MSSN).
El presidente Ariel Henry renunció el 11 de marzo de 2024. En abril se propuso un gobierno de transición de dos años, pero su líder fue destituido en noviembre.
La violencia se intensificó durante las últimas semanas de 2024, convirtiendo ese año en uno de los periodos más mortíferos de la historia moderna de Haití, según la ONU.
La Organización Internacional para las Migraciones ( OIM) estimó que durante ese año hubo más de 5,300 víctimas mortales y más de 700,000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares.
Para enero de 2025, poco más de 500 efectivos de la MSSN habían sido desplegados, mientras millones de haitianos continuaban esperando una salida a la crisis.
La violencia armada siguió aumentando durante los últimos tres meses de 2025 y continúa siendo el principal factor que define la vida cotidiana del país.
Las bandas utilizan armamento pesado, violencia sexual y secuestros para obtener rescates e imponer control territorial. Las operaciones policiales, en ocasiones respaldadas por la Fuerza de Represión de Bandas Criminales apoyada por el Consejo de Seguridad de la ONU, han logrado recuperar algunas zonas y abrir rutas estratégicas, pero los asesinatos y ataques contra civiles continúan.
El 27 de julio de 2026, el Consejo Electoral Provisional ( CEP) de Haití oficializó el aplazamiento de la primera vuelta de las elecciones generales y presidenciales al 13 de diciembre de 2026.
Las elecciones estaban previstas originalmente para el 30 de agosto, pero fueron retrasadas debido a la inseguridad provocada por las bandas armadas y la falta de financiamiento.
El objetivo del calendario electoral es permitir la elección de un presidente y un parlamento que puedan asumir a principios de 2027. Mientras tanto, la emergencia humanitaria sigue creciendo.
La inseguridad alimentaria afecta a 5.7 millones de personas, de las cuales cerca de dos millones enfrentan niveles de emergencia. El número de desplazados internos se duplicó en un año hasta alcanzar 1.4 millones de personas.
Los centros de salud funcionan con grandes limitaciones y el cólera continúa siendo una importante preocupación sanitaria.
Durante el ciclo escolar 2024-2025, 1,600 escuelas cerraron debido a la violencia y 1.5 millones de estudiantes quedaron sin acceso a educación.
Las mujeres y niñas son uno de los grupos más afectados. Las pandillas utilizan habitualmente la violencia sexual, incluida la violación colectiva, como herramienta de intimidación y control. La falta de denuncias por miedo y estigma limita el acceso a justicia y servicios de apoyo.
Según datos oficiales del Programa Mundial de Alimentos ( PMA) de la ONU a junio de 2026, más de 5.7 millones de haitianos, casi la mitad de la población del país, enfrentan hambre y requieren asistencia urgente. De ellos, al menos 8,400 personas se encuentran en niveles catastróficos de hambre.
El regreso forzado: Haití se prepara para recibir deportados mientras no existe un plan nacional de reintegración
La posible deportación de haitianos desde Estados Unidos plantea otra presión sobre un país que ya enfrenta una crisis multidimensional.
Según The Haitian Times, Jean Négot Bonheur Delva, director general de la Oficina Nacional de Migración ( ONM) de Haití, informó a periodistas locales en el Aeropuerto Internacional de Cap-Haïtien, después de recibir a 111 deportados, que comenzarían a operar dos vuelos semanales de retorno.
Delva explicó que la Embajada de Estados Unidos informó que habría vuelos semanales de deportación con aproximadamente 250 o más migrantes haitianos. A ese ritmo, Haití podría recibir cerca de 1,000 deportados cada mes provenientes de Estados Unidos.
Estas deportaciones aumentarían la presión sobre instituciones debilitadas en un país donde más del 85% de la capital estaría bajo control de pandillas, con desplazamiento masivo y una crisis humanitaria en deterioro.
Hasta ahora, el gobierno haitiano no ha anunciado un plan nacional para recibir o reintegrar a los migrantes que regresen.
El Ministerio para los Haitianos Residentes en el Extranjero ( MHAVE) informó que el TPS y la política migratoria no están dentro de sus competencias.
The Haitian Times también solicitó comentarios a la ministra de Relaciones Exteriores, Raina Forbin, pero no recibió respuesta.
El gobierno encabezado por la primera ministra Alix Didier Fils-Aimé tampoco ha anunciado una iniciativa diplomática pública para solicitar un aplazamiento o suspensión de las deportaciones, ni ha presentado programas específicos de vivienda, empleo o reintegración para quienes puedan ser enviados de vuelta.
La pérdida del TPS no solo representa una disputa migratoria en Estados Unidos. Para miles de haitianos significa enfrentar el regreso a un país donde la violencia, el hambre y la incertidumbre política siguen definiendo la vida cotidiana.









